MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA
Un ministro de varios lados del mostrador
El ministro de Salud es socio gerente y director médico de una clínica de Paraná a la que la Provincia le paga sumas millonarias por atender pacientes sin cobertura social. Además sigue como jefe del servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana y atiende, además, en su consultorio particular.
26.08.2024 | 10:09
El ministro de Salud, Guillermo Grieve, es socio gerente y director médico de una clínica de Paraná a la cual el Estado provincial le paga sumas millonarias por la atención de pacientes que no tienen cobertura social. Además, se desempeña desde hace años como jefe del servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana y sigue atendiendo en su consultorio particular.
La superposición de estos cuatro empleos muestra conflictos de intereses por todas partes, algunos de los cuales aparecen como violatorios de determinadas normas e incluso pueden encuadrar en delitos tipificados en el Código Penal.
A la vez, el ejercicio part time del cargo de ministro al frente de una de las carteras más complejas no alcanza para el sistema de salud pública de la provincia, que presenta problemas graves.
Las incompatibilidades de Grieve son tema de charla en ámbitos médicos, políticos y de la cartera sanitaria. Los comentarios datan de antes de ser ministro cuando, en su rol de jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, derivaba pacientes al centro de rehabilitación Caice, ubicado en calle La Paz en la capital provincial.
No obstante, la situación se puso en foco a partir de un reciente conflicto entre el Caice y el Iosper en el que el doble rol de Grieve quedó en evidencia.
La obra social aplicó en julio un incremento en los aranceles de las prestaciones para los afiliados de Iosper internados en Caice. Grieve, en representación de la institución privada, reclamó una suba mayor. Al no obtener una respuesta positiva, el ministro anotició a los familiares de los pacientes que no los podrían continuar atendiendo en el centro de rehabilitación.
“Ya se vivió una situación similar al año pasado, cuando el doctor Grieve le expresó a familiares de afiliados internados en su centro de rehabilitación que el Iosper no otorgaba los incrementos que él requería, los envió a reclamar a la obra social y les avisó que, en caso contrario, dejaría de brindar las prestaciones. Este año pasa lo mismo, pero con la función de Grieve como ministro se hace difícil sopesar la situación”, dijo a Radio Plaza el presidente del Iosper, Fernando Cañete. También habló de “extorsión”.
La obra social de la provincia tiene actualmente 15 pacientes internados en la clínica de Grieve. La facturación del mes pasado fue cercana a los 40 millones de pesos por esa atención.
“A mi juicio hay incompatibilidad, pero no soy yo quién para determinarlo. Ya estuve en conversación con el equipo de abogados de Iosper para saber si mi rol como funcionario público no amerita que haga una presentación ante algún organismo para cubrirme las espaldas. Porque si como funcionario detecto la posible comisión de un delito debo denunciarlo. Si no, voy a terminar siendo responsable yo”, advirtió Cañete.
Apurar los expedientes
Además de los afiliados de Iosper, se atienden en Caice pacientes que no tienen cobertura social, que necesitan rehabilitación y que son derivados de los hospitales de la provincia. Llegan especialmente del San Martín de Paraná y el Masvernat de Concordia, que son los que tienen los servicios de terapia intensiva de mayor complejidad.
Son pacientes que requieren este tipo de atención que el sistema público no les puede brindar y no tienen recursos económicos para afrontarlos. Se los denomina en la jerga administrativa “pacientes ministeriales” porque es el ministerio el que paga los gastos médicos a una serie de proveedores registrados, entre los que figura el instituto de Grieve.
Caice es el único centro de rehabilitación de alta complejidad en la provincia. Lo sigue otro centro ubicado en la localidad de Galarza, que cuenta con menos prestaciones. “El problema no es que se deriven pacientes a Caice, que es señalado como el mejor lugar y no hay otras opciones. El problema es que Caice es de Grieve y que Grieve es ministro”, apunta una fuente de la Secretaría de Salud.
Caice recibe todos los meses pacientes derivados de los hospitales. Tres o cuatro como mínimo. En el ministerio se conforma una carpeta médica con la derivación y se inicia un expediente en el que se incluye el diagnóstico y el tratamiento indicado. A mes vencido, Caice envía la factura detallando los medicamentos suministrados, los honorarios profesionales y las prestaciones. Los costos oscilan entre 4 y 10 millones mensuales por paciente, según se informó a este medio.
Tras las correspondientes auditorías médicas y administrativas, el ministro firma una resolución mediante la cual autoriza el pago y los fondos se transfieren a una cuenta bancaria de Caice.
“Grieve firmaba esas resoluciones para el pago a su propio centro médico hasta hace algunas semanas. Luego, quizás en un intento por emprolijar la situación, delegó esa tarea en el secretario de Salud, Daniel Blanzaco. Además, el ministro en persona se ocupa de apurar los expedientes de Caice y de sacar los pagos”, contó la fuente.
