El Ejecutivo impulsa los cambios en el Consejo de la Magistratura
La iniciativa que establece el arancelamiento para participar en concursos y eliminando la prueba oral de las evaluaciones a postulantes se gestó en el propio Consejo de la Magistratura. Emilio Castrillón, desde el STJ, apoya el proyecto.
03.05.2019 | 08:44
“Este proyecto se gestó en el Consejo de la Magistratura. Se armó un expediente que se elevó al Ejecutivo y también a los legisladores. Tuvo buena recepción de ellos y lo transformaron en proyecto de ley”, explicó Biaggini.
El expediente está registrado como iniciativa del diputado justicialista Juan Reynaldo Navarro. Fue aprobado en esa Cámara como último asunto del día en la última sesión del año pasado, realizada el 4 de diciembre de 2018. Curiosamente, el texto no fue defendido en el recinto por Navarro, sino por su compañero de bancada Diego Lara; la oposición no hizo uso de la palabra. En la sesión del martes del Senado, el tema fue puesto a debate y aprobado con modificaciones de forma y reenviado a Diputados, que ahora tendrá dos caminos: o insiste con la sanción original o acepta los cambios.
El funcionario del Ministerio de Gobierno también marcó el consenso que existió en los postulados que dieron origen al proyecto, recordando que en el Consejo están representados tanto el Colegio de Abogados como la Asociación de Magistrados, que defienden los intereses gremiales de quienes ejercen la profesión y ya están en la Justicia respectivamente, además de las universidades y la sociedad civil.
Biaggini apuntó que la consagración del arancelamiento para inscribirse a los concursos y cuestionar decisiones del cuerpo (que estaría entre 3 y 5 “ius”, es decir entre $ 1.590 y $ 2.650) apunta a una doble finalidad: creación de un fondo de fortalecimiento institucional por un lado y economía procesal y evitar dispendio administrativo por el otro.
“El arancelamiento tiende a la creación de un fondo de fortalecimiento institucional del Consejo, para poder tener mayores recursos disponibles y porque existe un sinnúmero de actuaciones que se están llevando adelante que originan sobrecarga administrativa”, sostuvo. Según explicó, los empleados del organismo preparan material para la totalidad de los anotados, pero sólo la mitad se presenta finalmente.
Además “hay personas que se anotan en más de un concurso por el sólo hecho de hacerlo, porque en realidad sólo tienen interés en una jurisdicción, lo que lleva a un trastorno en la conformación de las ternas porque no todos los seleccionados están dispuestos a ir a los lugares para donde fueron seleccionados”.
DOS VISIONES
Biaggini también expuso los fundamentos sobre la eliminación de la oralidad en la prueba de oposición de los concursos, aunque avaló que existen argumentos válidos en sentido contrario.
“No existe una posición homogénea. Existen dos opiniones que son totalmente valederas”, reconoció.
Por un lado están “los que opinamos (a favor de) la conveniencia de la eliminación de la prueba oral, primero por la cantidad de puntos que tiene (10) que no son significativos a la hora de determinar un orden de mérito y en segundo lugar, en la evaluación técnica el anonimato es un paradigma, que está garantizado en la prueba escrita pero se pierde en la oral”, consignó.
A esto sumó: “En los concursos donde hay muchos postulantes, la prueba de oposición dura muchos días lo que genera inequidad: el que está primero alfabéticamente rinde el primer día y último, en la jornada final lo que le da a este ventaja para seguir estudiando y profundizando sobre las preguntas que se van haciendo”.
Así, opinó, se genera una situación desigual: “Si el jurado repite las preguntas, los concursantes posteriores saben las respuestas. Y si no lo hacen, no se están evaluando los mismos contenidos”.
Pero, por otro lado, mencionó: “Atendiendo a que la oralidad se está imponiendo como procedimiento ritual en nuestra jurisdicción y es tendencia en toda la Argentina, no dejaría de ser valioso evaluar el desempeño de un postulante en un ámbito oral”.
APOYO DEL STJ
El vocal del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrilón, señaló su aval a la iniciativa. “Todo lo que sea para mejorar el proceso de selección y evitar la inscripción en 10 concursos distintos de los mismos participantes e incluso que el personal del Consejo de la Magistratura también pueda tener un adicional atento a la carga de trabajo, hace que esta reforma sea en positivo”, sostuvo.
