Se creará una S.A. mixta
La UCR y el PS criticaron la ley de Tierras Fiscales
La llamada ley de Tierras Fiscales, aprobada por la legislatura entrerriana hace dos semanas, es criticada por la Unión Cívica Radical y por el Socialismo por considerarla “confusa”, por un lado, y de “neoliberalista”, por el otro. Puntualmente, la Norma prevé la generación de una sociedad anónima mixta entre el Estado y el sector privado que administrará una parte de las tierras fiscales de la provinciales que tiene en el delta, como también el puerto de Ibicuy. El objetivo principal es la siembra de arroz. Desde la UCR, denunciaron que se abre la posibilidad de que se privaticen “la totalidad de las tierras", como también de los puertos. Del lado del PS, declararon que la iniciativa “incumple aspectos constitucionales” al no atender a los pequeños productores. También, observaron que los grandes productores “trabajarán tierras sin haberlas comprado” y “recibiendo aportes económicos por parte del Estado”. Todavía la ley no fue reglamentada por lo que se desconoce de qué manera se pondrá en vigencia.
25.12.2011 | 17:54
Con la ley ya sancionada dentro del primer conjunto de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo provincial, representantes de la oposición parlamentaria en la provincia fijaron una posición crítica de la iniciativa oficial que contempla la creación de una sociedad anónima del Estado, que podrá concesionar tierras ubicadas en el Delta entrerriano con fines productivos.
UCR
El presidente del bloque de diputados Agustín Federik y el titular del Comité Provincial, José Antonio Artusi lamentaron la ausencia de debate público previo que tuvo el tratamiento de una norma con un texto que consideran “confuso en varios aspectos”.
Interpretaron que la sociedad creada tendrá facultades para concesionar “la totalidad de las tierras fiscales” de la provincia y la concesión de los puertos, “sin especificar de qué manera esta norma se articulará con la legislación portuaria actualmente vigente”.
Advirtieron que “se abre peligrosamente una ventana a la posibilidad de la privatización de los puertos entrerrianos en un proceso dirigido por una sociedad anónima en manos de unos pocos grandes empresarios”.
Señalaron que en la conformación de la SA la Provincia “se reserva solamente el 20% de las acciones y podrá designar sólo un director de los cinco que integrarán el directorio, por lo que las decisiones de la empresa quedarán en manos de los inversores que adquieran el paquete accionario” y consideraron “un absurdo privilegio” que las acciones clase B queden reservadas a los 10 mayores productores.
Cuestionaron que la norma autorice a tomar deuda por 50 millones de dólares, con garantía de la coparticipación de impuestos “para financiar una empresa en la que el Estado va a ser el socio minoritario y sin poder de decisión”.
Finalmente, advirtieron que el desarrollo sostenible en áreas críticas desde el punto de vista ambiental como son las islas “no debe prescindir a priori de la posibilidad de desarrollar actividades productivas, pero deben estar precedidas por rigurosos estudios y evaluaciones que indiquen las actividades a promover y los mecanismos para monitorear el impacto de éstas”.
PS
El diputado socialista Lisandro Viale, dijo que se trata de “un negocio calcado de los años neoliberales que dicen repudiar”, que además “incumple abiertamente la Constitución entrerriana” porque “no hay respuesta para los pequeños” productores y “revela que lo único que les interesa respecto del campo es su renta”.
Resumió sus objeciones en los siguientes puntos:
• “Se crea una Sociedad Anónima en la que el Estado será minoritario, y que por 99 años va a manejar con criterios (hasta el momento) poco claros los arrendamientos de tierras fiscales que, si bien no van a ser vendidas, van a ser explotadas por privados. Un negocio redondo para pocos: trabajar la tierra sin comprar y, además, recibiendo soporte económico del Estado”.
• “La SA será manejada (en un 60% según establece la ley) por empresarios privados que no necesariamente tienen que ser productores de la provincia y que tendrán amplia mayoría en su directorio. Se especifica que esa mayoría accionaria está compuesta de títulos que serán “libremente transferibles y se adjudicarán en concurso público nacional”. Cualquier pool o grupo concentrador (de los cuales ya hay demasiada presencia en Entre Ríos) podrá ser parte o dominar la SA. No hay ninguna especificación que lo impida”.
• “Del 20% pensado para que quede en manos de productores locales, se prevé que “se distribuirá, en proporciones idénticas entre los diez productores radicados en la Provincia de Entre Ríos que registren el mayor volumen de producción”. Es decir que también esa porción accionaria va a quedar en manos de los más grandes”.
