CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Comenzó el tercer juicio por la Noche del Mimeógrafo
Dos policías retirados de la Federal están acusados de secuestrar y torturar a militantes de la UES que difundían volantes contra la dictadura. Un juicio exprés, demorado y parcial.
19.10.2022 | 08:34
Con la lectura de cargos comenzó el juicio contra dos policías de la Federal retirados acusados de haber secuestrado y torturado a jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Concepción del Uruguay durante la última dictadura cívico militar, en un operativo que se conoce como la Noche del Mimeógrafo. Se trata del tercer juicio que se lleva a cabo sobre esos hechos, aunque los acusados serán enjuiciados por crímenes de lesa humanidad por primera vez, y que debería haber comenzado hace un año, pero fue demorado por un pedido de la Fiscalía. Se espera que entre el martes y el miércoles haya testimonios y el jueves sucedan los alegatos de las partes y el veredicto del Tribunal Oral Federal de esa ciudad entrerriana.
Para 1976, César Román, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Rodríguez eran estudiantes de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay y militaban en la UES. Con sus secuestros, la madrugada del 19 de julio, el grupo de tareas integrado por policías de la Federal que barrió las calles de la ciudad durante la última dictadura comenzó una cacería que duró dos semanas. Se llevó también a Juan Carlos Romero, Carlos Zenit, José Pedro Peluffo, que pertenecían al centro de estudiantes en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza, y a Víctor Baldunciel, que había egresado recientemente de esa institución. Luego fue por Darío Morend, referente de la Juventud Peronista (JP); Horacio Valente, simpatizante del Partido Auténtico; Carlos Martínez Paiva, militante de izquierda; y Mario Maffei, docente.
Fueron llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción, donde entonces funcionaba un centro clandestino, y allí, torturados. Mientras Morend, Valente y Martínez Paiva fueron trasladados a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y recuperaron la libertad a fines de 1978, los jóvenes secundarios fueron liberados tras varios días de tormentos. La jauría de represores quería saber dónde estaba el mimeógrafo con el que habían imprimido los volantes con los que los jóvenes denunciaban a la dictadura. De la búsqueda de ese aparato, que finalmente los policías secuestraron de la casa de Morend, se tomó el nombre con el que fue bautizada la causa..
El juicio revisará las responsabilidades de dos integrantes de la patota, Luis “Cordobés” Varela y Jorge “Manchado” Rodríguez, por la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos ejercidas contra los entonces adolescentes Román, Minatta, Rodríguez y Romero. El resto de las víctimas quedaron fuera de este tramo de debate oral, pero también varios otros represores.
Esos puntos son los que puso de relieve la abogada Lucía Tejera, que representa la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio. “Celebramos la realización de un nuevo juicio siempre”, apuntó y aclaró que se trata de un debate que “llega tarde porque las víctimas hace mucho tiempo que nombraron a estos imputados, y que es parcial, ya que abarca sólo cuatro hechos”. “Si realmente queremos que el escenario judicial sea reparador, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deben comprometerse a investigar los hechos de manera global, no solo para poder dar cuenta de la sistematicidad y dimensión de los hechos sino también para que las víctimas y familiares no deban poner el cuerpo una y otra vez para relatar lo que vienen relatando hace tiempo”, completó la abogada.
Los hechos fueron juzgados por primera vez en el marco de la causa que repasó la responsabilidad del exministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy en crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos. El juicio tuvo lugar en 2012 y condenó a los policías retirados Julio César Rodríguez y Francisco Crescento por la Noche del Mimeógrafo. En 2017, tras permanecer prófugo durante varios años, el policía Darío Mazzaferri también fue juzgado y penado.
El tercer tramo iba a desarrollarse en septiembre de 2021, pero la fiscal del juicio, María de los Milagros Squivo –que tuvo avanzando a paso de hormiga la causa en la instrucción hasta hace algunos años, cuando la tomó a cargo su colega Josefina Minatta– recusó a dos de los tres jueces del tribunal federal por haber participado en los tramos previos.
“Es un sabor agridulce porque los hechos ya fueron expuestos por los testigos en los juicios previos, pero por inacción de la Fiscalía se los expone a que otra vez tengan que relatar lo que sufrieron. Lo harán y serán muy duros y muy críticos con esta situación, porque entienden que el Estado a partir de la inacción de la Fiscalía los han revictimizado”, planteó el abogado que representa la querella de los sobrevivientes,
Marcelo Boeyquens.
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“Desde la recuperación de centros de estudiantes que empezamos en 1975 y 1976 organizamos aquel tema de los volantes, pero no fue lo único ni lo más importante que hicimos –sostuvo–. El movimiento de estudiantes secundarios sufrió varias pequeñas noches de los lápices en todo el país por enfrentar a la dictadura desde la militancia joven y queremos reivindicar y reconstruir esa lucha”.
