¿Quién financió los escraches a los abogados del jury contra Goyeneche?

Un grupo de abogados se presentó este lunes en los tribunales para ampliar la denuncia sobre los hechos ocurridos el 10 de junio pasado cuando un grupo de mujeres, enroladas supuestamente en el espacio político Equipo Republicano, ingresó a una audiencia para increpar a los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri.

Los hechos, que fueron grabados y difundidos en redes sociales y medios, motivaron una investigación de oficio por supuestos daños. El grupo no solo interrumpió la audiencia sino que también agredió verbalmente y en tono de amenazas a los doctores Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Ignacio Díaz y Juan Méndez. La secuencia terminó con la pegatina de carteles en la puerta del estudio de Barrandeguy.

Los abogados, a los que se suma Cristian Panceri y José Velázquez, solicitaron constituirse como querellantes en la causa en la que creen que hubo más que un “hostigamiento” hacia los letrados.

Si bien saludan la apertura de causa que lleva la fiscal Mercedes Nin, solicitan investigar sobre las personas, que se encuentran individualizadas por la Policía en el momento en que ingresaron a la sala de tribunales donde se produjeron las amenazas, hostigamientos y amedrentamientos. La fiscal espera pericias, entre ellas un informe de Inteligencia Criminal.

El interés de los abogados surgió luego de que se empiece a tirar de la piola sobre la procedencia de este grupo que venía manifestándose en la puerta de los tribunales para apoyar a la doctora Cecilia Goyeneche durante el proceso del Jurado de Enjuiciamiento y, a la vez, cuestionaba a Urribarri.

La conexión de elementos que se fueron desprendiendo luego del atentado contra Cristina Kirchner permite encausar esa trama con la de Paraná.


























Para los abogados, según se desprende de la presentación realizada este lunes, siguiendo la línea investigativa de los hechos ocurridos en Capital Federal, lo de Paraná “no se trataría de un acto aislado, sino de una forma de actuar habitual con claras intenciones de llevar adelante un discurso violento, amenazante y de hostigamiento e intolerable”, porque además “no solo los abogados defensores fueron objeto de los actos violentos, sino también miembros de la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia y distintos referentes de diversos grupos”, dice la petición.

En esa línea es que solicitan avanzar en la investigación, ampliar los hechos e instar a la producción de pruebas. Lo central sería dilucidar quién financia a este grupo que – según ellos mismos – se presentaron como foráneos, lo que aparece como inaudito su notable atención y participación en un episodio propio de la provincia como fue el jury. Hay datos inquietantes sobre estos grupos y el PRO. Se conoció, por ejemplo, que los abogados de los principales sospechosos del ataque a la vicepresidenta eran asesores de legisladores del partido fundado por Mauricio Macri.

En Entre Ríos, cuando se llevaba adelante el jury de Goyeneche, hubo comunicados en apoyo a la procuradora adjunta destituida. Luego de todo el proceso, dos figuras importantes de la estructura de la UCR le confiaron a este cronista que se había ejercido mucha presión de Buenos Aires para que el radicalismo apoye. La presión venía del PRO. Rogelio Frigerio seguramente podría dar cuenta de eso, porque él no tenía intenciones de meterse, pero debió hacerlo a último momento por circunstancias idénticas a las sufridas por radicales.

Los abogados peticionantes están dispuestos a tirar más de la piola.