• “Nuevamente se aprueban proyectos para los grandes productores, mientras los pequeños y medianos de la provincia siguen sin respuesta. Por si fuera poco, el Estado renuncia a manejar sus tierras fiscales y entrega a una sociedad anónima que de modo inexorable estará en manos de los grandes, por un siglo, la posibilidad de explotar las tierras fiscales de la provincia y además la concesión y explotación de los puertos”.
El diputado socialista sostuvo que “el capital concentrado no quiere invertir en tierra, sino limitarse a acceder a su uso de modo tal que pueda explotar el recurso o abandonar la producción conforme soplen los vientos económicos”.
El legislador cuestionó “la inexistencia de políticas transformadoras en relación con la estructura del agro entrerriano” y opinó que “esta medida ni siquiera es recaudatoria”, sostuvo.
“Dado que no es posible saber a quiénes tienen en mente como inversores en los términos ya explicados, queremos señalar el riesgo de que esta Sociedad Anónima sea un traje a medida que favorezca a unos pocos promovidos por quienes hoy manejan el Estado provincial”, objetó Viale.
Respuesta oficial
Ante las críticas surgidas de la oposición, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, reiteró que la ley no autoriza la venta de las tierras y afirmó que “no hay posibilidades que se presenten personas con fines especulativos”.
Aclaró que la sociedad anónima no recibirá las 200.000 hectáreas que tiene la provincia, sino una superficie determinada para intentar hacer una explotación, en principio de arroz, ya que hay productores que están interesados en volver a esa producción en el Delta. “La idea es realizar una prueba piloto con esta sociedad que en principio será enteramente estatal e irá recibiendo ofertas para la venta de acciones por parte de productores que tengan un proyecto para producir en la zona”, detalló el funcionario.
Reiteró el fiscal de Estado que la sociedad anónima “nacerá como una sociedad del Estado, como es hoy Enersa por ejemplo”, y acotó que la ley habilita la transferencia de acciones al sector privado, ya que “acá no se trata de que el Estado se ponga a producir, sino que inicie el proceso porque es muy difícil que los privados, sin ningún respaldo de la provincia, vayan a la zona de islas y hagan otra cosa distinta de ganadería porque es muy difícil”, consideró.
“La idea es generar la empresa desde un Estado promotor pero luego tratar de pasar al sector privado, no en un ciento por ciento pero sí un porcentaje mayoritario. Pero las tierras no se venden, la superficie que finalmente el Poder Ejecutivo determine afectada a esta sociedad será otorgada en concesión, nunca se le dará en propiedad”, remarcó.
También explicó que el arroz es un producto mucho más compatible que otros para cultivos en esa zona y agregó que las experiencias en los deltas del mundo indican que esa producción es apropiada para mantener el humedal y preservar el ambiente de manera sustentable.
El fiscal de Estado añadió que el arroz que allí se produzca sí podrá venderse ya que, más allá de los vaivenes de los precios, Entre Ríos es el principal productor del país, tanto para el mercado interno como el externo. “La idea es incrementar las áreas sembradas que en este momento están en alrededor de 100.000 hectáreas en la provincia”, afirmó.
Fuente: El Diario
UCR
El presidente del bloque de diputados Agustín Federik y el titular del Comité Provincial, José Antonio Artusi lamentaron la ausencia de debate público previo que tuvo el tratamiento de una norma con un texto que consideran “confuso en varios aspectos”.
Interpretaron que la sociedad creada tendrá facultades para concesionar “la totalidad de las tierras fiscales” de la provincia y la concesión de los puertos, “sin especificar de qué manera esta norma se articulará con la legislación portuaria actualmente vigente”.
Advirtieron que “se abre peligrosamente una ventana a la posibilidad de la privatización de los puertos entrerrianos en un proceso dirigido por una sociedad anónima en manos de unos pocos grandes empresarios”.
Señalaron que en la conformación de la SA la Provincia “se reserva solamente el 20% de las acciones y podrá designar sólo un director de los cinco que integrarán el directorio, por lo que las decisiones de la empresa quedarán en manos de los inversores que adquieran el paquete accionario” y consideraron “un absurdo privilegio” que las acciones clase B queden reservadas a los 10 mayores productores.
Cuestionaron que la norma autorice a tomar deuda por 50 millones de dólares, con garantía de la coparticipación de impuestos “para financiar una empresa en la que el Estado va a ser el socio minoritario y sin poder de decisión”.
Finalmente, advirtieron que el desarrollo sostenible en áreas críticas desde el punto de vista ambiental como son las islas “no debe prescindir a priori de la posibilidad de desarrollar actividades productivas, pero deben estar precedidas por rigurosos estudios y evaluaciones que indiquen las actividades a promover y los mecanismos para monitorear el impacto de éstas”.