La fiesta del Caice
Si cualquier empleado raso del Estado está impedido de ser proveedor de cualquier tipo de insumo o servicio, ¿cómo puede el ministro de Salud pagarle a su propia clínica para la atención de pacientes?
Los cuestionamientos empezaron a crecer en las últimas semanas. Desde UPCN, luego de una reunión paritaria, la secretaria adjunta Carina Domínguez se refirió al tema y exigió “que el gobierno dé una explicación”. En la última protesta de ATE, en la puerta del edificio de calle 25 de Mayo, también se mencionó la situación y hasta hubo pancartas cuestionando “la fiesta del Caice”.
Abogados con experiencia en administración pública consultados por ANÁLISIS tienen visiones diversas sobre la situación de Grieve y respecto de la posibilidad de que se esté ante la comisión de un delito.
El artículo 265 del Código Penal tipifica el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Allí se establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
“Es negociación incompatible si el ministro interviene en la formación de la voluntad de la administración para celebrar un contrato con su empresa. Hay que ver qué sociedades integra y analizar cuál es su rol”, contestó un abogado especializado en administración pública ante la consulta de este medio.
También acotó que es posible que la situación de incompatibilidad de Grieve se remonte a períodos anteriores, cuando era jefe de terapia del San Martín y él mismo firmaba las derivaciones para su centro de rehabilitación.
“A Sergio Urribarri y a Juan José Canosa los condenaron por menos, dado que las empresas señaladas en las respectivas acusaciones de negociaciones incompatibles no eran propiedad de ellos”, comparó un penalista que interviene en legajos por delitos contra la administración pública ante la consulta de ANÁLISIS, en referencia a las causas contra el ex gobernador y el ex titular de Sidecreer.
Otro abogado que ha sido denunciante en causas de corrupción apuntó contra la “grave falta ética” que supone la situación de Grieve. “Debería renunciar de inmediato a esa sociedad médica, informar de ello públicamente y abstenerse de firmar ningún contrato que lo vincule. Tiene que dejar de aparecer de los dos lados del mostrador o renunciar al cargo de ministro”, opinó.
La mención a la cuestión ética lleva a mirar por fuera del Código Penal, donde también hay otras normativas bajo cuya perspectiva se puede analizar el caso de Grieve, empezando por la Constitución de Entre Ríos.
En su artículo 37º la Carta Magna provincial ordena a los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado “abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero”.
La Ley de Ministerios que impulsó Frigerio al inicio de su mandato establece en su artículo 6º que “durante el desempeño de sus cargos los ministros no podrán pertenecer ni ser apoderados, representantes o asesores de empresas particulares que exploten concesiones acordadas por los poderes públicos, ni estar interesados en cualquier contrato o negocio”.
El Régimen del Empleo Público de Entre Ríos en su artículo 62º prohíbe “mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el ministerio en el que se encuentre prestando servicios”.
Lo que hizo Frigerio
La Ley de Ética Pública, norma nacional a la que la provincia adhiere, establece en su artículo 13º que es incompatible con la función pública “dirigir, administrar, representar, asesorar o prestar servicios a quien sea proveedor del Estado, siempre que el cargo desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación”.
Agrega la norma que no debe un funcionario “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado donde desempeñe sus funciones”.
Estos artículos se repiten casi calcados en el proyecto de Ley de Ética Pública que, impulsado por el Poder Ejecutivo, está siendo debatido en la Legislatura.
En un apartado sobre incompatibilidades y conflictos de intereses, la iniciativa enumera los supuestos de “ser proveedor del Estado por sí o por terceros del organismo donde desempeñe sus funciones”, de “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que se encuentre prestando funciones” y el de “intervenir desde la función en actos en los que tuviera un interés particular, personal o familiar, laboral, económico o financiero en el resultado del acto a dictarse”.
A simple vista, Grieve incumple todo lo anterior.
En el artículo 15º, la iniciativa explica que, si al momento de la designación, un funcionario se encuentra alcanzado por estas incompatibilidades, deberá “renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo” y, además, “abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones relacionadas con los asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
Es lo que hizo Frigerio en 2016 en su rol de ministro del Interior, a poco de iniciada la Presidencia de Mauricio Macri, cuando un dictamen de la Oficina Anticorrupción motivó que varios miembros del gabinete se desprendieran de acciones en empresas privadas.
El caso más resonante fue el del entonces secretario de Energía, Juan José Aranguren que, causa judicial mediante, terminó vendiendo sus acciones en Shell. La OA así lo había recomendado al entender que colisionaban la participación en la empresa del funcionario que definía la política energética en el país.
