A dos meses y medio renunció Alegre, una de las interventoras
La médica Marina Alegre presentó su renuncia al cargo de subinterventora del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), a dos meses y medio de su designación. La dimisión fue “en buenos términos”, aunque se debió a problemas internos con el ministerio de Salud, entre otros.
24.02.2025 | 20:30
El 17 de febrero, en una nota dirigida al director interventor, Alegre manifestó su disconformidad con el "equipo" de este. En ese escrito, al que accedió el portal Análisis, señaló haber detectado "demoras administrativas y cuestionamientos en pagos" que ella misma había autorizado en situaciones de urgencia médica. Estos pagos estaban destinados a afiliados cuya vida corría riesgo y donde las razones médicas justificaban una respuesta inmediata.
Alegre remarcó que estas demoras fueron consecuencia del "no acatamiento de mis facultades por parte del equipo que responde a su persona y que fuere recientemente contratado por la intervención". Según sus palabras, la falta de apoyo y el desconocimiento de sus decisiones por parte del personal cercano a Gallegos generaron obstáculos en la gestión, afectando la agilidad necesaria para atender situaciones críticas.
En otro párrafo, sostuvo: "El decreto del Sr. gobernador Rogelio Frigerio, me designa como subinterventora y posteriormente mediante resolución Ud. ha delegado ante su ausencia todas las facultades que por ley le competen, otorgándome la potestad para la conducción de la obra socia y, consecuentemente haciéndome responsable legal y administrativamente, ante el tribunal de cuentas y/o cualquier órgano de control".
Y agregó que el accionar de "este 'equipo' no sólo repercuten en el desenvolvimiento diario del Instituto sino también pueden acarrear una responsabilidad de mi parte por la falta de resolución de las problemáticas propias y urgentes".
Enseguida, Alegre reclamó que sus decisiones sean respetadas. "No sólo resulta una obligación de su parte respetar mis decisiones, en su ausencia, sino también que las mismas se encuentran amparadas en mi extensa formación profesional que acreditan mi capacidad, sobre todo en lo relacionado a la salud", dijo.
Por esa razón, la ahora exfuncionaria le solicitó a Gallegos que "arbitre los mecanismos necesarios para que las dependencias administrativas mencionadas no incurran en incumplimientos, demoras y/o cuestionamientos a la superiorirdad, de no ser así, me veré en la necesidad de requerir derogue las facultades conferidas y que no pueden desarrollarse, deslindando en su persona la totalidad de las firmas y las responsabilidades administrativaas, civiles y/o penales que pudieren cabe, ante estass reiteradas inconductas; ya que he realizado todas las gestiones que estaban a mi alcance para resolver situaciones concretas y de suma urgencia de esta obra social, y me encuentro reiteradamente, con escollos de parte reitero de su 'equipo' de trabajo".
Alegre remarcó que estas demoras fueron consecuencia del "no acatamiento de mis facultades por parte del equipo que responde a su persona y que fuere recientemente contratado por la intervención". Según sus palabras, la falta de apoyo y el desconocimiento de sus decisiones por parte del personal cercano a Gallegos generaron obstáculos en la gestión, afectando la agilidad necesaria para atender situaciones críticas.
En otro párrafo, sostuvo: "El decreto del Sr. gobernador Rogelio Frigerio, me designa como subinterventora y posteriormente mediante resolución Ud. ha delegado ante su ausencia todas las facultades que por ley le competen, otorgándome la potestad para la conducción de la obra socia y, consecuentemente haciéndome responsable legal y administrativamente, ante el tribunal de cuentas y/o cualquier órgano de control".
Y agregó que el accionar de "este 'equipo' no sólo repercuten en el desenvolvimiento diario del Instituto sino también pueden acarrear una responsabilidad de mi parte por la falta de resolución de las problemáticas propias y urgentes".
Enseguida, Alegre reclamó que sus decisiones sean respetadas. "No sólo resulta una obligación de su parte respetar mis decisiones, en su ausencia, sino también que las mismas se encuentran amparadas en mi extensa formación profesional que acreditan mi capacidad, sobre todo en lo relacionado a la salud", dijo.
Por esa razón, la ahora exfuncionaria le solicitó a Gallegos que "arbitre los mecanismos necesarios para que las dependencias administrativas mencionadas no incurran en incumplimientos, demoras y/o cuestionamientos a la superiorirdad, de no ser así, me veré en la necesidad de requerir derogue las facultades conferidas y que no pueden desarrollarse, deslindando en su persona la totalidad de las firmas y las responsabilidades administrativaas, civiles y/o penales que pudieren cabe, ante estass reiteradas inconductas; ya que he realizado todas las gestiones que estaban a mi alcance para resolver situaciones concretas y de suma urgencia de esta obra social, y me encuentro reiteradamente, con escollos de parte reitero de su 'equipo' de trabajo".
