DIPUTADOS PROVINCIALES
Avanza la regulación del juicio político
Legisladores entrerrianos avanzaron en comisión en el debate para regular el procedimiento constitucional de remoción de altos funcionarios por mal desempeño.
22.04.2026 | 09:53
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, bajo la conducción de Gabriela Lena, inició el debate sobre el Expediente Nº29.014, cuyo objetivo es proponer un marco regulatorio para los procesos de juicio político en Entre Ríos.
De la reunión participaron el secretario de Legal y Técnica de la provincia Esteban Vitor y el senador provincial Juan Pablo Cosso, quienes aportaron sus visiones como autores de proyectos similares que aún mantienen estado parlamentario.
Sobre la relevancia de la norma, la diputada Lena destacó: "Este trabajo es fundamental para otorgar reglas claras y seguridad jurídica, tanto para quien denuncia como para el denunciado, y permite cumplir finalmente con el mandato de la Constitución Provincial".
La legisladora fundamentó que “la sanción de esta iniciativa permitiría cubrir una vacancia legislativa de 18 años y dotar a la provincia de un procedimiento moderno y previsible”. Además, agregó que “al establecer etapas probatorias y plazos específicos, se evita que el juicio político sea un factor de incertidumbre institucional, para consolidarlo como un verdadero instrumento de equilibrio entre los poderes del Estado”.
De la reunión participaron el secretario de Legal y Técnica de la provincia Esteban Vitor y el senador provincial Juan Pablo Cosso, quienes aportaron sus visiones como autores de proyectos similares que aún mantienen estado parlamentario.
Sobre la relevancia de la norma, la diputada Lena destacó: "Este trabajo es fundamental para otorgar reglas claras y seguridad jurídica, tanto para quien denuncia como para el denunciado, y permite cumplir finalmente con el mandato de la Constitución Provincial".
La legisladora fundamentó que “la sanción de esta iniciativa permitiría cubrir una vacancia legislativa de 18 años y dotar a la provincia de un procedimiento moderno y previsible”. Además, agregó que “al establecer etapas probatorias y plazos específicos, se evita que el juicio político sea un factor de incertidumbre institucional, para consolidarlo como un verdadero instrumento de equilibrio entre los poderes del Estado”.