Para 1976, César Román, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Rodríguez eran estudiantes de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay y militaban en la UES. Con sus secuestros, la madrugada del 19 de julio, el grupo de tareas integrado por policías de la Federal que barrió las calles de la ciudad durante la última dictadura comenzó una cacería que duró dos semanas. Se llevó también a Juan Carlos Romero, Carlos Zenit, José Pedro Peluffo, que pertenecían al centro de estudiantes en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza, y a Víctor Baldunciel, que había egresado recientemente de esa institución. Luego fue por Darío Morend, referente de la Juventud Peronista (JP); Horacio Valente, simpatizante del Partido Auténtico; Carlos Martínez Paiva, militante de izquierda; y Mario Maffei, docente.
Fueron llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción, donde entonces funcionaba un centro clandestino, y allí, torturados. Mientras Morend, Valente y Martínez Paiva fueron trasladados a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y recuperaron la libertad a fines de 1978, los jóvenes secundarios fueron liberados tras varios días de tormentos. La jauría de represores quería saber dónde estaba el mimeógrafo con el que habían imprimido los volantes con los que los jóvenes denunciaban a la dictadura. De la búsqueda de ese aparato, que finalmente los policías secuestraron de la casa de Morend, se tomó el nombre con el que fue bautizada la causa.
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Un juicio exprés, demorado y parcial
El juicio revisará las responsabilidades de dos integrantes de la patota, Luis “Cordobés” Varela y Jorge “Manchado” Rodríguez, por la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos ejercidas contra los entonces adolescentes Román, Minatta, Rodríguez y Romero. El resto de las víctimas quedaron fuera de este tramo de debate oral, pero también varios otros represores.Esos puntos son los que puso de relieve la abogada Lucía Tejera, que representa la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio. “Celebramos la realización de un nuevo juicio siempre”, apuntó y aclaró que se trata de un debate que “llega tarde porque las víctimas hace mucho tiempo que nombraron a estos imputados, y que es parcial, ya que abarca sólo cuatro hechos”. “Si realmente queremos que el escenario judicial sea reparador, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deben comprometerse a investigar los hechos de manera global, no solo para poder dar cuenta de la sistematicidad y dimensión de los hechos sino también para que las víctimas y familiares no deban poner el cuerpo una y otra vez para relatar lo que vienen relatando hace tiempo”, completó la abogada.
Los hechos fueron juzgados por primera vez en el marco de la causa que repasó la responsabilidad del exministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy en crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos. El juicio tuvo lugar en 2012 y condenó a los policías retirados Julio César Rodríguez y Francisco Crescento por la Noche del Mimeógrafo. En 2017, tras permanecer prófugo durante varios años, el policía Darío Mazzaferri también fue juzgado y penado.
El tercer tramo iba a desarrollarse en septiembre de 2021, pero la fiscal del juicio, María de los Milagros Squivo –que tuvo avanzando a paso de hormiga la causa en la instrucción hasta hace algunos años, cuando la tomó a cargo su colega Josefina Minatta– recusó a dos de los tres jueces del tribunal federal por haber participado en los tramos previos.
“Es un sabor agridulce porque los hechos ya fueron expuestos por los testigos en los juicios previos, pero por inacción de la Fiscalía se los expone a que otra vez tengan que relatar lo que sufrieron. Lo harán y serán muy duros y muy críticos con esta situación, porque entienden que el Estado a partir de la inacción de la Fiscalía los han revictimizado”, planteó el abogado que representa la querella de los sobrevivientes,
Marcelo Boeyquens.
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Una oportunidad
César Román vive en Mar del Plata, pero viajó a Concepción del Uruguay para contar a la Justicia lo que le tocó atravesar durante el genocidio. Una vez más –declaró en los tramos previos de la causa–. Sentado en la Plaza Ramírez, “el centro público de la ciudad”, horas antes de que comience el debate, le contó a Página|12 que para él, este tercer tramo es una “oportunidad no ya de esclarecer los hechos, porque ya están probados que sucedieron, sino sobre todo de construir memoria de la militancia que sostuvimos desde los secundarios”.“Desde la recuperación de centros de estudiantes que empezamos en 1975 y 1976 organizamos aquel tema de los volantes, pero no fue lo único ni lo más importante que hicimos –sostuvo–. El movimiento de estudiantes secundarios sufrió varias pequeñas noches de los lápices en todo el país por enfrentar a la dictadura desde la militancia joven y queremos reivindicar y reconstruir esa lucha”.
Fuente: PÁGINA 12