SI NO SE DENUNCIA, LXS FUNCIONARIXS COMETERÍAN OTRO DELITO
El decreto de Alberto ordena denunciar penalmente a quienes incumplan la cuarentena
El decreto 260/2020 ordenó el aislamiento obligatorio a quienes sean "sospechosos” de haber sido afectados o haber estado cerca del coronavirus. En el articulado, la norma ordena denunciar penalmente bajo los artículos 205 y 239 a quienes desobedezcan la cuarentena.
15.03.2020 | 11:42
El artículo 7 del decreto 260/2020 que estableció la emergencia sanitaria por el plazo de un año ordena a los funcionarios, personal de salud, quienes estén a cargo de establecimientos educativos y a las autoridades en general, que tomen conocimiento del incumplimiento del aislamiento “radiquen la denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”.
El artículo 205 del código penal argentino dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Mientras que el 239 establece: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
La decisión sobre denunciar ante la justicia a una persona que incumpla el aislamiento obligatorio no es optativo para cada agente ya que pasó a ser una orden establecida en el decreto firmado por el Presidente. En este sentido, su incumplimiento –o sea el no denunciar el hecho en cuestión- pasaría a ser otro delito penal, el de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
El artículo 205 del código penal argentino dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Mientras que el 239 establece: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
La decisión sobre denunciar ante la justicia a una persona que incumpla el aislamiento obligatorio no es optativo para cada agente ya que pasó a ser una orden establecida en el decreto firmado por el Presidente. En este sentido, su incumplimiento –o sea el no denunciar el hecho en cuestión- pasaría a ser otro delito penal, el de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
