PODER JUDICIAL ENTRERRIANO
El 70% de los fiscales de Entre Ríos no es titular
Según la información publicada por el propio Ministerio Público Fiscal (MPF), 7 de cada 10 fiscales no lograron su cargo por concurso ni cuentan con el aval del Senado para ejercer la acusación pública en Entre Ríos.
30.11.2020 | 19:17
El mapa que el MPF tiene publicado en su sitio web da cuenta de la existencia de 18 Unidades Fiscales (UFI) en todo el territorio provincial. Allí se registran 108 fiscales con distintas niveles de responsabilidad. De ese total, solo 31 figuran como titulares, es decir con concursos ganados en el Consejo de la Magistratura y pliegos enviado por el Poder Ejecutivo al Senado y acuerdo de este cuerpo. Los 77 restantes están categorizados como suplentes, interinos, provisorios y temporales. Esto significa que ninguno de ellos tiene la estabilidad que garantiza la Constitución provincial y dependen de la voluntad del Procurador General, Jorge Amilcar Luciano García, para continuar en sus cargos.
Las 18 UFIs están repartidas en cada una de las cabeceras departamentales, con el detalle de que en Federación existe una más en la localidad de Chajarí. En 6 de ellas (Federación, San Salvador, Federal, Villaguay, Villa Paranacito y Gualeguay) el mapa de la Procuración informa que no hay fiscales titulares, sólo funcionarios con algún tipo de precariedad en su nombramiento.
La situación en algunas de las Unidades Fiscales es paradigmática. Concordia registra solamente tres titulares: José Costa; Mario Guerrrero y Mariana Elíaz, mientras que los otros 10 fiscales figuran como suplentes, interinos, transitorios o provisorios: Florencia Casati; Martín Nuñez; Fabio Zabaleta; Germán Dri; Julia Rivoira; José Emilio Arias; Francisco Azcue; Daniela Montangie; Juan Pablo de Giambattista y María Josefina Fonseca.
En Paraná, donde se concentra la mayor cantidad de miembros del Ministerio Público Fiscal, figuran 15 titulares y 21 personas con distinto grado de precariedad.
Los problemas que esto puede traer aparejado van más allá de la cuestión institucional y se reflejan en las dificultades para el ejercicio del acceso a la justicia que tiene la ciudadanía. Es que la Constitución provincial le asigna al MPF la exclusividad para ejercer la acción penal pública y conducir las investigaciones.
Por caso, la decisión de archivar la causa por el crimen de Gabriel Gusmán por parte de Fiscalía fue tomada por dos fiscales que figuran en el mapa como interinos sin acuerdo del Senado: Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quien además está listado como integrante de la Unidad Anticorrupción.
Otro ejemplo es el femicidio de Gisela López en Santa Elena. Las pesquisas estuvieron a cargo de un fiscal suplente, Santiago Alfieri, a quien se le cuestiona la prueba recolectada dado que la conclusión es, hasta ahora, la impunidad del crimen. En particular, se le endilga que dejó un allanamiento clave en manos de la Policía debido a que se habría ido a Santa Fe para asistir a un evento deportivo.
Esta Agencia intentó contactarse con el procurador García para consultarle el grado de actualización del mapa y las especificidades de las designaciones, ya que la Constitución le asigna la potestad de designar y remover su personal y de cubrir “con carácter provisorio” las vacantes hasta que se sustancie el concurso. El Procurador General respondió a través de la oficina de prensa de Tribunales que no realizaría declaraciones, remitió las consultas al texto de la Constitución y de la ley orgánica de los Ministerios Públicos e recordó que los concursos son responsabilidad del Consejo de la Magistratura.
Este organismo, creado para evitar arbitrariedades del poder político en la designación de jueces y funcinarios judiciales, está en mora con los concursos para cubrir fiscalías. A través de la Resolución 1065 del 23 de agosto del 2019 convocó a cubrir 32 cargos de fiscales (concursos 232 al 245), sin que se haya producido hasta el momento otro movimiento que la inscripción de profesionales de la abogacía con interés en los lugares.