Hubo otros casos en el por entonces denominado “gobierno de los CEOs” en el que la entonces titular de la OA, Laura Alonso, instó a cumplir el “deber de prudencia” previsto en el Código de Ética Pública, tendiente a garantizar que la ciudadanía no dude sobre la transparencia de los funcionarios.
Frigerio vendió sus acciones en la consultora Economía & Regiones que él mismo había fundado años atrás. Era accionista mayoritario de la compañía dedicada a análisis macroeconómicos y servicio de consultoría financiera a empresas y organismos públicos.
En su cartera de clientes figuraban entidades bancarias y gobiernos provinciales, con los que ineludiblemente tenía que trabajar como ministro.
Cambios societarios
Carlos Guillermo Grieve se recibió de médico en la Universidad Nacional de Rosario en 1982 y se especializó en Terapia Intensiva en el Hospital Italiano de esa ciudad.
Según datos del breve CV que distribuyó a los medios el gobierno provincial al momento de la conformación del gabinete, Grieve es desde hace 23 años jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, cargo que asumió en 1991. También se mencionó en el parte de prensa que es jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana y director médico del Caice.
Reconocido a nivel nacional en su especialidad y con un paso por la docencia, en 1997 Grieve fundó el Caice con un grupo de profesionales de Paraná. Todas las fuentes consultadas para esta nota coinciden en destacar la calidad profesional del actual ministro y también de la atención que se brinda en Caice.
En su página web, a la institución se la presenta como un centro atención integral y cuidados especiales de alta complejidad en el cual se atiende a pacientes con padecimientos neurológicos, respiratorios, traumatológicos, post-quirúrgicos de tipo agudo o crónico que requieran un equipo interdisciplinario para la recuperación o mejoría de sus capacidades.
A lo largo de su historia, el Caice tuvo varios cambios en su composición societaria que pueden seguirse a través del Boletín Oficial.
En junio de 2004, Grieve asumió como socio gerente tras la renuncia a ese cargo de su ex esposa, Claudia Bruno. Hoy lo acompaña su actual esposa, la licenciada en Enfermería Ana María Bejarano, como directora de Recursos Humanos de la institución que emplea a unas 70 personas.
En noviembre de 2004, el bioingeniero Jorge Britto cedió el 8,33 por ciento de la sociedad en favor del médico Daniel Blanzaco, hoy secretario de Salud y antes director del Hospital San Martín.
En 2015, Blanzaco le cedió su participación a Grieve, y la composición societaria quedó distribuida entre tres socios mayoritarios que son Carlos Guillermo Grieve, su ex esposa Claudia Bruno y su familiar María Susana Grieve, con 200 cuotas cada uno, y otro grupo de socios con 100 cuotas cada uno, que son
Mirta Masiano, Alicia Martínez, Sergio Yancovich, Juan Carlos Serpa, Juan Carlos Dreiszigacker, Daniel Solari y Daniel Amato.
No se informó públicamente que Grieve haya vendido o cedido su participación en Caice. Y aún si lo hubiera hecho, la incompatibilidad y el conflicto persisten porque familiares suyos son propietarios, él es director, se interesa personalmente en los trámites ante Iosper y sigue el trámite de los expedientes, entre otros aspectos.
El 24 de junio de 2005 se publicó en el Boletín Oficial la habilitación definitiva del “geriátrico y centro de rehabilitación para pacientes con discapacidad denominado Caice, bajo la dirección médica de su propietario, el doctor Carlos Guillermo Grieve”. Tras procesos de habilitación transitorios, firmó la resolución final el entonces secretario de Salud, Juan Abolafia, en el último gobierno de Jorge Busti.
A diferencia de otras carteras, el Ministerio de Salud tiene bajo su órbita no sólo a los efectores públicos, sino también a los del sistema privado.
La Ley de Ministerios le adjudica en sus competencias “entender en el contralor de la calidad de la atención brindada por los entes públicos y privados de toda la provincia, ejerciendo el poder de policía sanitaria en establecimientos, equipos, estudios y productos”. También está entre sus facultades “entender en la fiscalización y habilitación de los establecimientos sanitarios públicos y privados”.
¿Cómo podría Grieve desempeñar esos roles en relación a Caice? O también respecto de otras empresas médicas que integra, que están sujetas a inspecciones, habilitaciones y contralor del Ministerio de Salud.
Publicaciones del Boletín Oficial también le asignan a Grieve participación en otras empresas del rubro de la salud, en sociedad con el Sanatorio La Entrerriana.
Una es Eco Médica SA, con sede en el sanatorio de calle Buenos Aires y con el objeto de realizar de ecografías. Otra es Cámara Gamma SA, también dentro del sanatorio, dedicada a la realización de estudios de medicina nuclear. Y una tercera es La Entrerriana Imágenes SA, constituida con el objeto de realizar tomografías.
