Ley de Emergencia en Discapacidad
Prestadores entrerrianos reclaman su puesta en marcha
A un mes de su promulgación, la Red de Prestadores de Entre Ríos denunció que el Gobierno nacional mantiene paralizada la norma que debía garantizar la atención y el financiamiento del sistema de discapacidad.
16.10.2025 | 09:13
La Red de Prestadores de Servicios para la Discapacidad de Entre Ríos exigió la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada el 22 de septiembre y aún sin ejecución. El reclamo se hizo público tras la decisión del Gobierno nacional de demorar su implementación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
“Esto ya no es una demora administrativa: es una emergencia real que afecta a miles de personas y familias en todo el país”, expresaron desde la organización entrerriana. Los prestadores advirtieron que la falta de recursos está provocando cierres de centros y suspensiones de tratamientos en toda la provincia.
La norma fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y establece medidas urgentes para sostener la atención y los servicios a personas con discapacidad. Entre sus puntos principales, prevé un régimen de regularización de deudas, compensaciones arancelarias y financiamiento sostenible para la Agencia Nacional de Discapacidad.
Sin embargo, a un mes de su promulgación, el sector denuncia que la emergencia sigue siendo real y que la inacción oficial agrava una situación límite. “La discapacidad no puede esperar trámites ni excusas”, reiteraron los prestadores entrerrianos.
“Esto ya no es una demora administrativa: es una emergencia real que afecta a miles de personas y familias en todo el país”, expresaron desde la organización entrerriana. Los prestadores advirtieron que la falta de recursos está provocando cierres de centros y suspensiones de tratamientos en toda la provincia.
La norma fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y establece medidas urgentes para sostener la atención y los servicios a personas con discapacidad. Entre sus puntos principales, prevé un régimen de regularización de deudas, compensaciones arancelarias y financiamiento sostenible para la Agencia Nacional de Discapacidad.
Sin embargo, a un mes de su promulgación, el sector denuncia que la emergencia sigue siendo real y que la inacción oficial agrava una situación límite. “La discapacidad no puede esperar trámites ni excusas”, reiteraron los prestadores entrerrianos.