En este sentido, señaló que no es restrictivo establecer los aranceles. Mencionó que el letrado que no pueda disponer de recursos para solventarlos “genera una carta de pobreza y se terminó el problema”.
El expediente está registrado como iniciativa del diputado justicialista Juan Reynaldo Navarro. Fue aprobado en esa Cámara como último asunto del día en la última sesión del año pasado, realizada el 4 de diciembre de 2018. Curiosamente, el texto no fue defendido en el recinto por Navarro, sino por su compañero de bancada Diego Lara; la oposición no hizo uso de la palabra. En la sesión del martes del Senado, el tema fue puesto a debate y aprobado con modificaciones de forma y reenviado a Diputados, que ahora tendrá dos caminos: o insiste con la sanción original o acepta los cambios.
El funcionario del Ministerio de Gobierno también marcó el consenso que existió en los postulados que dieron origen al proyecto, recordando que en el Consejo están representados tanto el Colegio de Abogados como la Asociación de Magistrados, que defienden los intereses gremiales de quienes ejercen la profesión y ya están en la Justicia respectivamente, además de las universidades y la sociedad civil.
Biaggini apuntó que la consagración del arancelamiento para inscribirse a los concursos y cuestionar decisiones del cuerpo (que estaría entre 3 y 5 “ius”, es decir entre $ 1.590 y $ 2.650) apunta a una doble finalidad: creación de un fondo de fortalecimiento institucional por un lado y economía procesal y evitar dispendio administrativo por el otro.
“El arancelamiento tiende a la creación de un fondo de fortalecimiento institucional del Consejo, para poder tener mayores recursos disponibles y porque existe un sinnúmero de actuaciones que se están llevando adelante que originan sobrecarga administrativa”, sostuvo. Según explicó, los empleados del organismo preparan material para la totalidad de los anotados, pero sólo la mitad se presenta finalmente.
Además “hay personas que se anotan en más de un concurso por el sólo hecho de hacerlo, porque en realidad sólo tienen interés en una jurisdicción, lo que lleva a un trastorno en la conformación de las ternas porque no todos los seleccionados están dispuestos a ir a los lugares para donde fueron seleccionados”.
DOS VISIONES
Biaggini también expuso los fundamentos sobre la eliminación de la oralidad en la prueba de oposición de los concursos, aunque avaló que existen argumentos válidos en sentido contrario.
“No existe una posición homogénea. Existen dos opiniones que son totalmente valederas”, reconoció.
Por un lado están “los que opinamos (a favor de) la conveniencia de la eliminación de la prueba oral, primero por la cantidad de puntos que tiene (10) que no son significativos a la hora de determinar un orden de mérito y en segundo lugar, en la evaluación técnica el anonimato es un paradigma, que está garantizado en la prueba escrita pero se pierde en la oral”, consignó.
A esto sumó: “En los concursos donde hay muchos postulantes, la prueba de oposición dura muchos días lo que genera inequidad: el que está primero alfabéticamente rinde el primer día y último, en la jornada final lo que le da a este ventaja para seguir estudiando y profundizando sobre las preguntas que se van haciendo”.
Así, opinó, se genera una situación desigual: “Si el jurado repite las preguntas, los concursantes posteriores saben las respuestas. Y si no lo hacen, no se están evaluando los mismos contenidos”.
Pero, por otro lado, mencionó: “Atendiendo a que la oralidad se está imponiendo como procedimiento ritual en nuestra jurisdicción y es tendencia en toda la Argentina, no dejaría de ser valioso evaluar el desempeño de un postulante en un ámbito oral”.
APOYO DEL STJ
El vocal del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrilón, señaló su aval a la iniciativa. “Todo lo que sea para mejorar el proceso de selección y evitar la inscripción en 10 concursos distintos de los mismos participantes e incluso que el personal del Consejo de la Magistratura también pueda tener un adicional atento a la carga de trabajo, hace que esta reforma sea en positivo”, sostuvo.
En este sentido, señaló que no es restrictivo establecer los aranceles. Mencionó que el letrado que no pueda disponer de recursos para solventarlos “genera una carta de pobreza y se terminó el problema”.