Un funcionario medio tiempo
Más allá de dilemas éticos y presunciones, en ámbitos del Ministerio de Salud e incluso en efectores de distintos puntos de la provincia hay malestar con la gestión de Grieve y un pantallazo muestra situaciones preocupantes.
“Obviamente, quienes llevan adelante diariamente hospitales y centros de salud adjudican los inconvenientes al tiempo recortado que el ministro le asigna al cargo, compartido con sus otros roles en el sector privado”, apunta un profesional de un hospital de la costa del Paraná.
“Grieve es nada menos que director médico del principal centro de rehabilitación de la provincia, jefe de una de las terapias intensivas más importantes y sigue atendiendo y dando turnos en su consultorio privado. ¿Cuánto tiempo le dedica a la gestión?”, se pregunta.
Fuentes del ministerio contaron a ANÁLISIS que Grieve “no acompaña el ritmo del resto del gobierno, ya que llega a las 9, se va como muy tarde a las 14 y vuelve al día siguiente”.
Conocedores de los movimientos del ministro, aseguran que “antes de ir al despacho, Grieve pasa por el San Martín y a la tarde va al consultorio y pasa por La Entrerriana”.
Las quejas, con más o menos sustento, brotan por todas partes.
Que el ministro no atiende el teléfono a los directores de los hospitales, ni a los intendentes ni a sus propios funcionarios.
Que al principio se negaba a firmar expedientes en un área en la que a veces se precisa una firma en día domingo porque los tratamientos no esperan.
Que un error administrativo dejó a la provincia sin insulina en el mes de marzo.
Que faltan insumos, que falta mantenimiento, que a los hospitales no les alcanzan las partidas y se están endeudando a gran velocidad con los proveedores.
Y todo en el marco del ajuste dispuesto por el gobierno nacional y una inflación que aumentó hasta en un 800% los precios de insumos y medicamentos, por mencionar apenas dos variables de una situación crítica.
Una médica de un centro de salud de Paraná Campaña consultada por ANÁLISIS reclama “un ministro full time porque la situación es grave” y describe la realidad como “muy angustiante”.
“No tenemos amoxicilina ni en comprimidos ni en jarabe. Antibióticos no tenemos nada y de las decenas de pacientes que llegan por día la mayoría presentan cuadros bronquiales. No tenemos paracetamol en comprimidos”, cuenta.
Una enfermera del campo que participó de una reciente visita de Grieve al hospital de Villaguay comenta a este medio: “Anduvo el ministro y ni preguntó por los centros de salud rurales. Habla de alta complejidad, dice que va a inaugurar salas de terapia intensiva, pero los pacientes en el campo están sin medicamentos”.
Cuenta la enfermera que cuando va un paciente tienen orden de darle remedios solamente para 10 días y de decirles que a lo que reste para completar el tratamiento se lo tienen que comprar. “O si no los tenemos que mandar a pedir a la junta de gobierno”, agrega.
“Hay muchísima gente sin medicación. Pacientes psiquiátricos, convulsivos y otros crónicos. Para los asmáticos o con EPOC hace meses que no llega un solo paf. Hay pacientes cardíacos y oncológicos que han dejado de tomar sus remedios. Ni en pandemia se cortaron los tratamientos y ahora no hay cosas básicas. No tenemos agujas para extracciones de sangre”, enumera.
Los vecinos de la zona juntaron 500 firmas para reclamar por la situación del Hospital Santa Rosa de Villaguay. Le entregaron las planillas a Grieve cuando estuvo de visita la semana pasada. El ministro acudió junto al director de Recursos Materiales de Hospitales de la cartera, Santiago Romero Ayala, que es también bioingeniero de Caice.
¿Días contados?
Frigerio no ha dado señales de recambio de funcionarios. No lo hizo a los 100 días, tampoco a los seis meses y en su entorno comentan que “no tiene el banco de suplentes del Real Madrid”, como para dar idea de que al gobierno no le resulta fácil cubrir los cargos.
El propio mandatario ha hablado públicamente de estas dificultades. Reconoció que son pocos los funcionarios con experiencia de gestión previa y lo adjudicó a la falta de alternancia entre espacios políticos a la hora de gobernar.
También admitió que hace docencia con los integrantes de sus equipos y contó que les está dando tiempo: “Es estando en la gestión la única manera en que pueden adquirir experiencia”, razonó.
No obstante, el caso de Grieve causa preocupación en la Casa Gris y no faltan los comentarios en ámbitos políticos respecto de que el ministro “tiene los días contados”. ANÁLISIS lo escuchó incluso de boca de una legisladora del oficialismo.
Si es cierto que se está ante una inminente primera baja en el gabinete, suenan dos nombres para el reemplazo: el de Blanzaco, segundo de Grieve en el ministerio, y el de Marina Alegre, médica intensivista pediátrica que se desempeña como directora de Recursos Humanos de Hospitales de la cartera sanitaria. Alegre tiene un empuje de peso: el de su colega y vicegobernadora Alicia Aluani.
