DIPUTADOS NACIONALES
El oficialismo quiere la nueva Ley de Glaciares
El gobierno nacional llevará este miércoles al recinto de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares y buscará aprobarla pese a la resistencia opositora. La sesión tratará el proyecto como único tema y confían en reunir 135 a 140 votos.
08.04.2026 | 10:25
El proyecto presentado por el oficialismo propone modificar la Ley 26.639 para redefinir la protección de glaciares y geoformas del ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas. Según la iniciativa, todo glaciar incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se consideraría protegido hasta que la autoridad provincial confirme su ausencia de función hídrica.
La propuesta oficial también señala que las provincias tendrían un rol central en la verificación de funciones hídricas y en la autorización de actividades que pudieran afectar los glaciares, como minería, hidrocarburos o instalaciones industriales. La información debería ser remitida al IANIGLA para actualizar el inventario, según indica el proyecto.
El texto presentado por el Gobierno indica que se exigirían evaluaciones de impacto ambiental previas a cualquier intervención sobre glaciares o ambientes periglaciales. Permitiría evaluaciones estratégicas cuando la magnitud del proyecto lo justifique, exceptuando únicamente actividades de rescate, investigaciones científicas no invasivas y deportes no motorizados.
El martes, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales aprobaron un dictamen de mayoría tras un plenario con cerca de veinte expositores a favor, incluidos gobernadores, ministros y funcionarios provinciales y nacionales vinculados a la minería y el medio ambiente, según información oficial.
El oficialismo confía en alcanzar entre 135 y 140 votos para aprobar la reforma, aunque la oposición adelantó que planteará cuestionamientos políticos y debates sobre reglamento que podrían extender la sesión y retrasar la votación.
El proyecto indica que el IANIGLA conservaría su rol de mantener el Inventario Nacional de Glaciares, pero dependería de la información que las provincias remitan para actualizarlo. Según el Gobierno, tras quince años de vigencia de la ley solo se completó el nivel 1 del inventario y aún resta determinar la función hídrica efectiva de cada geoforma.
Según lo expuesto por el oficialismo, la reforma buscaría consolidar la protección ambiental, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias y garantizar un manejo estratégico de los recursos hídricos, aunque su implementación dependerá de la aplicación efectiva de las nuevas reglas y del control que ejerzan los distintos niveles de gobierno.
La propuesta oficial también señala que las provincias tendrían un rol central en la verificación de funciones hídricas y en la autorización de actividades que pudieran afectar los glaciares, como minería, hidrocarburos o instalaciones industriales. La información debería ser remitida al IANIGLA para actualizar el inventario, según indica el proyecto.
El texto presentado por el Gobierno indica que se exigirían evaluaciones de impacto ambiental previas a cualquier intervención sobre glaciares o ambientes periglaciales. Permitiría evaluaciones estratégicas cuando la magnitud del proyecto lo justifique, exceptuando únicamente actividades de rescate, investigaciones científicas no invasivas y deportes no motorizados.
El martes, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales aprobaron un dictamen de mayoría tras un plenario con cerca de veinte expositores a favor, incluidos gobernadores, ministros y funcionarios provinciales y nacionales vinculados a la minería y el medio ambiente, según información oficial.
El oficialismo confía en alcanzar entre 135 y 140 votos para aprobar la reforma, aunque la oposición adelantó que planteará cuestionamientos políticos y debates sobre reglamento que podrían extender la sesión y retrasar la votación.
El proyecto indica que el IANIGLA conservaría su rol de mantener el Inventario Nacional de Glaciares, pero dependería de la información que las provincias remitan para actualizarlo. Según el Gobierno, tras quince años de vigencia de la ley solo se completó el nivel 1 del inventario y aún resta determinar la función hídrica efectiva de cada geoforma.
Según lo expuesto por el oficialismo, la reforma buscaría consolidar la protección ambiental, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias y garantizar un manejo estratégico de los recursos hídricos, aunque su implementación dependerá de la aplicación efectiva de las nuevas reglas y del control que ejerzan los distintos niveles de gobierno.
