Lena busca que la enseñanza de educación sexual sea obligatoria
La diputada provincial por Cambiemos, Gabriela Lena, redactó un proyecto de ley que establecería la obligatoriedad de la enseñanza de educación sexual integral en las escuelas públicas y privadas de la provincia.
20.04.2017 | 15:58
Dicho proyecto cuenta con la firma de otros seis legisladores de la fuerza frentista y se pretende implementar sin la influencia de la Iglesia Católica que ha impedido la materialización de la ley que fue sancionada durante el gobierno de Sergio Montiel hace quince años.
El proyecto se basó en normativas vigentes a nivel nacional y provincial, pero busca que se concrete en los hechos la educación sexual puesto que hasta el momento el lobby eclesiástico ha sido más fuerte.
Casi quince años después de la primera ley que durante el gobierno de Sergio Montiel instrumentó en las escuelas un programa de educación sexual –que nunca se aplicó acabadamente–, una legisladora radical, Gabriela Lena impulsa la aplicación de un programa “obligatorio” en todas las escuelas para que se dicte educación sexual, y que ésta sea con perspectiva de género, un aspecto que, hasta ahora, la Iglesia Católica ha conseguido hacer borrar de los programas que ha aprobado el Consejo General de Educación (CGE).
Lena, junto a los diputados del bloque Cambiemos José Artusi, Alberto Rotman, María Alejandra Viola, Sergio Kneeteman, Jorge Monge y Fuad Sosa, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que instrumenta un programa de educación para los alumnos de escuelas públicas y privadas en consonancia con la Ley Nacional 26.150, una norma que se sancionó durante el kirchnerismo, en 2006, y que hizo suyo el Consejo Federal de Cultural y Educación para ser aplicado en todo el país. La idea es que el programa que adopte la provincia sea en el marco de leyes ya vigentes, como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Civil, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, el plan de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y los convenios internacionales que resguardan los derechos de los chicos.
El artículo 4° del proyecto de Lena establece: “La educación sexual integral es de carácter obligatorio y está destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que asisten a establecimientos públicos, públicos de gestión estatal y privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente, incluyendo al Programa a las familias de dichos estudiantes con motivo de fomentar la integración de todo el círculo familiar. La implementación de la modalidad para la integración familiar quedará a criterio de cada establecimiento educativo”, según publicó Entre Ríos Ahora.
Y entre sus objetivos, se fija:
1) incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas de las instituciones educativas orientadas a la formación plena de todas las persona;
2) asegurar la transmisión, circulación e intercambio de conocimientos reconocidos por las comunidades científicas, pertinentes, precisos, confiables, actualizados, de manera sistemática y acordes a la edad, sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;
3) promover actitudes responsables y de cuidado ante la sexualidad, fortaleciendo el ejercicio pleno de la ciudadanía sexual y la soberanía sobre el propio cuerpo;
4) brindar herramientas para la promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular;
5) procurar igualdad de trato, oportunidades y derechos entre varones y mujeres;
6) promover el reconocimiento de la diversidad en sus múltiples manifestaciones como constitutivo de la condición humana;
La iniciativa, además, vuelve a incorporar dentro de la estructura del Consejo de Educación un área encargada de llevar adelante un programa de educación sexual.
Ya en 2001, la Legislatura sancionó la Ley 9.501, que estableció que el Consejo de Educación “diseñará e implementará políticas de educación sexual y garantizará recursos, financiamiento y formación docente”. Pero además, ordenó incluir “tanto en las políticas de educación sexual como en la capacitación y formación en los diferentes niveles educativos la perspectiva de las relaciones de género”.
Pero la idea tropezó con los pruritos del clero a poco de empezar.
En realidad, hasta ahora ningún programa de educación sexual ha podido prosperar en la provincia por los reparos que ha puesto la Iglesia Católica.
Cuando ya Sergio Montiel no estaba en el gobierno y aquella ley de educación sexual dormía hacía años el sueño de los justos se empezó a balbucear un plan.