En la Casa Gris miran hacia fin de año como el momento de los primeros recambios, pero no descartan que en este caso los tiempos puedan precipitarse.
La superposición de estos cuatro empleos muestra conflictos de intereses por todas partes, algunos de los cuales aparecen como violatorios de determinadas normas e incluso pueden encuadrar en delitos tipificados en el Código Penal.
A la vez, el ejercicio part time del cargo de ministro al frente de una de las carteras más complejas no alcanza para el sistema de salud pública de la provincia, que presenta problemas graves.
Las incompatibilidades de Grieve son tema de charla en ámbitos médicos, políticos y de la cartera sanitaria. Los comentarios datan de antes de ser ministro cuando, en su rol de jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, derivaba pacientes al centro de rehabilitación Caice, ubicado en calle La Paz en la capital provincial.
No obstante, la situación se puso en foco a partir de un reciente conflicto entre el Caice y el Iosper en el que el doble rol de Grieve quedó en evidencia.
La obra social aplicó en julio un incremento en los aranceles de las prestaciones para los afiliados de Iosper internados en Caice. Grieve, en representación de la institución privada, reclamó una suba mayor. Al no obtener una respuesta positiva, el ministro anotició a los familiares de los pacientes que no los podrían continuar atendiendo en el centro de rehabilitación.
“Ya se vivió una situación similar al año pasado, cuando el doctor Grieve le expresó a familiares de afiliados internados en su centro de rehabilitación que el Iosper no otorgaba los incrementos que él requería, los envió a reclamar a la obra social y les avisó que, en caso contrario, dejaría de brindar las prestaciones. Este año pasa lo mismo, pero con la función de Grieve como ministro se hace difícil sopesar la situación”, dijo a Radio Plaza el presidente del Iosper, Fernando Cañete. También habló de “extorsión”.
La obra social de la provincia tiene actualmente 15 pacientes internados en la clínica de Grieve. La facturación del mes pasado fue cercana a los 40 millones de pesos por esa atención.
“A mi juicio hay incompatibilidad, pero no soy yo quién para determinarlo. Ya estuve en conversación con el equipo de abogados de Iosper para saber si mi rol como funcionario público no amerita que haga una presentación ante algún organismo para cubrirme las espaldas. Porque si como funcionario detecto la posible comisión de un delito debo denunciarlo. Si no, voy a terminar siendo responsable yo”, advirtió Cañete.
Apurar los expedientes
Además de los afiliados de Iosper, se atienden en Caice pacientes que no tienen cobertura social, que necesitan rehabilitación y que son derivados de los hospitales de la provincia. Llegan especialmente del San Martín de Paraná y el Masvernat de Concordia, que son los que tienen los servicios de terapia intensiva de mayor complejidad.
Son pacientes que requieren este tipo de atención que el sistema público no les puede brindar y no tienen recursos económicos para afrontarlos. Se los denomina en la jerga administrativa “pacientes ministeriales” porque es el ministerio el que paga los gastos médicos a una serie de proveedores registrados, entre los que figura el instituto de Grieve.
Caice es el único centro de rehabilitación de alta complejidad en la provincia. Lo sigue otro centro ubicado en la localidad de Galarza, que cuenta con menos prestaciones. “El problema no es que se deriven pacientes a Caice, que es señalado como el mejor lugar y no hay otras opciones. El problema es que Caice es de Grieve y que Grieve es ministro”, apunta una fuente de la Secretaría de Salud.
Caice recibe todos los meses pacientes derivados de los hospitales. Tres o cuatro como mínimo. En el ministerio se conforma una carpeta médica con la derivación y se inicia un expediente en el que se incluye el diagnóstico y el tratamiento indicado. A mes vencido, Caice envía la factura detallando los medicamentos suministrados, los honorarios profesionales y las prestaciones. Los costos oscilan entre 4 y 10 millones mensuales por paciente, según se informó a este medio.
Tras las correspondientes auditorías médicas y administrativas, el ministro firma una resolución mediante la cual autoriza el pago y los fondos se transfieren a una cuenta bancaria de Caice.
“Grieve firmaba esas resoluciones para el pago a su propio centro médico hasta hace algunas semanas. Luego, quizás en un intento por emprolijar la situación, delegó esa tarea en el secretario de Salud, Daniel Blanzaco. Además, el ministro en persona se ocupa de apurar los expedientes de Caice y de sacar los pagos”, contó la fuente.
La fiesta del Caice
Si cualquier empleado raso del Estado está impedido de ser proveedor de cualquier tipo de insumo o servicio, ¿cómo puede el ministro de Salud pagarle a su propia clínica para la atención de pacientes?