PS
El diputado socialista Lisandro Viale, dijo que se trata de “un negocio calcado de los años neoliberales que dicen repudiar”, que además “incumple abiertamente la Constitución entrerriana” porque “no hay respuesta para los pequeños” productores y “revela que lo único que les interesa respecto del campo es su renta”.
Resumió sus objeciones en los siguientes puntos:
• “Se crea una Sociedad Anónima en la que el Estado será minoritario, y que por 99 años va a manejar con criterios (hasta el momento) poco claros los arrendamientos de tierras fiscales que, si bien no van a ser vendidas, van a ser explotadas por privados. Un negocio redondo para pocos: trabajar la tierra sin comprar y, además, recibiendo soporte económico del Estado”.
• “La SA será manejada (en un 60% según establece la ley) por empresarios privados que no necesariamente tienen que ser productores de la provincia y que tendrán amplia mayoría en su directorio. Se especifica que esa mayoría accionaria está compuesta de títulos que serán “libremente transferibles y se adjudicarán en concurso público nacional”. Cualquier pool o grupo concentrador (de los cuales ya hay demasiada presencia en Entre Ríos) podrá ser parte o dominar la SA. No hay ninguna especificación que lo impida”.
• “Del 20% pensado para que quede en manos de productores locales, se prevé que “se distribuirá, en proporciones idénticas entre los diez productores radicados en la Provincia de Entre Ríos que registren el mayor volumen de producción”. Es decir que también esa porción accionaria va a quedar en manos de los más grandes”.
• “Nuevamente se aprueban proyectos para los grandes productores, mientras los pequeños y medianos de la provincia siguen sin respuesta. Por si fuera poco, el Estado renuncia a manejar sus tierras fiscales y entrega a una sociedad anónima que de modo inexorable estará en manos de los grandes, por un siglo, la posibilidad de explotar las tierras fiscales de la provincia y además la concesión y explotación de los puertos”.
El diputado socialista sostuvo que “el capital concentrado no quiere invertir en tierra, sino limitarse a acceder a su uso de modo tal que pueda explotar el recurso o abandonar la producción conforme soplen los vientos económicos”.
El legislador cuestionó “la inexistencia de políticas transformadoras en relación con la estructura del agro entrerriano” y opinó que “esta medida ni siquiera es recaudatoria”, sostuvo.
“Dado que no es posible saber a quiénes tienen en mente como inversores en los términos ya explicados, queremos señalar el riesgo de que esta Sociedad Anónima sea un traje a medida que favorezca a unos pocos promovidos por quienes hoy manejan el Estado provincial”, objetó Viale.
Respuesta oficial
Ante las críticas surgidas de la oposición, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, reiteró que la ley no autoriza la venta de las tierras y afirmó que “no hay posibilidades que se presenten personas con fines especulativos”.
Aclaró que la sociedad anónima no recibirá las 200.000 hectáreas que tiene la provincia, sino una superficie determinada para intentar hacer una explotación, en principio de arroz, ya que hay productores que están interesados en volver a esa producción en el Delta. “La idea es realizar una prueba piloto con esta sociedad que en principio será enteramente estatal e irá recibiendo ofertas para la venta de acciones por parte de productores que tengan un proyecto para producir en la zona”, detalló el funcionario.
Reiteró el fiscal de Estado que la sociedad anónima “nacerá como una sociedad del Estado, como es hoy Enersa por ejemplo”, y acotó que la ley habilita la transferencia de acciones al sector privado, ya que “acá no se trata de que el Estado se ponga a producir, sino que inicie el proceso porque es muy difícil que los privados, sin ningún respaldo de la provincia, vayan a la zona de islas y hagan otra cosa distinta de ganadería porque es muy difícil”, consideró.
“La idea es generar la empresa desde un Estado promotor pero luego tratar de pasar al sector privado, no en un ciento por ciento pero sí un porcentaje mayoritario. Pero las tierras no se venden, la superficie que finalmente el Poder Ejecutivo determine afectada a esta sociedad será otorgada en concesión, nunca se le dará en propiedad”, remarcó.
También explicó que el arroz es un producto mucho más compatible que otros para cultivos en esa zona y agregó que las experiencias en los deltas del mundo indican que esa producción es apropiada para mantener el humedal y preservar el ambiente de manera sustentable.
El fiscal de Estado añadió que el arroz que allí se produzca sí podrá venderse ya que, más allá de los vaivenes de los precios, Entre Ríos es el principal productor del país, tanto para el mercado interno como el externo. “La idea es incrementar las áreas sembradas que en este momento están en alrededor de 100.000 hectáreas en la provincia”, afirmó.
Fuente: El Diario
