DEUDA EXTERNA PROVINCIAL
Demandaron a Entre Ríos en New York por la deuda contraída en el 2017
Los Miembros del Grupo Ad Hoc de Bonistas de la Provincia de Entre Ríos que afirma poseer el 54% de los Bonos en dólares ERF 2025, iniciaron un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York debido al incumplimiento de pago del cupón de intereses por u$s 21,8 millones con fecha 8 de agosto del 2020.
05.01.2021 | 08:59
Por JUAN BRACCO
A través de un documento, los bonistas expresaron: “La Provincia incumplió con sus obligaciones a pesar de estar en una sólida situación fiscal. De acuerdo a sus proyecciones presupuestarias, la Provincia muestra niveles de endeudamientos robustos y relativamente similares a los del año 2017, fecha en la que se emitieron dichos Bonos”. El 54% por ciento de los bonos que dicen poseer bloquearía el proceso de reestructuración, ya que Entre Ríos necesita de la anuencia del 75% de los tenedores para ejecutar la cláusula de acción colectiva que aplicaría el acuerdo al total de los acreedores. El monto total de la deuda es de u$s 500 millones. Fue tomada por el gobernador Gustavo Bordet en 2017.
“Cabe mencionar que el servicio de deuda como porcentaje de los ingresos está muy por debajo del límite del 15% aplicable a todas las provincias argentinas en términos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, el cuadro siguiente muestra como la sustentabilidad de la deuda de la Provincia en ningún momento está comprometida”, agregó el Grupo a través de un comunicado de prensa.
“A pesar del injustificado incumplimiento, el Grupo en todo momento ha intentado establecer negociaciones de buena fe ofreciendo a la Provincia un alivio financiero substancial respecto a sus obligaciones”, recordó el comité recordando la contraoferta al segundo esquema de reestructuración que había presentado el Gobierno.
“El Grupo cree firmemente que cualquier reestructuración consensuada debe de cumplir con los Principios Básicos de la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas. De acuerdo a dichos principios, es importante que las reestructuraciones de deuda reflejen adecuadamente la capacidad de pago de la Provincia y se eviten restructuraciones oportunistas”, añadió.
“La más reciente propuesta por parte de la Provincia sigue sin considerar su sólida solvencia financiera, ya que busca concesiones de largo plazo objetivamente injustificables. Es importante resaltar que en caso que la Provincia no considere sus obligaciones contractuales como jurídicamente vinculantes, su perfil crediticio se verá severamente afectado. Como resultado, la Provincia tendrá un acceso financiero limitado y con mayores tasas de interés, repercutiendo en su capacidad para promover el crecimiento y la productividad a través de programas de inversión de capital”, sentenció el Grupo de bonistas.
“Frente a un incumplimiento innecesario y a la continua incapacidad de acordar una solución apropiada, los miembros del Grupo han decidido buscar una resolución judicial como primer paso para hacer respetar sus derechos contractuales. Si bien, el Grupo está dispuesto a negociar en términos de los principios arriba mencionados, no dudara en hacer uso de sus derechos contractuales ante la falta de una negociación constructiva. Los miembros del Grupo han contratado a Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan LLP para llevar a cabo las acciones legales pertinentes. White & Case LLP continuará representando al Grupo ante cualquier discusión de restructuración con la Provincia”, concluyó el parte, dado a conocer esta tarde.
“Cabe mencionar que el servicio de deuda como porcentaje de los ingresos está muy por debajo del límite del 15% aplicable a todas las provincias argentinas en términos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, el cuadro siguiente muestra como la sustentabilidad de la deuda de la Provincia en ningún momento está comprometida”, agregó el Grupo a través de un comunicado de prensa.
“A pesar del injustificado incumplimiento, el Grupo en todo momento ha intentado establecer negociaciones de buena fe ofreciendo a la Provincia un alivio financiero substancial respecto a sus obligaciones”, recordó el comité recordando la contraoferta al segundo esquema de reestructuración que había presentado el Gobierno.
“El Grupo cree firmemente que cualquier reestructuración consensuada debe de cumplir con los Principios Básicos de la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas. De acuerdo a dichos principios, es importante que las reestructuraciones de deuda reflejen adecuadamente la capacidad de pago de la Provincia y se eviten restructuraciones oportunistas”, añadió.
“La más reciente propuesta por parte de la Provincia sigue sin considerar su sólida solvencia financiera, ya que busca concesiones de largo plazo objetivamente injustificables. Es importante resaltar que en caso que la Provincia no considere sus obligaciones contractuales como jurídicamente vinculantes, su perfil crediticio se verá severamente afectado. Como resultado, la Provincia tendrá un acceso financiero limitado y con mayores tasas de interés, repercutiendo en su capacidad para promover el crecimiento y la productividad a través de programas de inversión de capital”, sentenció el Grupo de bonistas.
“Frente a un incumplimiento innecesario y a la continua incapacidad de acordar una solución apropiada, los miembros del Grupo han decidido buscar una resolución judicial como primer paso para hacer respetar sus derechos contractuales. Si bien, el Grupo está dispuesto a negociar en términos de los principios arriba mencionados, no dudara en hacer uso de sus derechos contractuales ante la falta de una negociación constructiva. Los miembros del Grupo han contratado a Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan LLP para llevar a cabo las acciones legales pertinentes. White & Case LLP continuará representando al Grupo ante cualquier discusión de restructuración con la Provincia”, concluyó el parte, dado a conocer esta tarde.
Fuente: VALOR LOCAL
