DENUNCIA PENAL DESDE LA FISCALÍA
Casaretto, víctima del espionaje ilegal del gobierno porteño
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por utilizar las cámaras de la comuna para espiar ilegalmente a miles de personas, entre las que se encontraban el entrerriano Marcelo Casaretto.
29.05.2023 | 19:37
Casaretto fue notificado por el Ministerio Público Fiscal que habría sido víctima de espionaje ilegal por parte del gobierno porteño.
La investigación inicial apunta a determinar los motivos por los que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pidió el seguimiento biométrico, mediante las 300 cámaras radicadas en la ciudad, de miles de personas, entre las que se encontraban el diputado entrerriano del FDT Marcelo Casaretto.
Según la fiscalía, Casaretto fue “seguido” el 6/4/2020 a las 9.02.
El diputado indicó en sus cuentas de redes sociales la ilegalidad del accionar porteño. “El Convenio entre RENAPER y CABA se refería al intercambio de información para el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). La tecnología permite localizar personas, mediante la detección de rostros a través de 300 cámaras de video-vigilancia que están ubicadas en distintas calles y estaciones de subte. Este sistema fue declarado inconstitucional por la justicia, en su uso indiscriminado, violando la Ley de Protección de Datos Personales n° 25.326”, señaló.
Por el momento, Casaretto no adelantó si se presentará como querellante en la denuncia penal promovida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra CABA.
La investigación inicial apunta a determinar los motivos por los que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pidió el seguimiento biométrico, mediante las 300 cámaras radicadas en la ciudad, de miles de personas, entre las que se encontraban el diputado entrerriano del FDT Marcelo Casaretto.
Según la fiscalía, Casaretto fue “seguido” el 6/4/2020 a las 9.02.
El diputado indicó en sus cuentas de redes sociales la ilegalidad del accionar porteño. “El Convenio entre RENAPER y CABA se refería al intercambio de información para el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). La tecnología permite localizar personas, mediante la detección de rostros a través de 300 cámaras de video-vigilancia que están ubicadas en distintas calles y estaciones de subte. Este sistema fue declarado inconstitucional por la justicia, en su uso indiscriminado, violando la Ley de Protección de Datos Personales n° 25.326”, señaló.
Por el momento, Casaretto no adelantó si se presentará como querellante en la denuncia penal promovida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra CABA.