POLÍTICA Y JUSTICIA
El CAER quiere que la jubilación de Castrillón no impida su juicio político
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos dijo que el “no respeto al procedimiento constitucional del Juicio Político genera dudas y suspicacias”. “No debemos naturalizar que un trámite administrativo se interponga en el proceso de un juicio político en curso”, sostuvo.
10.05.2021 | 10:47
El vocal del Superior Tribunal de Justicia Emilio Castrillón será sometido a juicio político por un hecho en el que discutió con vecinos suyos en La Paz, en donde vive. En este marco, Castrillón inició el proceso jubilatorio con el que se daría por terminado el proceso político-judicial en su contra.
El CAER se opuso a que el pedido de jubilación de Castrillón impida su juicio político. “Creemos importante remarcar que el no respeto al procedimiento constitucional del Juicio Político genera dudas y suspicacias en los profesionales de la abogacía y en la sociedad que lesionan a los poderes del estado, la vigencia de la división de poderes, y el juego de frenos y contrapesos del sistema democrático”, estimó el Colegio de la Abogacía, mediante un comunicado de prensa.
“Desde el lugar que nos toca ocupar institucionalmente debemos referirnos, como operadores de justicia, frente a los reclamos de la sociedad en su conjunto que reclama una justicia verosímil, ordenada, con equilibrio e independencia de los otros poderes del Estado”, agregó.
Finalmente, aunque en el mismo sentido, dijo que el CAER “no debe naturalizar que un trámite administrativo se interponga en el proceso de un juicio político en curso”. “Esta herramienta de control del funcionamiento del Poder Judicial es parte de un equilibrado sistema de compensación de poderes y de controles cruzados, pero evidentemente, se encuentran salidas alternativas para el pleno ejercicio”, remató.
El CAER se opuso a que el pedido de jubilación de Castrillón impida su juicio político. “Creemos importante remarcar que el no respeto al procedimiento constitucional del Juicio Político genera dudas y suspicacias en los profesionales de la abogacía y en la sociedad que lesionan a los poderes del estado, la vigencia de la división de poderes, y el juego de frenos y contrapesos del sistema democrático”, estimó el Colegio de la Abogacía, mediante un comunicado de prensa.
“Desde el lugar que nos toca ocupar institucionalmente debemos referirnos, como operadores de justicia, frente a los reclamos de la sociedad en su conjunto que reclama una justicia verosímil, ordenada, con equilibrio e independencia de los otros poderes del Estado”, agregó.
Finalmente, aunque en el mismo sentido, dijo que el CAER “no debe naturalizar que un trámite administrativo se interponga en el proceso de un juicio político en curso”. “Esta herramienta de control del funcionamiento del Poder Judicial es parte de un equilibrado sistema de compensación de poderes y de controles cruzados, pero evidentemente, se encuentran salidas alternativas para el pleno ejercicio”, remató.
