REFORMAS Y AJUSTES
Abogados advirtieron sobre la flexibilización laboral de Macri
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) advirtió sobre la reforma estructural que pretende el Presidente, Mauricio Macri, en materia laboral. “No existe ningún ejemplo en el mundo que muestre que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo”, sentenció.
01.11.2017 | 17:23
La AAL denunció como dañino al derecho de los trabajadores el plan de reformas que presentó el Gobierno Nacional. “La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) rechaza de plano sus explícitos objetivos, orientados a arrasar con la Ley de Contrato de Trabajo y las normas protectoras laborales y de la seguridad social”, consideró.
Fue mediante un documento publicado en las redes sociales en el que la institución advirtió que la iniciativa macrista es “flexibilización laboral”.
“Los propios trabajadores y sus organizaciones deben dar batalla a esta reforma regresiva; todos los actores del mundo del trabajo deben hacerlo. No existe ningún ejemplo en el mundo que muestre que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo”, sentenció.
La discusión en torno al proyecto de Cambiemos comenzó desde que Macri presentó en el Centro Cultural Néstor Kirchner los planteos generales de la reforma. Desde entonces, desde Concepción del Uurguay, tanto desde la CGT como desde ATE salieron sus respectivos secretarios generales, Adalberto Sosa y Martín Calisaya, a rechazarla de plano.
EL DOCUMENTO COMPLETO DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS
Una reforma que arrasa con la Ley de Contrato de Trabajo.
Ante el proyecto gubernamental de reforma integral de la legislación laboral que trascendió públicamente, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) rechaza de plano sus explícitos objetivos, orientados a arrasar con la Ley de Contrato de Trabajo y las normas protectoras laborales y de la seguridad social.
“El proyecto es de flexibilización laboral. No se trata, como se anunciaba, de reformas consensuadas sector por sector. Se trata, por el contrario, de una reforma estructural, integral, que ataca los pilares históricos del derecho del trabajo en la Argentina”, dijo Matías Cremonte, presidente de AAL.
“Resistir esta reforma no puede depender sólo de las representaciones parlamentarias. Los propios trabajadores y sus organizaciones deben dar batalla a esta reforma regresiva; todos los actores del mundo del trabajo deben hacerlo. No existe ningún ejemplo en el mundo que muestre que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo” agregó.
El proyecto que circula incluye 142 artículos, 12 títulos, 36 capítulos y un anexo; todos con un sesgo pro empresario que se propone –así lo dice- la “liberación de las fuerza de la producción”, invocando una célebre y lamentable expresión de José Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar.
La iniciativa oficial extiende de modo exponencial la tercerización laboral, desnaturaliza las multas por el empleo no registrado, crea la fraudulenta figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente” y reduce la indemnización por despido. Por otra parte, habilita a los sindicatos a negociar, a la baja, la ampliación de la jornada de trabajo, eliminando el pago de horas extras; como asimismo, la sustitución del pago de la indemnización por despido que le corresponde al empleador por un "fondo de cese de empleo". Asimismo modifica el plazo de prescripción, en forma discriminatoria para las persona que trabajan, pasando de dos a un año, además de conceder disminuciones en las contribuciones patronales y suprimir las sanciones a los empleadores por la violación de las leyes que obligan a registrar la relación laboral.
Resulta una falacia que para generar más empleo, se eliminen las normas que tutelan a la persona que trabaja y el sentido compensador del derecho social. Se trata de un presupuesto de matriz neoliberal que ha fracasado una y mil veces en la historia.
La Asociación de Abogados Laboralistas, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos y sindicatos, acaba de denunciar internacionalmente, en una audiencia pública ante la CIDH, las violaciones a los derechos laborales ocurridas durante el gobierno de Macri. La CIDH expresó allí que no debía violentarse el principio de no regresividad en materia de derechos sociales. El gobierno ha dado ahora un salto más, desoyendo esas recomendaciones y el movimiento obrero, tanto como las organizaciones académicas y profesionales del mundo del trabajo, deben dar una respuesta.
Fue mediante un documento publicado en las redes sociales en el que la institución advirtió que la iniciativa macrista es “flexibilización laboral”.
“Los propios trabajadores y sus organizaciones deben dar batalla a esta reforma regresiva; todos los actores del mundo del trabajo deben hacerlo. No existe ningún ejemplo en el mundo que muestre que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo”, sentenció.
La discusión en torno al proyecto de Cambiemos comenzó desde que Macri presentó en el Centro Cultural Néstor Kirchner los planteos generales de la reforma. Desde entonces, desde Concepción del Uurguay, tanto desde la CGT como desde ATE salieron sus respectivos secretarios generales, Adalberto Sosa y Martín Calisaya, a rechazarla de plano.
EL DOCUMENTO COMPLETO DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS
Una reforma que arrasa con la Ley de Contrato de Trabajo.
Ante el proyecto gubernamental de reforma integral de la legislación laboral que trascendió públicamente, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) rechaza de plano sus explícitos objetivos, orientados a arrasar con la Ley de Contrato de Trabajo y las normas protectoras laborales y de la seguridad social.
“El proyecto es de flexibilización laboral. No se trata, como se anunciaba, de reformas consensuadas sector por sector. Se trata, por el contrario, de una reforma estructural, integral, que ataca los pilares históricos del derecho del trabajo en la Argentina”, dijo Matías Cremonte, presidente de AAL.
“Resistir esta reforma no puede depender sólo de las representaciones parlamentarias. Los propios trabajadores y sus organizaciones deben dar batalla a esta reforma regresiva; todos los actores del mundo del trabajo deben hacerlo. No existe ningún ejemplo en el mundo que muestre que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo” agregó.
El proyecto que circula incluye 142 artículos, 12 títulos, 36 capítulos y un anexo; todos con un sesgo pro empresario que se propone –así lo dice- la “liberación de las fuerza de la producción”, invocando una célebre y lamentable expresión de José Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar.
La iniciativa oficial extiende de modo exponencial la tercerización laboral, desnaturaliza las multas por el empleo no registrado, crea la fraudulenta figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente” y reduce la indemnización por despido. Por otra parte, habilita a los sindicatos a negociar, a la baja, la ampliación de la jornada de trabajo, eliminando el pago de horas extras; como asimismo, la sustitución del pago de la indemnización por despido que le corresponde al empleador por un "fondo de cese de empleo". Asimismo modifica el plazo de prescripción, en forma discriminatoria para las persona que trabajan, pasando de dos a un año, además de conceder disminuciones en las contribuciones patronales y suprimir las sanciones a los empleadores por la violación de las leyes que obligan a registrar la relación laboral.
Resulta una falacia que para generar más empleo, se eliminen las normas que tutelan a la persona que trabaja y el sentido compensador del derecho social. Se trata de un presupuesto de matriz neoliberal que ha fracasado una y mil veces en la historia.
La Asociación de Abogados Laboralistas, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos y sindicatos, acaba de denunciar internacionalmente, en una audiencia pública ante la CIDH, las violaciones a los derechos laborales ocurridas durante el gobierno de Macri. La CIDH expresó allí que no debía violentarse el principio de no regresividad en materia de derechos sociales. El gobierno ha dado ahora un salto más, desoyendo esas recomendaciones y el movimiento obrero, tanto como las organizaciones académicas y profesionales del mundo del trabajo, deben dar una respuesta.
