Opinión

POR SIGRID KUNATH

Prevención de Abuso Sexual Infantil: avances y desafíos

Hoy conmemoramos nuevamente el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y como cada 19 de noviembre, surgen infinidad de interrogantes frente al horror por el que pasan las víctimas. Sus derechos vulnerados y las secuelas que esa vulneración deja son nuestra interpelación.

Lunes 19 de Noviembre de 2018 | 13:51

Atravesamos tiempos de complejidad donde se dan a conocer casos tremendos que conmueven a nuestras comunidades. Hoy ya hay fecha para el juicio oral en la causa en la que se investiga al sacerdote Marcelino Moya, acusado de haber abusado de menores en Villaguay. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en junio de 2018, desestimó el recurso extraordinario planteado por la defensa del cura Justo Ilarraz al considerar que no está dirigido contra una sentencia definitiva y así selló el planteo sobre la prescripción en esa causa, donde el religioso fue condenado a la pena de prisión efectiva por abuso y corrupción de menores contra niños de entre 10 y 14 años, mientras se desempeñaba como prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná.

Asimismo, Chile debate la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de menores, en particular en el Senado, tomando entre los fundamentos el antecedente de la Ley 27.206 de mi autoría.

Esta ley que nombramos como "De Respeto a los Tiempos de las Víctimas", será siempre la iniciativa más preciada que logró sanción definitiva durante mi mandato, por la visibilidad que significa para la víctima la re discusión sobre la prescripción, por la re discusión sobre la interpretación y aplicación de la misma, y por la esperanza -tal vez- algo reparadora, de contar con un escenario de posibilidades de denuncia para que la víctima pueda decidir cuándo hablar y denunciar.

Esta norma modificatoria del Código Penal aparece marcando un cambio de paradigma y perspectiva en cuanto al acceso a justicia para los y las denunciantes. Implica una nueva mirada que oxigena a las víctimas. Y eso es bueno, ya que demuestra que la sociedad también pone límites y tolera cada vez menos estos delitos y los intentos por invisibilizarlos.

La Ley 27.206, vigente en nuestro país desde 2015 modificó, entre otras cosas, el modo de computar el plazo de la prescripción de las acciones en los delitos contra la integridad sexual de menores, indicando que la misma estará suspendida hasta tanto la víctima pueda hacer la denuncia o ratificar la formulada por otras personas, garantizando así a las víctimas de estos delitos aberrantes que los hechos serán investigados independientemente del tiempo que transcurra entre la comisión del hecho y la formulación de la denuncia. No obstante, dada su reciente vigencia, hoy se encuentra en discusión jurisprudencial el alcance de su aplicación. Asimismo fue precedida, en particular en esta provincia, por algunos fallos ejemplares sobre la materia, con una mirada legal, oportuna y sensible sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Reseñada la ley, surgen algunos interrogantes: ¿cómo nos interpelan estos casos?; ¿cuál es la respuesta de las instituciones?; ¿es suficiente?; ¿por qué muchas veces  interpelamos a las víctimas?; ¿qué nos pasa como sociedad? Preguntas que se repiten, resurgen y nos sumergen nuevamente a pensar qué más podemos/debemos hacer. Y luego de revisar normas, dispositivos e instituciones, es ineludible hacerlo en otras instancias de interpelación como la prevención y aún más, buscando cuáles son las causas de estos delitos aberrantes.

Respecto a la prevención, debemos pensar en cómo preparamos a los niños, niñas y adolescentes para la vida y cómo les enseñamos a ejercer y a exigir el respeto de sus derechos. Difícil desafío además, porque entendemos que con prevención y formación en perspectiva de derechos, tampoco estaremos evitando la concreción de estos delitos, pero no por ello debemos dejar de hacerlo.

Debemos reflexionar acerca de cómo abordar la prevención sin desalentar, sobre qué derechos no tienen los adultos y sin embargo algunos  creen poder ejercer. Pensemos cómo podemos contribuir a concientizar en la prevención y qué rol tenemos todos y cada uno, pensemos cómo las sociedades deben prepararse y reinventarse para proteger a sus niños y niñas, pensemos cómo nos comunicamos, cómo se comunican las noticias sobre las violencias sobre los cuerpos de los niños y niñas, objetivizándose a veces, un cuerpo  violentado y asesinado.

Reconozco además que escribo y siento una tremenda contradicción al saber que muchos de estos interrogantes aún no han sido respondidos, pero también reconforta saber que hay organizaciones de la sociedad civil que visibilizan y acompañan, que contienen, que además ponen su esfuerzo y su dolorosa historia personal al servicio de la causa.

Como nos contaban Sebastián Quattromo y Silvia Piceda, a través de “Adultxs por los derechos de la infancia”, quienes van tratando de resolver muchos de esos interrogantes, como por ejemplo de qué manera podemos tener alertas sobre personas con antecedentes penales en delitos contra la integridad sexual, sin violar garantías y reflexionando sobre cómo las sociedades se preservan y cuidan a quienes las integran. O como los sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico, cuyos casos presentan la peculiaridad y el agravante de que debieron transitar por un proceso previo al judicial de supuesto esclarecimiento y búsqueda de justicia dentro de las instituciones donde fueron abusados.

Que han puesto y ponen el rostro y su testimonio, no sólo para conseguir la reparación de sus derechos, sino también para ayudar en esa tan necesaria tarea de prevención. O como relata Vinka Jackson en su “Agua fresca en los espejos”, un testimonio en primera persona con valentía y ejemplaridad acerca del abuso sexual, de las profundas heridas que deja en las víctimas y de las distintas formas de reparación. De ellos y ellas aprendemos todos los días.  Acá en Argentina, allá en Chile… y en tantos otros lugares lejanos y cercanos en el dolor.

Especial desafío y compromiso es determinar cómo nos organizamos institucionalmente para contestar esos interrogantes, cómo responder, donde nos encuentran las demandas. Y sobre todo cómo aprender de la lucha de los sobrevivientes para comenzar a imaginar esas respuestas y comenzar a construir una vida de ejercicio pleno de derechos y sin violencias para las infancias.


* LA AUTORA ES SENADORA NACIONAL POR EL BLOQUE JUSTICIALISTA
 
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