A esto debe agregarse que otros 9 cargos para ocupar fiscalías habían salido a concurso (numerados del 217 al 223) a través de la resolución 1050 del 4 de octubre de 2018, pero el trámite aún no han concluido. Recién el pasado viernes 27 de noviembre se concretaron las entrevistas particulares y este lunes 30 se publicó el orden de mérito. Restan las impugnaciones y luego la elevación de ternas al Ejecutivo.
APFDigital ha estado tratando desde mediados de octubre de obtener precisiones sobre este particular del presidente del Consejo, el secretario de Justicia Pablo Biaggini, pero no ha respondido ni los llamados ni los mensajes.
Las 18 UFIs están repartidas en cada una de las cabeceras departamentales, con el detalle de que en Federación existe una más en la localidad de Chajarí. En 6 de ellas (Federación, San Salvador, Federal, Villaguay, Villa Paranacito y Gualeguay) el mapa de la Procuración informa que no hay fiscales titulares, sólo funcionarios con algún tipo de precariedad en su nombramiento.
La situación en algunas de las Unidades Fiscales es paradigmática. Concordia registra solamente tres titulares: José Costa; Mario Guerrrero y Mariana Elíaz, mientras que los otros 10 fiscales figuran como suplentes, interinos, transitorios o provisorios: Florencia Casati; Martín Nuñez; Fabio Zabaleta; Germán Dri; Julia Rivoira; José Emilio Arias; Francisco Azcue; Daniela Montangie; Juan Pablo de Giambattista y María Josefina Fonseca.
En Paraná, donde se concentra la mayor cantidad de miembros del Ministerio Público Fiscal, figuran 15 titulares y 21 personas con distinto grado de precariedad.
Los problemas que esto puede traer aparejado van más allá de la cuestión institucional y se reflejan en las dificultades para el ejercicio del acceso a la justicia que tiene la ciudadanía. Es que la Constitución provincial le asigna al MPF la exclusividad para ejercer la acción penal pública y conducir las investigaciones.
Por caso, la decisión de archivar la causa por el crimen de Gabriel Gusmán por parte de Fiscalía fue tomada por dos fiscales que figuran en el mapa como interinos sin acuerdo del Senado: Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quien además está listado como integrante de la Unidad Anticorrupción.
Otro ejemplo es el femicidio de Gisela López en Santa Elena. Las pesquisas estuvieron a cargo de un fiscal suplente, Santiago Alfieri, a quien se le cuestiona la prueba recolectada dado que la conclusión es, hasta ahora, la impunidad del crimen. En particular, se le endilga que dejó un allanamiento clave en manos de la Policía debido a que se habría ido a Santa Fe para asistir a un evento deportivo.
Esta Agencia intentó contactarse con el procurador García para consultarle el grado de actualización del mapa y las especificidades de las designaciones, ya que la Constitución le asigna la potestad de designar y remover su personal y de cubrir “con carácter provisorio” las vacantes hasta que se sustancie el concurso. El Procurador General respondió a través de la oficina de prensa de Tribunales que no realizaría declaraciones, remitió las consultas al texto de la Constitución y de la ley orgánica de los Ministerios Públicos e recordó que los concursos son responsabilidad del Consejo de la Magistratura.
Este organismo, creado para evitar arbitrariedades del poder político en la designación de jueces y funcinarios judiciales, está en mora con los concursos para cubrir fiscalías. A través de la Resolución 1065 del 23 de agosto del 2019 convocó a cubrir 32 cargos de fiscales (concursos 232 al 245), sin que se haya producido hasta el momento otro movimiento que la inscripción de profesionales de la abogacía con interés en los lugares.
A esto debe agregarse que otros 9 cargos para ocupar fiscalías habían salido a concurso (numerados del 217 al 223) a través de la resolución 1050 del 4 de octubre de 2018, pero el trámite aún no han concluido. Recién el pasado viernes 27 de noviembre se concretaron las entrevistas particulares y este lunes 30 se publicó el orden de mérito. Restan las impugnaciones y luego la elevación de ternas al Ejecutivo.
APFDigital ha estado tratando desde mediados de octubre de obtener precisiones sobre este particular del presidente del Consejo, el secretario de Justicia Pablo Biaggini, pero no ha respondido ni los llamados ni los mensajes.
Fuente: APF
