DIPUTADOS
Media sanción a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles
La Cámara volvió a sesionar y dio media sanción a la ley que crea un mecanismo provincial de “prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles”. El repudio de Cambiemos a Maduro no se trató y la campaña quedó fuera del recinto.
02.08.2017 | 17:42
La Cámara de Diputados de la provincia tuvo su sexta sesión del año este martes después del receso invernal. El proyecto que sobresalió y fue aprobado fue el de creación del “Mecanismo provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de la Provincia de Entre Ríos”.
Se esperaba que en el recinto se den cruces entre el oficialismo y la oposición, como es típico en momentos de clima electoral, y en especial por un proyecto impulsado desde Cambiemos en repudio a la situación social en Venezuela, pero los legisladores se atuvieron a la labor parlamentaria y dejaron la campaña para seguirla a través de los medios.
El Comité Provincial de Prevención de Torturas
El proyecto inicial fue enviado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en 2015, con el objetivo de establecer en la provincia un mecanismo de prevención de la tortura y otros malos tratos “que garantice a las personas, particularmente a las privadas de su libertad, la vigencia de los Derechos Humanos”.
Se basa en Tratados Internacionales en la materia que tienen rango constitucional en el país, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley 25.932, que estableció el mandato para que las provincias avancen en el mismo sentido, como ya lo han hecho Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta o Tucumán.
El órgano de aplicación de la ley en la provincia, el “Comité Provincial para la Prevención de la Tortura” debe reunir tres condiciones: “independencia funcional” para no depender de otros organismos al momento de actuar; “autarquía financiera”, para contar con recursos propios para cumplir con su finalidad; y “amplitud” en su integración, según establece el texto aprobado este martes.
El Comité Provincial estará integrado por siete miembros con “integridad ética, compromiso con los valores democráticos y reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad y la prevención de la tortura”.
Entre las funciones del Comité están las de realizar “visitas programados o intempestivas en cualquier centro de detención (unidad penal, comisaría, alcaidía) para constatar las condiciones de detención de las personas, sin necesidad de contar con ninguna autorización; elaborar estadísticas para impulsar cambios al mecanismo, y llevar adelante acciones para proteger a esas personas en riesgo, al igual que brindar asistencia técnica a las personas detenidas”, entre otros aspectos.
Se esperaba que en el recinto se den cruces entre el oficialismo y la oposición, como es típico en momentos de clima electoral, y en especial por un proyecto impulsado desde Cambiemos en repudio a la situación social en Venezuela, pero los legisladores se atuvieron a la labor parlamentaria y dejaron la campaña para seguirla a través de los medios.
El Comité Provincial de Prevención de Torturas
El proyecto inicial fue enviado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en 2015, con el objetivo de establecer en la provincia un mecanismo de prevención de la tortura y otros malos tratos “que garantice a las personas, particularmente a las privadas de su libertad, la vigencia de los Derechos Humanos”.
Se basa en Tratados Internacionales en la materia que tienen rango constitucional en el país, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley 25.932, que estableció el mandato para que las provincias avancen en el mismo sentido, como ya lo han hecho Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta o Tucumán.
El órgano de aplicación de la ley en la provincia, el “Comité Provincial para la Prevención de la Tortura” debe reunir tres condiciones: “independencia funcional” para no depender de otros organismos al momento de actuar; “autarquía financiera”, para contar con recursos propios para cumplir con su finalidad; y “amplitud” en su integración, según establece el texto aprobado este martes.
El Comité Provincial estará integrado por siete miembros con “integridad ética, compromiso con los valores democráticos y reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad y la prevención de la tortura”.
Entre las funciones del Comité están las de realizar “visitas programados o intempestivas en cualquier centro de detención (unidad penal, comisaría, alcaidía) para constatar las condiciones de detención de las personas, sin necesidad de contar con ninguna autorización; elaborar estadísticas para impulsar cambios al mecanismo, y llevar adelante acciones para proteger a esas personas en riesgo, al igual que brindar asistencia técnica a las personas detenidas”, entre otros aspectos.