Durante la última administración de Jorge Busti se conformó una comisión ad hoc, con participación de los credos religiosos, y en especial de la Iglesia Católica, que definió los lineamientos de la educación sexual en las escuelas.
En 2008, el Estado nombró con el cargo de coordinadora ejecutiva del Programa de Educación Sexual a Nora Romero de Clari, quien entonces era directora de Cáritas Arquidiocesana de Paraná. Fue después de que la curia censurara una iniciativa oficial de instrumentar de la educación sexual que no había contado con su autorización.
Romero de Clari formó parte del trío de funcionarias que entre 2006 y 2007 redactaron los lineamientos base del plan de educación sexual. Junto a Romero de Clari, participaron también Silvia Kupervaser y Estela Villanueva. La incorporación de una figura ligada a la Iglesia Católica fue el modo como el Gobierno pudo avanzar por fin con una estrategia de instrumentación de educación sexual en las escuelas que, al final, no logró ni mucho ni poco.
Antes, durante la administración del ex gobernador Mario Moine, en la década del ´90, fue el primer intento. Pero entonces hubo una férrea oposición de quien era el vicario de Educación del Arzobispado de Paraná, el sacerdote Luis González Guerrico, luego mudado a Mendoza, a las filas del integrismo más rancio del Instituto del Verbo Encarnado, hoy vicario general en la diócesis de Puerto Iguazú, en Misiones.
Después, en 2004, la administración Busti intentó diseñar un programa similar. Un equipo integrado por las docentes Silvia Darrichón, Mercedes Meucci y Amparo Mercante elaboró los lineamientos curriculares, y para eso se procuró reglamentar la Ley Nº 9.501 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, sancionada en 2003, durante la gestión Montiel.
Además, se intentó hacerlo desde un concepto que había sido resistido por la tradición del pensamiento católico: la perspectiva de género. “Más que nunca -decía aquel texto fundante del programa-, podemos en la actualidad permitirnos la relación de unos con los otros como seres humanos y como individuos, en vez de como machos y hembras estrictamente. Hasta donde podemos ensanchar nuestros esquemas de humanos y podar nuestro esquema de género, las diferencias de sexo florecerán con mayor variedad. Lejos de borrar las diferencias entre los sexos, permitirán surgir las diferencias reales”.
La Iglesia puso el grito en el cielo, y ocurrió lo previsible. Uno de los coordinadores desde Educación de esa iniciativa, Roberto Matteoda, salió eyectado de su función, y junto a él uno de los primeros kirchneristas en la provincia, Alejandro Richardet. El encargado de sacarlos del centro de la escena fue el entonces ministro de Gobierno de Busti, Sergio Urribarri.
La consecuencia fue la esperada: el Gobierno congeló el plan. Luego, conformó un comité de funcionarios, coordinados por la entonces vocal del CGE, Silvia Kupervaser, que tuvo la misión de limar asperezas con la Curia, y elaborar un programa cuya redacción tuviera participación eclesiástica.
El Consejo de Educación, bajo la gestión de Jorge Kerz redactó la resolución Nº 550, que fijó la instrumentación de un nuevo programa, que se pensó aplicar en etapas: la primera fue la formación de los formadores de los docentes, a partir de abril de 2006; y la segunda, consistente en la capacitación a los docentes.
Esa resolución, de abril de 2006, también estableció la adhesión de Entre Ríos a Ley Nacional Nº 25.673, que dio forma al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Aunque con una visión adecuada a la realidad local, sin alusión a la perspectiva de género.
Los lineamientos aprobados por el CGE ubicaron a la escuela como “colaboradora de la familia” en la educación sexual, y a los alumnos los considera “desde su condición de personas sexuadas, varón-mujer, durante el juego, el trabajo y el proceso de enseñanza-aprendizaje”.
La Iglesia acompañó, a su modo, ese plan.
Pero aún así, el Estado nunca pudo avanzar mucho más allá de los enunciados y de las buenas intenciones.
Ahora, la diputada Gabriela Lena (Cambiemos) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que Entre Ríos adhiera a la Ley N° 26.150, de 2010, que creó a nivel nacional el programa de educación sexual. El artículo 1° de la iniciativa de Lena incluye una verdad de Perogrullo: “Todos y todas los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexualintegral en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional 26.150”.
