Entre Ríos y su deuda pendiente con la prevención de la tortura
Rocío Alconada Alfonsín, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), destacó la importancia de que exista un mecanismo local de prevención de la tortura.
22.09.2020 | 19:45
La comisionada comentó que el Comité puede intervenir en todo el país, independientemente de si la institución está bajo la jurisdicción federal o provincial. Sin embargo, recordó que la ley nacional que originó el organismo fija que cada provincia debe sancionar una norma para conformar su propio mecanismo local. “En esto nos estamos debiendo una discusión fuerte porque son muy pocos los mecanismos locales que están funcionando hoy”, sostuvo.
“Entre Ríos tiene una ley aprobada, pero no está puesta en funcionamiento. Hay un proyecto (en la cámara de Diputados) para hacer alguna modificación vinculada con el presupuesto”, recordó. La referencia es a la norma provincial 10.563, sancionada a fines de 2017 y que debería funcionar en el ámbito de la Legislatura aunque con autarquía funcional y sin recibir “instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado”.
Sin embargo, el mecanismo entrerriano nunca se puso en marcha. Casi dos años después de su sanción, ingresó a Diputados un proyecto de modificación impulsado por el presidente de la bancada oficialista, Juan Navarro, y su par de bancada Diego Lara. que pretendía evitar que los siete integrantes del comité provincial fuesen remunerados, fijando que deberían desempeñarse ad honorem.
La “marca indeleble que dejó en nuestras conciencias la dictadura cívico-militar”, sostuvieron los legisladores en la fundamentación del proyecto de modificación, determina que “cualquier acto u acción de gobierno que pueda llevarse a cabo para erradicar todo vestigio de violación a los derechos humanos, nos compromete personal y colectivamente. Ello nos lleva a considerar que la tarea a desarrollar por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura debe considerarse una carga pública honoraria, debido a la enorme significación social que tan importante labor conlleva”, alegaron.
El proyecto tomó estado parlamentario en septiembre de 2019 y pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales que presidía y preside el propio Lara. Desde entonces está a la espera de despacho para ser tratado por el pleno de la Cámara.
Al respecto, Alconada Alfonsín recordó: “El Comité Nacional de Prevención de la Tortura tiene elaboradas unas recomendaciones que están en el sitio web y que hemos enviado a todas las provincias. No hay un decálogo para formar un mecanismo, porque hay que respetar las particularidades de cada lugar. Pero existen cuestiones que son indispensables para que el funcionamiento sea correcto: que cuente con autonomía y un mínimo de financiamiento. Si hay un mecanismo local sin recursos para funcionar, es muy difícil o imposible trabajar”, argumentó.
“Yo no quiero decirle a los entrerrianos cómo tienen que hacer las cosas – aclaró – pero les diría a los legisladores provinciales que Entre Ríos necesita el Comité y que al Poder Ejecutivo es al que más ayudará, porque es a quien más conviene que las cosas se hagan bien y más colaboración necesita. El espíritu es de colaboración. Es un bien para todos, en definitiva”, consignó.
Alconada Alfonsín describió como de “vital importancia para poder funcionar correctamente” a los mecanismos provinciales a pesar de que el CNPT cuenta con la colaboración de dependencias de Derechos Humanos y de organizaciones sociales.
Al no estar funcionando el mecanismo provincial de prevención de la tortura, el Comité nacional tiene que mantener más de una interlocución en Entre Ríos. El vínculo directo es “con Defensores Generales, con jueces de Ejecución de Penas, con organizaciones de la sociedad civil y también con el Poder Ejecutivo. Pero tenemos que estar hablando con actores diferentes. Y a veces es difícil para la gente de localidades de provincia llegar hasta el Comité nacional cuando tiene un problema. Cuando hay uno local es más fácil denunciar y seguir de cerca”, razonó.
Objetivo
Alconada Alfonsín marcó en diálogo con esta Agencia que el Comité tiene como principal misión la prevensión de la tortura. “Si hacemos historia, el protoco que le da origen busca un cambio en la historia de cómo se la combate”, sostuvo, mencionando que existe abundante normativa internacional y nacional pero la tortura “nunca se ha podido desterrar. Entonces, de lo que se trata es encarar el problema de otra manera, buscando cuáles son las cuestiones sistemáticas que permiten que se dé la tortura y atacar ahí”, definió.
Para ello están los monitoreos que se realizan en los lugares de encierro, un concepto que va más allá de las cárceles. “También lo son los geriátricos o los institutos de salud mental donde hay casos tan graves como en cualquier otro lugar” debido a que existen personas que por una afección psiquiátrica “pueden estar internadas toda la vida porque nadie se acuerda de ellas, ya que la ley de salud mental no termina de ser respetada ni de implementarse”.
Sin embargo, señaló que los lugares de detención son donde se producen “las mayores violaciones de derechos. Si bien no son lugares de encierro, se está privado de la libertad”.
Estas situaciones permiten analizar “cuáles son los comportamientos sistemáticos, las variables que permiten que se produzcan” estos hechos. “Tal vez la función más importante del Comité es funcionar como órgano rector, establecer nexos, colaborativos entre las organizaciones sociales, los organismos gubernamentales y las diferentes instituciones del Estado para modificar que sucedan” situaciones de tortura, apuntó.
