Argumentos políticos para tocar la Caja

A medida que se acerca el momento del debate legislativo de la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio va quedando más nítido el mensaje político con el que se impulsa una corrección que ha sido por décadas postergada y ha explicado el principal desequilibrio financiero de las cuentas públicas entrerrianas.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias, Frigerio evitó avanzar en los alcances de la reforma. Se limitó a reforzar un eje destinado al empleado público: que se trata de un proyecto de reforma que garantiza el 82 por ciento móvil sostenible en el tiempo; que si no se hiciera nada “en pocos años la provincia no pagaría más jubilaciones”.

Pero hay otro eje que estuvo desde el principio y se maneja con más cautela, seguramente para no enredar el diálogo con las asociaciones gremiales de activos y pasivos del Estado. Es el que sintoniza más de lleno con buena parte del electorado que acompañó a Cambiemos, luego a Juntos por el Cambio y finalmente a la alianza de todo ese centro republicano con la derecha más primitiva y desvergonzada de La Libertad Avanza, que ve en el empleado público poco menos que a un trabajador privilegiado.

Hay una amplia franja de trabajadores que nunca recibió ingresos directos del Estado. Clase media y media baja cuentapropista que, por ejemplo, quebraba económicamente en la cuarentena de la pandemia porque no podía salir a trabajar, mientras veía como sus vecinos estatales seguían cobrando sin moverse de su casa. Y en algunos casos hasta les ofrecían razones para alimentar el resentimiento, como cuando compartían en redes sociales lo aburridos que estaban encerrados en sus casas, o trataban de “fachos” a los que criticaban el lenguaje inclusivo. Buscándolo o no, con su agresivo mensaje Javier Milei capitalizó políticamente ese malestar; se convirtió en 2023 en el ladrillo que muchos eligieron para romper la vidriera que protegía a los que percibían como favorecidos por una “casta política”.
 
No fue la razón central del cambio de gobierno de 2023, que se debió -ante todo- al fracaso económico del último peronismo. Pero ayudó y en buena medida explica hoy el apoyo que conserva el Presidente en medio de una estanflación cada vez más nítidamente percibida en la pérdida de empleo y poder adquisitivo.

En 2023, Milei prometió destruir el Estado y lo votó una mayoría que en Entre Ríos reunió a LLA con todo el PRO y la mayor parte de los radicales.

Frigerio inició su gobierno con un dato político nítido: su base electoral era compartida con Milei. Esa fue una de las razones centrales para sellar, dos años después, la alianza electoral con LLA como el mejor modo de evitar una derrota a mitad de mandato.
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Quién paga

En Entre Ríos el empleo público representa una parte significativa de la estructura laboral, superior al promedio nacional y claramente por encima de las otras provincias de la Región Centro. Si a los empleados activos se le suman los jubilados y pensionados, son unas 156.000 personas las que dependen del Estado entrerriano.

Pero, naturalmente, las personas que no dependen del Estado son muchas más. Sólo el empleo privado registrado era en septiembre de unos 137.000 trabajadores. Sin contar a los trabajadores informales y a los pasivos.

A esa mayoría -que en el mejor de los casos se va a jubilar por el sistema de Anses, trabajando más años y cobrando menos- le habla Frigerio cuando repara en que el déficit de 400.000 millones de pesos anuales de la Caja de Jubilaciones se cubre con fondos que salen de los impuestos que pagan todos los entrerrianos. Y, para que se entienda, compara cifras: equivale –explica– a la suma de todas las boletas de luz que todos los entrerrianos pagan en un año. En palabras de Frigerio, se trata de un déficit que recae “sobre el lomo de un millón y medio de entrerrianos, no solamente de los empleados públicos”.

El mensaje apunta a los entrerrianos que no se van a jubilar por la Caja provincial, con el 82% móvil, sino con un porcentaje mucho menor y que van a tener que trabajar entre cinco y diez años más antes de jubilarse, si tienen la suerte de blanquear los años de aportes suficientes.

En esta lógica, es secundario que los salarios estatales hayan sido de los que más perdieron frente a la inflación. Porque la caída del poder adquisitivo golpea también al sector privado y mucho más al informal. “No puedo hacer como que esto no pasa” y entonces “dar los aumentos que me gustaría dar. Soy el primero que es consciente de la dificultad que atraviesan todos los trabajadores, entre ellos la educación. Hoy todos están sufriendo la pérdida del salario y del empleo”, dijo Frigerio al programa Puro Cuento, de Radio Plaza.

El problema radica en que “los ingresos del Estado están viniendo debajo de la inflación. Cuando uno hace un análisis comparativo de este contexto que nos toca vivir en términos de recursos, la única comparación cierta es la de la pandemia. Nosotros hoy estamos con ingresos como en pandemia. Alrededor de 14 puntos por debajo de 2023. No podemos hacer como que no la vemos. Tenemos que entender esa realidad, y tenemos que trabajar y buscar una solución. Esta realidad no solo la vive el sector público; el sector privado también tiene estos problemas”, abundó el Gobernador.

El masivo cierre de industrias y comercios que viene provocando la política económica de Milei  -superior ya a la pandemia- no lo deja mentir, al tiempo que refuerza el prejuicio en torno al «privilegio» de trabajar en el sector público, con estabilidad laboral.
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Margen político

El discurso oficial pro reforma sostiene que no hay margen político para que no acompañe el peronismo, que tuvo en sus dos últimos gobiernos repetidos anuncios de proyectos para corregir el déficit de la Caja y nunca los concretó. Y tampoco demandó judicialmente al gobierno nacional para que cumpla con cubrir su parte del déficit, como lo hizo Frigerio por incumplimientos de Anses, que arrancan en los 154.000 millones correspondientes a cuatro períodos: de 2020 a 2023.

También apela a la responsabilidad gremial, cuya dirigencia conoce de sobra la gravedad de la situación. “No se le puede mentir más a la gente. A nosotros nos votaron para cambiar las cosas, para transformar la realidad, no para sostener el estatus quo”, repite Frigerio.

El senador Rubén Dal Molín –una de las principales espadas políticas de Frigerio en la Legislatura– lo dijo con todas las letras: “Durante años, la discusión previsional fue postergada por conveniencia política. Se eligió no abordar reformas estructurales para evitar costos coyunturales. Esa decisión acumuló un problema que hoy debemos enfrentar con madurez institucional”.

El legislador radical pidió “despejar fantasmas” porque “reformar no es recortar derechos” sino “garantizar que esos derechos puedan sostenerse dentro de 10, 20 o 30 años. La discusión no es si queremos el 82% móvil. La discusión es cómo lo aseguramos de manera responsable, sin comprometer el futuro financiero de la provincia ni trasladar la carga a las próximas generaciones”.