Sería, de prosperar esa ley, el cuarto intento de aplicar, por fin, la educación sexual en las escuelas.
El proyecto se basó en normativas vigentes a nivel nacional y provincial, pero busca que se concrete en los hechos la educación sexual puesto que hasta el momento el lobby eclesiástico ha sido más fuerte.
Casi quince años después de la primera ley que durante el gobierno de Sergio Montiel instrumentó en las escuelas un programa de educación sexual –que nunca se aplicó acabadamente–, una legisladora radical, Gabriela Lena impulsa la aplicación de un programa “obligatorio” en todas las escuelas para que se dicte educación sexual, y que ésta sea con perspectiva de género, un aspecto que, hasta ahora, la Iglesia Católica ha conseguido hacer borrar de los programas que ha aprobado el Consejo General de Educación (CGE).
Lena, junto a los diputados del bloque Cambiemos José Artusi, Alberto Rotman, María Alejandra Viola, Sergio Kneeteman, Jorge Monge y Fuad Sosa, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que instrumenta un programa de educación para los alumnos de escuelas públicas y privadas en consonancia con la Ley Nacional 26.150, una norma que se sancionó durante el kirchnerismo, en 2006, y que hizo suyo el Consejo Federal de Cultural y Educación para ser aplicado en todo el país. La idea es que el programa que adopte la provincia sea en el marco de leyes ya vigentes, como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Civil, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, el plan de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y los convenios internacionales que resguardan los derechos de los chicos.
El artículo 4° del proyecto de Lena establece: “La educación sexual integral es de carácter obligatorio y está destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que asisten a establecimientos públicos, públicos de gestión estatal y privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente, incluyendo al Programa a las familias de dichos estudiantes con motivo de fomentar la integración de todo el círculo familiar. La implementación de la modalidad para la integración familiar quedará a criterio de cada establecimiento educativo”, según publicó Entre Ríos Ahora.
Y entre sus objetivos, se fija:
1) incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas de las instituciones educativas orientadas a la formación plena de todas las persona;
2) asegurar la transmisión, circulación e intercambio de conocimientos reconocidos por las comunidades científicas, pertinentes, precisos, confiables, actualizados, de manera sistemática y acordes a la edad, sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;
3) promover actitudes responsables y de cuidado ante la sexualidad, fortaleciendo el ejercicio pleno de la ciudadanía sexual y la soberanía sobre el propio cuerpo;
4) brindar herramientas para la promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular;
5) procurar igualdad de trato, oportunidades y derechos entre varones y mujeres;
6) promover el reconocimiento de la diversidad en sus múltiples manifestaciones como constitutivo de la condición humana;
La iniciativa, además, vuelve a incorporar dentro de la estructura del Consejo de Educación un área encargada de llevar adelante un programa de educación sexual.
Ya en 2001, la Legislatura sancionó la Ley 9.501, que estableció que el Consejo de Educación “diseñará e implementará políticas de educación sexual y garantizará recursos, financiamiento y formación docente”. Pero además, ordenó incluir “tanto en las políticas de educación sexual como en la capacitación y formación en los diferentes niveles educativos la perspectiva de las relaciones de género”.
Pero la idea tropezó con los pruritos del clero a poco de empezar.
En realidad, hasta ahora ningún programa de educación sexual ha podido prosperar en la provincia por los reparos que ha puesto la Iglesia Católica.
Cuando ya Sergio Montiel no estaba en el gobierno y aquella ley de educación sexual dormía hacía años el sueño de los justos se empezó a balbucear un plan.
Durante la última administración de Jorge Busti se conformó una comisión ad hoc, con participación de los credos religiosos, y en especial de la Iglesia Católica, que definió los lineamientos de la educación sexual en las escuelas.
En 2008, el Estado nombró con el cargo de coordinadora ejecutiva del Programa de Educación Sexual a Nora Romero de Clari, quien entonces era directora de Cáritas Arquidiocesana de Paraná. Fue después de que la curia censurara una iniciativa oficial de instrumentar de la educación sexual que no había contado con su autorización.