“Si hay que hacer denuncias, se hacen. Pero tratamos de ir un paso delante, de evitar eso. Tratamos de que se modifiquen leyes que permitan que estas cuestiones sucedan”, concluyó.
“Entre Ríos tiene una ley aprobada, pero no está puesta en funcionamiento. Hay un proyecto (en la cámara de Diputados) para hacer alguna modificación vinculada con el presupuesto”, recordó. La referencia es a la norma provincial 10.563, sancionada a fines de 2017 y que debería funcionar en el ámbito de la Legislatura aunque con autarquía funcional y sin recibir “instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado”.
Sin embargo, el mecanismo entrerriano nunca se puso en marcha. Casi dos años después de su sanción, ingresó a Diputados un proyecto de modificación impulsado por el presidente de la bancada oficialista, Juan Navarro, y su par de bancada Diego Lara. que pretendía evitar que los siete integrantes del comité provincial fuesen remunerados, fijando que deberían desempeñarse ad honorem.
La “marca indeleble que dejó en nuestras conciencias la dictadura cívico-militar”, sostuvieron los legisladores en la fundamentación del proyecto de modificación, determina que “cualquier acto u acción de gobierno que pueda llevarse a cabo para erradicar todo vestigio de violación a los derechos humanos, nos compromete personal y colectivamente. Ello nos lleva a considerar que la tarea a desarrollar por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura debe considerarse una carga pública honoraria, debido a la enorme significación social que tan importante labor conlleva”, alegaron.
El proyecto tomó estado parlamentario en septiembre de 2019 y pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales que presidía y preside el propio Lara. Desde entonces está a la espera de despacho para ser tratado por el pleno de la Cámara.
Al respecto, Alconada Alfonsín recordó: “El Comité Nacional de Prevención de la Tortura tiene elaboradas unas recomendaciones que están en el sitio web y que hemos enviado a todas las provincias. No hay un decálogo para formar un mecanismo, porque hay que respetar las particularidades de cada lugar. Pero existen cuestiones que son indispensables para que el funcionamiento sea correcto: que cuente con autonomía y un mínimo de financiamiento. Si hay un mecanismo local sin recursos para funcionar, es muy difícil o imposible trabajar”, argumentó.
“Yo no quiero decirle a los entrerrianos cómo tienen que hacer las cosas – aclaró – pero les diría a los legisladores provinciales que Entre Ríos necesita el Comité y que al Poder Ejecutivo es al que más ayudará, porque es a quien más conviene que las cosas se hagan bien y más colaboración necesita. El espíritu es de colaboración. Es un bien para todos, en definitiva”, consignó.
Alconada Alfonsín describió como de “vital importancia para poder funcionar correctamente” a los mecanismos provinciales a pesar de que el CNPT cuenta con la colaboración de dependencias de Derechos Humanos y de organizaciones sociales.
Al no estar funcionando el mecanismo provincial de prevención de la tortura, el Comité nacional tiene que mantener más de una interlocución en Entre Ríos. El vínculo directo es “con Defensores Generales, con jueces de Ejecución de Penas, con organizaciones de la sociedad civil y también con el Poder Ejecutivo. Pero tenemos que estar hablando con actores diferentes. Y a veces es difícil para la gente de localidades de provincia llegar hasta el Comité nacional cuando tiene un problema. Cuando hay uno local es más fácil denunciar y seguir de cerca”, razonó.
Objetivo
Alconada Alfonsín marcó en diálogo con esta Agencia que el Comité tiene como principal misión la prevensión de la tortura. “Si hacemos historia, el protoco que le da origen busca un cambio en la historia de cómo se la combate”, sostuvo, mencionando que existe abundante normativa internacional y nacional pero la tortura “nunca se ha podido desterrar. Entonces, de lo que se trata es encarar el problema de otra manera, buscando cuáles son las cuestiones sistemáticas que permiten que se dé la tortura y atacar ahí”, definió.
Para ello están los monitoreos que se realizan en los lugares de encierro, un concepto que va más allá de las cárceles. “También lo son los geriátricos o los institutos de salud mental donde hay casos tan graves como en cualquier otro lugar” debido a que existen personas que por una afección psiquiátrica “pueden estar internadas toda la vida porque nadie se acuerda de ellas, ya que la ley de salud mental no termina de ser respetada ni de implementarse”.
Sin embargo, señaló que los lugares de detención son donde se producen “las mayores violaciones de derechos. Si bien no son lugares de encierro, se está privado de la libertad”.
Estas situaciones permiten analizar “cuáles son los comportamientos sistemáticos, las variables que permiten que se produzcan” estos hechos. “Tal vez la función más importante del Comité es funcionar como órgano rector, establecer nexos, colaborativos entre las organizaciones sociales, los organismos gubernamentales y las diferentes instituciones del Estado para modificar que sucedan” situaciones de tortura, apuntó.
“Si hay que hacer denuncias, se hacen. Pero tratamos de ir un paso delante, de evitar eso. Tratamos de que se modifiquen leyes que permitan que estas cuestiones sucedan”, concluyó.
Fuente: APF
