Otro 8M sin Fátima, sin Romina, sin Julieta, sin Gisela, sin Juana

El tema de género está en todos lados, en cualquier conversación, en los discursos de aspirantes a los cargos en la justicia, en las plataformas políticas, en actos, en notas periodísticas, en la mesa de la reunión social. Sin embargo, este 8M nos encuentra nuevamente frente a las demandas de una sociedad libre de violencias hacia las mujeres y hacia las personas, más allá de cualquier identidad de género, para pedir una vez más, por condiciones igualitarias y justicia de género.

Por mencionar algunos ejemplos, las brechas salariales rondan el 30 por ciento; las dificultades para acceder a puestos de trabajo son una constante, y en tiempos de pandemia se ha puesto sobre la mesa la enorme tarea no remunerada que realizan las mujeres en el ámbito doméstico, al cuidado de niñas, niños, adolescentes y personas mayores; los lugares de decisión son mayoritariamente ocupados por varones. Varones que no solo no están dispuestos a renunciar a esos privilegios, sino que además ostentan de los mismos en cualquier foto pública, donde los muestra alrededor de una mesa donde se negocian nuestros destinos. En lo económico, en lo político, en lo sindical, en el mundo empresarial, y en cada esfera de la vida pública, se declama más de lo que se hace, con la excusa de decir “estamos en un proceso” hacia la equidad.

Pero si hay un lugar en el cual la declamación se hace insoportable es en el sistema judicial. Allí la falta de hechos concretos queda en evidencia de manera brutal en la cantidad de feminicidios que se producen día a día en el país. Entre Ríos tampoco escapa a esta realidad en la cual la falta de celeridad y la inmediatez en la adopción de medidas de protección, se cobra la vida de las mujeres, las deja lesionadas o amedrentadas para continuar realizando denuncias. Este es un mensaje que reciben otras víctimas, que las desalienta a denunciar, que las vuelve a zambullir en los círculos de violencia sin escapatoria. Y por supuesto es un mensaje para la sociedad toda, y sobre todo los victimarios, hombres violentos, que reafirman su lugar de “seres protegidos”.

Hoy no están Fátima Acevedo, Romina Roda, Julieta Riera, Gisela Grispi, Juana Evelyn Lescano, asesinadas en 2020 en la provincia de Entre Ríos. Sus nombres engrosan la lista de los feminicidios que se registran en el país durante el año pasado: uno cada 23 horas de acuerdo a los Observatorios Lucía Pérez y Adriana Marisel Zambrano, y que en lo que va del 2021 hay más cantidad de feminicidios que de días transitados.

No son números, son historias de vida, son familias devastadas, son hijes que han quedado en orfandad, son mujeres que no pudieron escapar a la máxima expresión de la violencia, el feminicidio. Otras siguen en la pelea por lograr que los violentos dejen de amenzarlas a ellas y a sus hijes, de hostigarlas, de decir que las van a matar, mientras violan una y otra vez las medidas de restricción perimetral, se amparan en sistemas que los protegen, se resguardan en el escudo protector de las casas de sus familiares, sordos, ciegos, mudos frente a la violencia pre existente.

Y también están aquellas que en los ámbitos laborales, económicos, así como en los medios de comunicación o a la hora de parir, o en una institución, sufren por las diferentes formas que adquiere la violencia, encontrándose en una lucha desmedida que muestra las relaciones que adquiere el poder en cada uno de los vínculos construidos desde los estereotipos, sin entrar a analizar las violencias que sufren travestis y trans, absolutamente invisibles a los ojos de cualquiera.

Han sido –y lo siguen siendo– las organizaciones sociales y feministas las que han denunciado las fallas que ha mostrado el sistema de manera reincidente, pero sus voces no han sido tenidas en cuenta, como no son tenidas en cuenta la voz de las mujeres. 

El sistema de justicia “hace como si”. Con suerte –por el reclamo social y de las organizaciones–juzga a los violentos, pero no indaga en la cadena de responsabilidades que provoca la muerte de mujeres que acudieron a distintos organismos, también a las fiscalías y Juzgados de Paz, pidiendo protección, gritando por justicia. 

Esa “justicia” es la que desoye la voz de las mujeres, es la que les pide pruebas siempre a las víctimas, incluso les hace test psiquiátricos y psicológicos para ver si están diciendo la verdad. Esa “justicia”  les da un papel donde consta la denuncia para que vuelvan a sus casas, o les pide que vuelvan otro día, o aplican dispositivos como el botón antipánico, que ya se sabe sobradamente que no funcionan, que las vuelve a “hacer cargo” de su propia protección.

Este 8M, además de condiciones que garanticen la inserción laboral y condiciones dignas y equitativas, las mujeres, lesbianas, travestis y trans seguiremos pidiendo que no nos maten, seguiremos exigiendo una vida libre de violencias, una sociedad más justa y humana.