RETROCESOS EN EL PROYECTO DE ÉTICA PÚBLICA
Frigerio quiere designar a dedo a su titular
El proyecto de la ley de "Ética Pública" que se discute en diputados se frenó cuando desde JxER intentaron, primero, licuar el rechazo propuesto por el PJ para que negacionistas de la dictadura puedan ser funcionarios, y, segundo, quitar la obligación del concurso público para la jefatura del área.
07.08.2024 | 10:25
Por EDUARDO CARAVACA
Desde el inicio de la gestión provincial, el gobernador Rogelio Frigerio propuso la sanción de una Ley de Ética Pública, a la que consideró un pilar fundamental para transparentar el funcionamiento del Estado. Así lo señaló en la apertura de sesiones legislativas, en febrero, cuando afirmó que el proyecto incluiría “un régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses, para que ningún funcionario público opere de los dos lados del mostrador”. Del mismo modo anunciaba la inclusión de la figura de Ficha Limpia “para que personas que tengan condenas firmes por corrupción, acoso sexual o violencia de género, entre otros delitos, no puedan presentarse a elecciones ni ser designados como funcionarios".
Pocos días después, a partir del 20 de febrero, el oficialismo en la legislatura impulsó el tratamiento de la norma, a la que enarboló como un símbolo del cambio de época en Entre Ríos. Pasaron casi seis meses y la ley de Ética Pública sigue en Diputados, sin obtener dictamen de comisión a raíz de cambios que el propio Ejecutivo busca incorporar contradiciendo los acuerdos alcanzados por todos los bloques.
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Sucedió que dos de sus correligionarios, los diputados Carola Laner y Silvio Gallay, se negaron a firmar el dictamen acordado en comisión, argumentando su oposición a la “clausula antinegacionista” que se había agregado a la redacción de la norma.
La cláusula “antinegacionista” fue una propuesta del uruguayense Yari Seyler, y señalaba que los funcionarios deberán “abstenerse de realizar por cualquier medio, exteriorizaciones, expresiones, o declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar o relativizar delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos del terrorismo de Estado, así como también tendientes a elogiar, celebrar, minimizar, justificar o aprobar a los autores responsables de los delitos mencionados”.
En un principio todos estuvieron de acuerdo, pero a la hora de firmar el dictamen aparecieron las disidencias de Laner y Gallay. Fuentes de la legislatura señalaron al momento como “extraño”, al punto que legisladores oficialistas sospechaban que el sorpresivo cambio de postura era una maniobra del Ejecutivo para dilatar la sanción de la ley. La misma ley que Frigerio reclamaba en cuanta oportunidad tuvo tanto en campaña, como luego cuando asumió.
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Si bien la "clausula antinegacionista" de Seyler siguió siendo objeto de polémicas, y sufrió una fuerte poda por parte del oficialismo con el apoyo de los diputados libertarios, el mayor cambio lo hicieron en el artículo que establece la forma en que se designará al titular de la Oficina de Ética Pública, la que sería la autoridad de aplicación de la ley.
En este sentido, hasta la semana pasada, el bloque de Juntos por Entre Ríos apoyaba que la designación de este funcionario fuera mediante un Concurso de Antecedentes y Oposición cerrado dentro de la administración pública provincial. La idea era la de permitir la participación de los empleados provinciales con título universitario, una antigüedad superior a quince años de servicio y más de 35 años de edad.
Sin embargo, JxER reemplazó la redacción por otra que establecía que el titular de la Oficina de Ética Pública “Será designado por el Poder Ejecutivo, y permanecerá en sus funciones por el término de cinco años, pudiendo ser reelecto por una única vez”.
Los cambios volvieron a empantanar el proyecto, que se suponía que iba a ser uno de los pilares del “modo Frigerio” de gobernar.
Los cambios que pretende JxER habrían sido impulsados directamente por Rogelio Frigerio, según informaban desde el oficialismo en diputados.
La sensación que quedó en el ambiente legislativo fue la de que alguien le había advertido a Frigerio que su pretendida ley de Ética Pública podría convertirse en un problema si es aplicada por alguien que no sea de su entorno. Claramente, en el universo de empleados públicos en condiciones de concursar hay muchos que no son oficialistas y podrían carecer de la “flexibilidad” requerida a la hora de aplicar la nueva norma.