Los cuestionamientos empezaron a crecer en las últimas semanas. Desde UPCN, luego de una reunión paritaria, la secretaria adjunta Carina Domínguez se refirió al tema y exigió “que el gobierno dé una explicación”. En la última protesta de ATE, en la puerta del edificio de calle 25 de Mayo, también se mencionó la situación y hasta hubo pancartas cuestionando “la fiesta del Caice”.
Abogados con experiencia en administración pública consultados por ANÁLISIS tienen visiones diversas sobre la situación de Grieve y respecto de la posibilidad de que se esté ante la comisión de un delito.
El artículo 265 del Código Penal tipifica el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Allí se establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
“Es negociación incompatible si el ministro interviene en la formación de la voluntad de la administración para celebrar un contrato con su empresa. Hay que ver qué sociedades integra y analizar cuál es su rol”, contestó un abogado especializado en administración pública ante la consulta de este medio.
También acotó que es posible que la situación de incompatibilidad de Grieve se remonte a períodos anteriores, cuando era jefe de terapia del San Martín y él mismo firmaba las derivaciones para su centro de rehabilitación.
“A Sergio Urribarri y a Juan José Canosa los condenaron por menos, dado que las empresas señaladas en las respectivas acusaciones de negociaciones incompatibles no eran propiedad de ellos”, comparó un penalista que interviene en legajos por delitos contra la administración pública ante la consulta de ANÁLISIS, en referencia a las causas contra el ex gobernador y el ex titular de Sidecreer.
Otro abogado que ha sido denunciante en causas de corrupción apuntó contra la “grave falta ética” que supone la situación de Grieve. “Debería renunciar de inmediato a esa sociedad médica, informar de ello públicamente y abstenerse de firmar ningún contrato que lo vincule. Tiene que dejar de aparecer de los dos lados del mostrador o renunciar al cargo de ministro”, opinó.
La mención a la cuestión ética lleva a mirar por fuera del Código Penal, donde también hay otras normativas bajo cuya perspectiva se puede analizar el caso de Grieve, empezando por la Constitución de Entre Ríos.
En su artículo 37º la Carta Magna provincial ordena a los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado “abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero”.
La Ley de Ministerios que impulsó Frigerio al inicio de su mandato establece en su artículo 6º que “durante el desempeño de sus cargos los ministros no podrán pertenecer ni ser apoderados, representantes o asesores de empresas particulares que exploten concesiones acordadas por los poderes públicos, ni estar interesados en cualquier contrato o negocio”.
El Régimen del Empleo Público de Entre Ríos en su artículo 62º prohíbe “mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el ministerio en el que se encuentre prestando servicios”.
Lo que hizo Frigerio
La Ley de Ética Pública, norma nacional a la que la provincia adhiere, establece en su artículo 13º que es incompatible con la función pública “dirigir, administrar, representar, asesorar o prestar servicios a quien sea proveedor del Estado, siempre que el cargo desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación”.
Agrega la norma que no debe un funcionario “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado donde desempeñe sus funciones”.
Estos artículos se repiten casi calcados en el proyecto de Ley de Ética Pública que, impulsado por el Poder Ejecutivo, está siendo debatido en la Legislatura.
En un apartado sobre incompatibilidades y conflictos de intereses, la iniciativa enumera los supuestos de “ser proveedor del Estado por sí o por terceros del organismo donde desempeñe sus funciones”, de “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que se encuentre prestando funciones” y el de “intervenir desde la función en actos en los que tuviera un interés particular, personal o familiar, laboral, económico o financiero en el resultado del acto a dictarse”.
A simple vista, Grieve incumple todo lo anterior.
En el artículo 15º, la iniciativa explica que, si al momento de la designación, un funcionario se encuentra alcanzado por estas incompatibilidades, deberá “renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo” y, además, “abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones relacionadas con los asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
Es lo que hizo Frigerio en 2016 en su rol de ministro del Interior, a poco de iniciada la Presidencia de Mauricio Macri, cuando un dictamen de la Oficina Anticorrupción motivó que varios miembros del gabinete se desprendieran de acciones en empresas privadas.
El caso más resonante fue el del entonces secretario de Energía, Juan José Aranguren que, causa judicial mediante, terminó vendiendo sus acciones en Shell. La OA así lo había recomendado al entender que colisionaban la participación en la empresa del funcionario que definía la política energética en el país.
Hubo otros casos en el por entonces denominado “gobierno de los CEOs” en el que la entonces titular de la OA, Laura Alonso, instó a cumplir el “deber de prudencia” previsto en el Código de Ética Pública, tendiente a garantizar que la ciudadanía no dude sobre la transparencia de los funcionarios.
Frigerio vendió sus acciones en la consultora Economía & Regiones que él mismo había fundado años atrás. Era accionista mayoritario de la compañía dedicada a análisis macroeconómicos y servicio de consultoría financiera a empresas y organismos públicos.