Romero de Clari formó parte del trío de funcionarias que entre 2006 y 2007 redactaron los lineamientos base del plan de educación sexual. Junto a Romero de Clari, participaron también Silvia Kupervaser y Estela Villanueva. La incorporación de una figura ligada a la Iglesia Católica fue el modo como el Gobierno pudo avanzar por fin con una estrategia de instrumentación de educación sexual en las escuelas que, al final, no logró ni mucho ni poco.
Antes, durante la administración del ex gobernador Mario Moine, en la década del ´90, fue el primer intento. Pero entonces hubo una férrea oposición de quien era el vicario de Educación del Arzobispado de Paraná, el sacerdote Luis González Guerrico, luego mudado a Mendoza, a las filas del integrismo más rancio del Instituto del Verbo Encarnado, hoy vicario general en la diócesis de Puerto Iguazú, en Misiones.
Después, en 2004, la administración Busti intentó diseñar un programa similar. Un equipo integrado por las docentes Silvia Darrichón, Mercedes Meucci y Amparo Mercante elaboró los lineamientos curriculares, y para eso se procuró reglamentar la Ley Nº 9.501 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, sancionada en 2003, durante la gestión Montiel.
Además, se intentó hacerlo desde un concepto que había sido resistido por la tradición del pensamiento católico: la perspectiva de género. “Más que nunca -decía aquel texto fundante del programa-, podemos en la actualidad permitirnos la relación de unos con los otros como seres humanos y como individuos, en vez de como machos y hembras estrictamente. Hasta donde podemos ensanchar nuestros esquemas de humanos y podar nuestro esquema de género, las diferencias de sexo florecerán con mayor variedad. Lejos de borrar las diferencias entre los sexos, permitirán surgir las diferencias reales”.
La Iglesia puso el grito en el cielo, y ocurrió lo previsible. Uno de los coordinadores desde Educación de esa iniciativa, Roberto Matteoda, salió eyectado de su función, y junto a él uno de los primeros kirchneristas en la provincia, Alejandro Richardet. El encargado de sacarlos del centro de la escena fue el entonces ministro de Gobierno de Busti, Sergio Urribarri.
La consecuencia fue la esperada: el Gobierno congeló el plan. Luego, conformó un comité de funcionarios, coordinados por la entonces vocal del CGE, Silvia Kupervaser, que tuvo la misión de limar asperezas con la Curia, y elaborar un programa cuya redacción tuviera participación eclesiástica.
El Consejo de Educación, bajo la gestión de Jorge Kerz redactó la resolución Nº 550, que fijó la instrumentación de un nuevo programa, que se pensó aplicar en etapas: la primera fue la formación de los formadores de los docentes, a partir de abril de 2006; y la segunda, consistente en la capacitación a los docentes.
Esa resolución, de abril de 2006, también estableció la adhesión de Entre Ríos a Ley Nacional Nº 25.673, que dio forma al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Aunque con una visión adecuada a la realidad local, sin alusión a la perspectiva de género.
Los lineamientos aprobados por el CGE ubicaron a la escuela como “colaboradora de la familia” en la educación sexual, y a los alumnos los considera “desde su condición de personas sexuadas, varón-mujer, durante el juego, el trabajo y el proceso de enseñanza-aprendizaje”.
La Iglesia acompañó, a su modo, ese plan.
Pero aún así, el Estado nunca pudo avanzar mucho más allá de los enunciados y de las buenas intenciones.
Ahora, la diputada Gabriela Lena (Cambiemos) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que Entre Ríos adhiera a la Ley N° 26.150, de 2010, que creó a nivel nacional el programa de educación sexual. El artículo 1° de la iniciativa de Lena incluye una verdad de Perogrullo: “Todos y todas los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexualintegral en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional 26.150”.
Sería, de prosperar esa ley, el cuarto intento de aplicar, por fin, la educación sexual en las escuelas.
Fuente: ANÁLISIS DIGITAL
