TRAS PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO
Jueza en apuros
La vocal del Superior Tribunal de Justicia dejó la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y abrió un frente político que complica su figura en plena investigación por presunto mal desempeño.
09.12.2025 | 11:20
La jueza Susana Medina renunció este domingo a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina en Buenos Aires, luego de que se activara un pedido de juicio político en su contra en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, impulsado por el docente Eugenio Jacquemain. La magistrada informó su decisión por escrito y la justificó en “razones personales”.
La renuncia expone el momento más delicado de su carrera judicial. El planteo legislativo la acusa de acumular más de 660 días laborales sin justificar, de utilizar vehículos oficiales y viáticos sin documentación válida y de financiar actividades de la AMJA con fondos públicos para fines que se describen como personales o políticos.
El caso instaló un debate profundo en el Poder Judicial entrerriano. En los tribunales se admite que la denuncia golpea una estructura que históricamente se protegió a sí misma, mientras que en el oficialismo se analiza el costo político de avanzar sobre una vocal del Superior Tribunal. El antecedente Chiara Díaz, aún presente en la memoria, funciona como advertencia de doble vara.
El Gobierno intenta despegarse del impacto institucional y ordenó a sus legisladores un tratamiento “técnico”, aunque en la práctica la definición será política. El futuro de Medina depende del bloque oficialista, que controla Diputados y puede abrir o cerrar el proceso que podría llevarla a la destitución.
La jueza prepara una defensa amplia y convocó a un equipo de abogados de peso. En su entorno se habla de presiones internas y de un armado judicial dispuesto a desplazarla. Su salida de la AMJA, lejos de cerrar el capítulo, anticipa una disputa que recién comienza y que promete dejar secuelas en la cúpula del Poder Judicial de Entre Ríos.
La renuncia expone el momento más delicado de su carrera judicial. El planteo legislativo la acusa de acumular más de 660 días laborales sin justificar, de utilizar vehículos oficiales y viáticos sin documentación válida y de financiar actividades de la AMJA con fondos públicos para fines que se describen como personales o políticos.
El caso instaló un debate profundo en el Poder Judicial entrerriano. En los tribunales se admite que la denuncia golpea una estructura que históricamente se protegió a sí misma, mientras que en el oficialismo se analiza el costo político de avanzar sobre una vocal del Superior Tribunal. El antecedente Chiara Díaz, aún presente en la memoria, funciona como advertencia de doble vara.
El Gobierno intenta despegarse del impacto institucional y ordenó a sus legisladores un tratamiento “técnico”, aunque en la práctica la definición será política. El futuro de Medina depende del bloque oficialista, que controla Diputados y puede abrir o cerrar el proceso que podría llevarla a la destitución.
La jueza prepara una defensa amplia y convocó a un equipo de abogados de peso. En su entorno se habla de presiones internas y de un armado judicial dispuesto a desplazarla. Su salida de la AMJA, lejos de cerrar el capítulo, anticipa una disputa que recién comienza y que promete dejar secuelas en la cúpula del Poder Judicial de Entre Ríos.