En su cartera de clientes figuraban entidades bancarias y gobiernos provinciales, con los que ineludiblemente tenía que trabajar como ministro.
Cambios societarios
Carlos Guillermo Grieve se recibió de médico en la Universidad Nacional de Rosario en 1982 y se especializó en Terapia Intensiva en el Hospital Italiano de esa ciudad.
Según datos del breve CV que distribuyó a los medios el gobierno provincial al momento de la conformación del gabinete, Grieve es desde hace 23 años jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, cargo que asumió en 1991. También se mencionó en el parte de prensa que es jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana y director médico del Caice.
Reconocido a nivel nacional en su especialidad y con un paso por la docencia, en 1997 Grieve fundó el Caice con un grupo de profesionales de Paraná. Todas las fuentes consultadas para esta nota coinciden en destacar la calidad profesional del actual ministro y también de la atención que se brinda en Caice.
En su página web, a la institución se la presenta como un centro atención integral y cuidados especiales de alta complejidad en el cual se atiende a pacientes con padecimientos neurológicos, respiratorios, traumatológicos, post-quirúrgicos de tipo agudo o crónico que requieran un equipo interdisciplinario para la recuperación o mejoría de sus capacidades.
A lo largo de su historia, el Caice tuvo varios cambios en su composición societaria que pueden seguirse a través del Boletín Oficial.
En junio de 2004, Grieve asumió como socio gerente tras la renuncia a ese cargo de su ex esposa, Claudia Bruno. Hoy lo acompaña su actual esposa, la licenciada en Enfermería Ana María Bejarano, como directora de Recursos Humanos de la institución que emplea a unas 70 personas.
En noviembre de 2004, el bioingeniero Jorge Britto cedió el 8,33 por ciento de la sociedad en favor del médico Daniel Blanzaco, hoy secretario de Salud y antes director del Hospital San Martín.
En 2015, Blanzaco le cedió su participación a Grieve, y la composición societaria quedó distribuida entre tres socios mayoritarios que son Carlos Guillermo Grieve, su ex esposa Claudia Bruno y su familiar María Susana Grieve, con 200 cuotas cada uno, y otro grupo de socios con 100 cuotas cada uno, que son
Mirta Masiano, Alicia Martínez, Sergio Yancovich, Juan Carlos Serpa, Juan Carlos Dreiszigacker, Daniel Solari y Daniel Amato.
No se informó públicamente que Grieve haya vendido o cedido su participación en Caice. Y aún si lo hubiera hecho, la incompatibilidad y el conflicto persisten porque familiares suyos son propietarios, él es director, se interesa personalmente en los trámites ante Iosper y sigue el trámite de los expedientes, entre otros aspectos.
El 24 de junio de 2005 se publicó en el Boletín Oficial la habilitación definitiva del “geriátrico y centro de rehabilitación para pacientes con discapacidad denominado Caice, bajo la dirección médica de su propietario, el doctor Carlos Guillermo Grieve”. Tras procesos de habilitación transitorios, firmó la resolución final el entonces secretario de Salud, Juan Abolafia, en el último gobierno de Jorge Busti.
A diferencia de otras carteras, el Ministerio de Salud tiene bajo su órbita no sólo a los efectores públicos, sino también a los del sistema privado.
La Ley de Ministerios le adjudica en sus competencias “entender en el contralor de la calidad de la atención brindada por los entes públicos y privados de toda la provincia, ejerciendo el poder de policía sanitaria en establecimientos, equipos, estudios y productos”. También está entre sus facultades “entender en la fiscalización y habilitación de los establecimientos sanitarios públicos y privados”.
¿Cómo podría Grieve desempeñar esos roles en relación a Caice? O también respecto de otras empresas médicas que integra, que están sujetas a inspecciones, habilitaciones y contralor del Ministerio de Salud.
Publicaciones del Boletín Oficial también le asignan a Grieve participación en otras empresas del rubro de la salud, en sociedad con el Sanatorio La Entrerriana.
Una es Eco Médica SA, con sede en el sanatorio de calle Buenos Aires y con el objeto de realizar de ecografías. Otra es Cámara Gamma SA, también dentro del sanatorio, dedicada a la realización de estudios de medicina nuclear. Y una tercera es La Entrerriana Imágenes SA, constituida con el objeto de realizar tomografías.
Un funcionario medio tiempo
Más allá de dilemas éticos y presunciones, en ámbitos del Ministerio de Salud e incluso en efectores de distintos puntos de la provincia hay malestar con la gestión de Grieve y un pantallazo muestra situaciones preocupantes.
“Obviamente, quienes llevan adelante diariamente hospitales y centros de salud adjudican los inconvenientes al tiempo recortado que el ministro le asigna al cargo, compartido con sus otros roles en el sector privado”, apunta un profesional de un hospital de la costa del Paraná.
