DIPUTADOS
El Ejecutivo impulsa un proyecto para reducir el gasto público
La administración de Gustavo Bordet envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley del Ejecutivo tendiente a reducir el gasto público provincial y en municipios, adhiriendo al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. ¿De qué se trata?
21.03.2017 | 08:27
El Poder Ejecutivo provincial giró para su tratamiento en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, un proyecto por el cual aspira a que se adhiera a lo dispuesto en el Capítulo IX Del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establecido en Ley Nº 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017, que establece un recorte en el gasto público y endeudamiento.
Además, en el articulado se invita a los municipios entrerrianos a que adhieran a las disposiciones de la norma una vez sancionada. Mientras algunos legisladores manifestaron que se están poniendo al tanto de la iniciativa, otros anticiparon que se trataría de un proyecto destinado a controlar el crecimiento del gasto corriente primario, la reducción del resultado primario deficitario y la regulación del endeudamiento para financiamiento del déficit.
En los fundamentos se indica que hacia fines del año 2004, por Ley Nº 9.592, la Provincia de Entre Ríos adhirió al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal instituido por Ley Nacional Nº 25.917, el cual estableció “reglas generales de comportamiento fiscal a fin de dotar a la gestión pública de una mayor transparencia y mejorar la eficiencia del gasto público”. Tal régimen planteó una “conducta fiscal basada en tres preceptos básicos”: por un lado, “limitar el crecimiento del gasto: estableciendo en este sentido que el incremento del gasto público no puede crecer por encima del incremento nominal del PBI”.
Otro de los puntos hacía referencia al “equilibrio presupuestario y financiero”, lo que implicó que “el Gobierno deberá cerrar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero en sus cuentas”. El tercer punto refería al “endeudamiento sostenible”, por el que se estableció que “los servicios anuales de la deuda no superarán el 15 por ciento de los Recursos Corrientes Netos de Coparticipación a Municipios”.
Bajo el apartado “Cambios en el Contexto Económico”, se explica que “iniciado el año 2008 se desencadena la crisis financiera internacional que afectó a la economía mundial en su conjunto, alterando o desvirtuando todas las variables económicas, con un fuerte proceso de desaceleración; y atentando directamente contra la salud fiscal de los distintos estados, tanto provinciales como nacionales, dificultando el cumplimiento de todas las previsiones oportunamente consideradas, provocando en la mayoría de las jurisdicciones desequilibrios financieros y por ende, una situación de déficit, que, una correcta conducta administrativa no puede evitar”.
Con el título “Consecuencias de la crisis”, en el proyecto se afirma que tal situación generó “la necesidad de implementar modificaciones transitorias a fin de adecuar el régimen fiscal instituido por la Ley Nº 25.917 al escenario económico que se define durante este proceso de crisis, pero preservando siempre el orden y la transparencia que dicha norma persigue como principal objetivo”.
En la cronología se hace referencia a la Ley Nº 26.530, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº 9.949, y cuyos alcances se encontraban exclusivamente limitados a los ejercicios 2009 y 2010 por resultar los períodos más castigados por el impacto de este fenómeno económico. Los alcances de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la Ley Nº 26.530 se fueron prorrogando hasta el ejercicio 2016 inclusive.
Además, en el articulado se invita a los municipios entrerrianos a que adhieran a las disposiciones de la norma una vez sancionada. Mientras algunos legisladores manifestaron que se están poniendo al tanto de la iniciativa, otros anticiparon que se trataría de un proyecto destinado a controlar el crecimiento del gasto corriente primario, la reducción del resultado primario deficitario y la regulación del endeudamiento para financiamiento del déficit.
En los fundamentos se indica que hacia fines del año 2004, por Ley Nº 9.592, la Provincia de Entre Ríos adhirió al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal instituido por Ley Nacional Nº 25.917, el cual estableció “reglas generales de comportamiento fiscal a fin de dotar a la gestión pública de una mayor transparencia y mejorar la eficiencia del gasto público”. Tal régimen planteó una “conducta fiscal basada en tres preceptos básicos”: por un lado, “limitar el crecimiento del gasto: estableciendo en este sentido que el incremento del gasto público no puede crecer por encima del incremento nominal del PBI”.
Otro de los puntos hacía referencia al “equilibrio presupuestario y financiero”, lo que implicó que “el Gobierno deberá cerrar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero en sus cuentas”. El tercer punto refería al “endeudamiento sostenible”, por el que se estableció que “los servicios anuales de la deuda no superarán el 15 por ciento de los Recursos Corrientes Netos de Coparticipación a Municipios”.
Bajo el apartado “Cambios en el Contexto Económico”, se explica que “iniciado el año 2008 se desencadena la crisis financiera internacional que afectó a la economía mundial en su conjunto, alterando o desvirtuando todas las variables económicas, con un fuerte proceso de desaceleración; y atentando directamente contra la salud fiscal de los distintos estados, tanto provinciales como nacionales, dificultando el cumplimiento de todas las previsiones oportunamente consideradas, provocando en la mayoría de las jurisdicciones desequilibrios financieros y por ende, una situación de déficit, que, una correcta conducta administrativa no puede evitar”.
Con el título “Consecuencias de la crisis”, en el proyecto se afirma que tal situación generó “la necesidad de implementar modificaciones transitorias a fin de adecuar el régimen fiscal instituido por la Ley Nº 25.917 al escenario económico que se define durante este proceso de crisis, pero preservando siempre el orden y la transparencia que dicha norma persigue como principal objetivo”.
En la cronología se hace referencia a la Ley Nº 26.530, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº 9.949, y cuyos alcances se encontraban exclusivamente limitados a los ejercicios 2009 y 2010 por resultar los períodos más castigados por el impacto de este fenómeno económico. Los alcances de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la Ley Nº 26.530 se fueron prorrogando hasta el ejercicio 2016 inclusive.
