SENADO
Mattiauda exigió la ley de Fitosanitarios
El senador departamental por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, se expresó hoy respecto de la medida cautelar dispuesta por el juez Federal, Pablo Seró, que permite a los comerciantes de la ciudad continuar comercializando agroquímicos dentro del éjido, cuestión que estaba vedada por ordenanza municipal desde este año.
16.07.2018 | 18:10
El legislador señaló ante la consulta periodística que “el juez le pone una grado de racionalidad a una medida dela Municipalidad, que obviamente no comparto porque nunca se explicó cuál es el criterio objetivo de prohibir el acopio y comercialización del glifosato, ya que se trata de un insumo de uso agrícola, no urbano. Se cae de maduro que esta medida prohibitiva tiene una fuerte y evidente connotación política que no se ajusta a entender cual es el sistema de producción que existe hoy en la provincia y en al país”.
Mattiauda comentó que “el principio de estos conflictos se da con la actitud del actual presidente de la Cámarade Diputados, Sergio Urribarri, quien envió a archivo el proyecto de ley de fitosanitarios, tirando a la basura más de dos años de trabajo de todos los espacios políticos de ambas cámaras. Esa ley era más que necesaria, era imprescindible”, aseguró.
En ese mismo sentido, redobló su critica apuntando al gobernador entrerriano: “Bordet no se ha expresado al respecto y no es aceptable que se haga el distraído luego de la dañina jugada política de Urribarri. El gobernador debe convocar a la legislatura para dotar a la provincia de una nueva norma que garantice el uso eficiente de los agroquímicos, una mejor identificación de todos los eslabones de la cadena productiva y que aplique fuertes sanciones para quienes hagan un mal uso de los productos”, remarcó.
Mas adelante, el senador provincial contó que “ayer hablaba al respecto con el secretario de la Producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, y entiendo que Bordet debe imponer un grado de razonabilidad e instar a los legisladores para que trabajemos sobre una ley que lleve tranquilidad a toda la población con un equilibrio justamente entre el cuidado del medio ambiente, la salud del ser humano y manteniendo un criterio de productividad para generar recursos para la provincia y el país”.
Para Mattiauda “ha existido una utilización político-ideológica del tema agroquímicos sin comprender la realidad del sector, porque los fitosanitarios son un insumo, una herramienta básica para sostener los niveles de productividad. Y ellos van enganchados a otros aspectos, como lo es la siembra directa que es una tecnología que llegó para cuidar los suelos de nuestra provincia. En tanto y en cuanto no podamos avanzar en un sistema de producción alternativa, me parece que la prohibición es un grave error porque va a traer más pobreza a nuestra región, y con esto no quiero habilitar indiscriminadamente el uso de agroquímicos, todo lo contrario, creo que la llave está en el buen uso de los productos, en la responsabilidad de los productores y aplicadores, y en un efectivo control estatal”, afirmó.
Sobre este último aspecto, opinó que “los gobiernos provincial y nacional no han llevado adelante una campaña de concientización que ponga blanco sobre negro respecto de los agroquímicos. Han dejado que ciertos sectores, sin rigor científico, demonicen los productos y los productores. Estos elementos están habilitados y aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), por lo que de usarse como corresponde la población debiera estar tranquila. Esa ausencia del Estado hoy se paga y si hablamos de ello volvemos al principio: el pecado que significa que se haya cajoneado la ley fitosanitaria entrerriana. De existir, nos evitaríamos todos estos conflictos”, finalizó.
Mattiauda comentó que “el principio de estos conflictos se da con la actitud del actual presidente de la Cámarade Diputados, Sergio Urribarri, quien envió a archivo el proyecto de ley de fitosanitarios, tirando a la basura más de dos años de trabajo de todos los espacios políticos de ambas cámaras. Esa ley era más que necesaria, era imprescindible”, aseguró.
En ese mismo sentido, redobló su critica apuntando al gobernador entrerriano: “Bordet no se ha expresado al respecto y no es aceptable que se haga el distraído luego de la dañina jugada política de Urribarri. El gobernador debe convocar a la legislatura para dotar a la provincia de una nueva norma que garantice el uso eficiente de los agroquímicos, una mejor identificación de todos los eslabones de la cadena productiva y que aplique fuertes sanciones para quienes hagan un mal uso de los productos”, remarcó.
Mas adelante, el senador provincial contó que “ayer hablaba al respecto con el secretario de la Producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, y entiendo que Bordet debe imponer un grado de razonabilidad e instar a los legisladores para que trabajemos sobre una ley que lleve tranquilidad a toda la población con un equilibrio justamente entre el cuidado del medio ambiente, la salud del ser humano y manteniendo un criterio de productividad para generar recursos para la provincia y el país”.
Para Mattiauda “ha existido una utilización político-ideológica del tema agroquímicos sin comprender la realidad del sector, porque los fitosanitarios son un insumo, una herramienta básica para sostener los niveles de productividad. Y ellos van enganchados a otros aspectos, como lo es la siembra directa que es una tecnología que llegó para cuidar los suelos de nuestra provincia. En tanto y en cuanto no podamos avanzar en un sistema de producción alternativa, me parece que la prohibición es un grave error porque va a traer más pobreza a nuestra región, y con esto no quiero habilitar indiscriminadamente el uso de agroquímicos, todo lo contrario, creo que la llave está en el buen uso de los productos, en la responsabilidad de los productores y aplicadores, y en un efectivo control estatal”, afirmó.
Sobre este último aspecto, opinó que “los gobiernos provincial y nacional no han llevado adelante una campaña de concientización que ponga blanco sobre negro respecto de los agroquímicos. Han dejado que ciertos sectores, sin rigor científico, demonicen los productos y los productores. Estos elementos están habilitados y aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), por lo que de usarse como corresponde la población debiera estar tranquila. Esa ausencia del Estado hoy se paga y si hablamos de ello volvemos al principio: el pecado que significa que se haya cajoneado la ley fitosanitaria entrerriana. De existir, nos evitaríamos todos estos conflictos”, finalizó.