Pocos días después, a partir del 20 de febrero, el oficialismo en la legislatura impulsó el tratamiento de la norma, a la que enarboló como un símbolo del cambio de época en Entre Ríos. Pasaron casi seis meses y la ley de Ética Pública sigue en Diputados, sin obtener dictamen de comisión a raíz de cambios que el propio Ejecutivo busca incorporar contradiciendo los acuerdos alcanzados por todos los bloques.
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¿QUÉ PASÓ?
En este marco, el 30 de julio se reunieron las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales para ponerle el moño al dictamen que permitiera llevar el proyecto al recinto. Era tal la confianza en que eso ocurriría que la presidenta de A. C., Gabriela Lena, adelantó una publicación en sus redes indicando que se había logrado el dictamen favorable, aunque luego tuvo que borrarla.Sucedió que dos de sus correligionarios, los diputados Carola Laner y Silvio Gallay, se negaron a firmar el dictamen acordado en comisión, argumentando su oposición a la “clausula antinegacionista” que se había agregado a la redacción de la norma.
La cláusula “antinegacionista” fue una propuesta del uruguayense Yari Seyler, y señalaba que los funcionarios deberán “abstenerse de realizar por cualquier medio, exteriorizaciones, expresiones, o declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar o relativizar delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos del terrorismo de Estado, así como también tendientes a elogiar, celebrar, minimizar, justificar o aprobar a los autores responsables de los delitos mencionados”.
En un principio todos estuvieron de acuerdo, pero a la hora de firmar el dictamen aparecieron las disidencias de Laner y Gallay. Fuentes de la legislatura señalaron al momento como “extraño”, al punto que legisladores oficialistas sospechaban que el sorpresivo cambio de postura era una maniobra del Ejecutivo para dilatar la sanción de la ley. La misma ley que Frigerio reclamaba en cuanta oportunidad tuvo tanto en campaña, como luego cuando asumió.
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LO ÚLTIMO
Este martes 6 de agosto volvieron a convocarse las comisiones: Legislación General, que Marcelo López, y Asuntos Constitucionales, que encabeza la chajaricense Gabriela Lena. Los peronistas pensaban que el oficialismo habría saldado sus diferencias y se preparaban para una reunión breve, en la que básicamente firmarían el dictamen, pero no ocurrió. Apenas iniciado el encuentro, los presidentes de ambas comisiones informaron que habían hecho cambios, de manera unilateral sin negociar con los otros bloques, al dictamen trabajado hasta ese momento.Si bien la "clausula antinegacionista" de Seyler siguió siendo objeto de polémicas, y sufrió una fuerte poda por parte del oficialismo con el apoyo de los diputados libertarios, el mayor cambio lo hicieron en el artículo que establece la forma en que se designará al titular de la Oficina de Ética Pública, la que sería la autoridad de aplicación de la ley.
En este sentido, hasta la semana pasada, el bloque de Juntos por Entre Ríos apoyaba que la designación de este funcionario fuera mediante un Concurso de Antecedentes y Oposición cerrado dentro de la administración pública provincial. La idea era la de permitir la participación de los empleados provinciales con título universitario, una antigüedad superior a quince años de servicio y más de 35 años de edad.
Sin embargo, JxER reemplazó la redacción por otra que establecía que el titular de la Oficina de Ética Pública “Será designado por el Poder Ejecutivo, y permanecerá en sus funciones por el término de cinco años, pudiendo ser reelecto por una única vez”.
Los cambios volvieron a empantanar el proyecto, que se suponía que iba a ser uno de los pilares del “modo Frigerio” de gobernar.
Los cambios que pretende JxER habrían sido impulsados directamente por Rogelio Frigerio, según informaban desde el oficialismo en diputados.
La sensación que quedó en el ambiente legislativo fue la de que alguien le había advertido a Frigerio que su pretendida ley de Ética Pública podría convertirse en un problema si es aplicada por alguien que no sea de su entorno. Claramente, en el universo de empleados públicos en condiciones de concursar hay muchos que no son oficialistas y podrían carecer de la “flexibilidad” requerida a la hora de aplicar la nueva norma.
