Provincia aclaró que las personas con discapacidad están amparadas por la Constitución
El Iprodi emitió un comunicado con duras críticas hacia la resolución que tomó el Gobierno Nacional de eliminar o reducir los beneficios que tienen las personas que sufren algún tipo de discapacidad. El gobierno de Cambiemos dejó unas 70 mil personas sin tal beneficio. Lea lo que dice el Iprodi.
13.06.2017 | 20:42
Según destacó el Iprodi, desde hace un mes ha recibido denuncias de personas con discapacidad de que le cortaron algún tipo de beneficio que tenía hasta el momento.
“El hecho de que se cancelen las pensiones por discapacidad, sin previo aviso y sin que se haya realizado un examen socio ambiental, resulta un hecho de gravedad que amerita rápidas explicaciones por parte de las autoridades que han tomado esta determinación”, destacó el organismo.
No obstante, aclaró los puntos legales sobre la cuestión. “Ha transcendido por diferentes medios de comunicación y por declaraciones de legisladores nacionales que se ha invocado el decreto 432 del año 1997 para establecer el criterio con el cual se asignan las pensiones, decreto que es contrario a la `Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad´, que desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, destacó.
Finalmente, el Iprodi anunció que el 16 de este es concurrirá a Capital Federal para reunirse con autoridades del Gobierno nacional, junto con todos los Defensores del Pueblo del país, para obtener alguna respuesta respecto a los criterios que seguirá Nación sobre el asunto.
BABEL PUBLICA TEXTUAL EL DOCUMENTO DEL IPRODI
Desde el Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi) hacemos saber que, frente a los hechos de público conocimiento relacionados con la eliminación y reducción de pensiones para personas con discapacidad, hace ya más de un mes que venimos trabajando y coordinando acciones con los titulares de los distintos organismos y áreas relacionadas a la discapacidad de las diferentes provincias para expresarle a las autoridades del Gobierno Nacional nuestra preocupación por este tema.
El hecho de que se cancelen las pensiones por discapacidad, sin previo aviso y sin que se haya realizado un examen socio ambiental, resulta un hecho de gravedad que amerita rápidas explicaciones por parte de las autoridades que han tomado esta determinación.
Desde hace tiempo y por distintas vías venimos gestionando una respuesta que nos deje en claro a los diferentes organismos provinciales qué criterio piensa implementar el Gobierno Nacional para la adjudicación, reducción o eliminación de las pensiones para personas con discapacidad.
Ha transcendido por diferentes medios de comunicación y por declaraciones de legisladores nacionales que se ha invocado el decreto 432 del año 1997 para establecer el criterio con el cual se asignan las pensiones, decreto que es contrario a la "Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad", que desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.
Frente a la falta de respuestas formales, y frente a la acuciante necesidad de dar una pronta y "certera" respuesta, no solo a las personas que perciben pensiones por discapacidad sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto, es que el día viernes 16 de junio nos haremos presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a defensores del pueblo de todo el país, para mantener una reunión con las autoridades del Gobierno Nacional a fin de que puedan esclarecer lo que está ocurriendo y que nos puedan dar certezas sobre qué criterio piensan implementar.
“El hecho de que se cancelen las pensiones por discapacidad, sin previo aviso y sin que se haya realizado un examen socio ambiental, resulta un hecho de gravedad que amerita rápidas explicaciones por parte de las autoridades que han tomado esta determinación”, destacó el organismo.
No obstante, aclaró los puntos legales sobre la cuestión. “Ha transcendido por diferentes medios de comunicación y por declaraciones de legisladores nacionales que se ha invocado el decreto 432 del año 1997 para establecer el criterio con el cual se asignan las pensiones, decreto que es contrario a la `Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad´, que desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, destacó.
Finalmente, el Iprodi anunció que el 16 de este es concurrirá a Capital Federal para reunirse con autoridades del Gobierno nacional, junto con todos los Defensores del Pueblo del país, para obtener alguna respuesta respecto a los criterios que seguirá Nación sobre el asunto.
BABEL PUBLICA TEXTUAL EL DOCUMENTO DEL IPRODI
Desde el Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi) hacemos saber que, frente a los hechos de público conocimiento relacionados con la eliminación y reducción de pensiones para personas con discapacidad, hace ya más de un mes que venimos trabajando y coordinando acciones con los titulares de los distintos organismos y áreas relacionadas a la discapacidad de las diferentes provincias para expresarle a las autoridades del Gobierno Nacional nuestra preocupación por este tema.
El hecho de que se cancelen las pensiones por discapacidad, sin previo aviso y sin que se haya realizado un examen socio ambiental, resulta un hecho de gravedad que amerita rápidas explicaciones por parte de las autoridades que han tomado esta determinación.
Desde hace tiempo y por distintas vías venimos gestionando una respuesta que nos deje en claro a los diferentes organismos provinciales qué criterio piensa implementar el Gobierno Nacional para la adjudicación, reducción o eliminación de las pensiones para personas con discapacidad.
Ha transcendido por diferentes medios de comunicación y por declaraciones de legisladores nacionales que se ha invocado el decreto 432 del año 1997 para establecer el criterio con el cual se asignan las pensiones, decreto que es contrario a la "Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad", que desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.
Frente a la falta de respuestas formales, y frente a la acuciante necesidad de dar una pronta y "certera" respuesta, no solo a las personas que perciben pensiones por discapacidad sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto, es que el día viernes 16 de junio nos haremos presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a defensores del pueblo de todo el país, para mantener una reunión con las autoridades del Gobierno Nacional a fin de que puedan esclarecer lo que está ocurriendo y que nos puedan dar certezas sobre qué criterio piensan implementar.