“Grieve es nada menos que director médico del principal centro de rehabilitación de la provincia, jefe de una de las terapias intensivas más importantes y sigue atendiendo y dando turnos en su consultorio privado. ¿Cuánto tiempo le dedica a la gestión?”, se pregunta.
Fuentes del ministerio contaron a ANÁLISIS que Grieve “no acompaña el ritmo del resto del gobierno, ya que llega a las 9, se va como muy tarde a las 14 y vuelve al día siguiente”.
Conocedores de los movimientos del ministro, aseguran que “antes de ir al despacho, Grieve pasa por el San Martín y a la tarde va al consultorio y pasa por La Entrerriana”.
Las quejas, con más o menos sustento, brotan por todas partes.
Que el ministro no atiende el teléfono a los directores de los hospitales, ni a los intendentes ni a sus propios funcionarios.
Que al principio se negaba a firmar expedientes en un área en la que a veces se precisa una firma en día domingo porque los tratamientos no esperan.
Que un error administrativo dejó a la provincia sin insulina en el mes de marzo.
Que faltan insumos, que falta mantenimiento, que a los hospitales no les alcanzan las partidas y se están endeudando a gran velocidad con los proveedores.
Y todo en el marco del ajuste dispuesto por el gobierno nacional y una inflación que aumentó hasta en un 800% los precios de insumos y medicamentos, por mencionar apenas dos variables de una situación crítica.
Una médica de un centro de salud de Paraná Campaña consultada por ANÁLISIS reclama “un ministro full time porque la situación es grave” y describe la realidad como “muy angustiante”.
“No tenemos amoxicilina ni en comprimidos ni en jarabe. Antibióticos no tenemos nada y de las decenas de pacientes que llegan por día la mayoría presentan cuadros bronquiales. No tenemos paracetamol en comprimidos”, cuenta.
Una enfermera del campo que participó de una reciente visita de Grieve al hospital de Villaguay comenta a este medio: “Anduvo el ministro y ni preguntó por los centros de salud rurales. Habla de alta complejidad, dice que va a inaugurar salas de terapia intensiva, pero los pacientes en el campo están sin medicamentos”.
Cuenta la enfermera que cuando va un paciente tienen orden de darle remedios solamente para 10 días y de decirles que a lo que reste para completar el tratamiento se lo tienen que comprar. “O si no los tenemos que mandar a pedir a la junta de gobierno”, agrega.
“Hay muchísima gente sin medicación. Pacientes psiquiátricos, convulsivos y otros crónicos. Para los asmáticos o con EPOC hace meses que no llega un solo paf. Hay pacientes cardíacos y oncológicos que han dejado de tomar sus remedios. Ni en pandemia se cortaron los tratamientos y ahora no hay cosas básicas. No tenemos agujas para extracciones de sangre”, enumera.
Los vecinos de la zona juntaron 500 firmas para reclamar por la situación del Hospital Santa Rosa de Villaguay. Le entregaron las planillas a Grieve cuando estuvo de visita la semana pasada. El ministro acudió junto al director de Recursos Materiales de Hospitales de la cartera, Santiago Romero Ayala, que es también bioingeniero de Caice.
¿Días contados?
Frigerio no ha dado señales de recambio de funcionarios. No lo hizo a los 100 días, tampoco a los seis meses y en su entorno comentan que “no tiene el banco de suplentes del Real Madrid”, como para dar idea de que al gobierno no le resulta fácil cubrir los cargos.
El propio mandatario ha hablado públicamente de estas dificultades. Reconoció que son pocos los funcionarios con experiencia de gestión previa y lo adjudicó a la falta de alternancia entre espacios políticos a la hora de gobernar.
También admitió que hace docencia con los integrantes de sus equipos y contó que les está dando tiempo: “Es estando en la gestión la única manera en que pueden adquirir experiencia”, razonó.
No obstante, el caso de Grieve causa preocupación en la Casa Gris y no faltan los comentarios en ámbitos políticos respecto de que el ministro “tiene los días contados”. ANÁLISIS lo escuchó incluso de boca de una legisladora del oficialismo.
Si es cierto que se está ante una inminente primera baja en el gabinete, suenan dos nombres para el reemplazo: el de Blanzaco, segundo de Grieve en el ministerio, y el de Marina Alegre, médica intensivista pediátrica que se desempeña como directora de Recursos Humanos de Hospitales de la cartera sanitaria. Alegre tiene un empuje de peso: el de su colega y vicegobernadora Alicia Aluani.
En la Casa Gris miran hacia fin de año como el momento de los primeros recambios, pero no descartan que en este caso los tiempos puedan precipitarse.
Fuente: ANÁLISIS DIGITAL
