PREGUNTAS SIN CONTESTAR
El negociado con los comedores escolares
El cambio en los comedores de Entre Ríos fue cuestionado desde distintos sectores, hasta el punto que se recurrió al Pedido de Acceso a información Pública para conocer cómo fue el proceso que se pasó de un sistema público a uno privado, con un aumento en el costo de más del 90%.
02.08.2026 | 10:09
Resulta por demás repudiable, cínico y alarmante escuchar cómo desde las más altas esferas del gobierno provincial se pretende instalar un relato de eficiencia sobre las ruinas de la economía cotidiana de nuestros chicos. Es francamente indignante que, con total liviandad, se ufanara públicamente de que hasta hace poco los comedores escolares recibían la miseria de 700 pesos por chico, y que hoy se intente presentar el incremento como un acto de generosidad o modernización. Parece mentira que se sientan orgullosos de haber hambreado a los gurises durante meses, racionando el pan y la leche con criterios de indigencia, para que ahora, cuando el negocio millonario recae en manos de un proveedor privado foráneo, los montos se multipliquen de manera escandalosa por más del 140%.
El pasado Decreto N.º 852/2026, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano bajo la conducción de la ministra Verónica Berisso, formalizó una modificación estructural tan profunda como perjudicial: la centralización de los desayunos y meriendas de 996 comedores escolares entrerrianos. Lo que se nos vende como una solución logística no es más que un brutal trasvase de recursos públicos hacia una corporación monopólica de la capital federal, vaciando de contenido a nuestras economías regionales y condenando a los establecimientos educativos a recibir un menú industrializado de pésima calidad nutricional.
De la descentralización productiva a la concentración monopólica.
Para dimensionar el tamaño del despropósito, basta con contrastar el modelo anterior con el esquema actual que impone la administración provincial. Hasta la llegada de este decreto, el sistema funcionaba de manera descentralizada mediante la asignación de fondos a través de la tarjeta Sidecreer directamente a los directivos escolares. Esto permitía que más de 1.000 PyMEs, comercios de cercanía, panaderías artesanales, almacenes y cooperativas lácteas de cada localidad participaran activamente del circuito económico, garantizando que el dinero circule en los 17 departamentos de la provincia.
Además, este esquema permitía flexibilidad y calidad: las escuelas podían incluir alimentos frescos indispensables para el desarrollo de los niños, tales como leche fresca, pan recién horneado, quesos, yogures y frutas de estación provistas por productores locales. Hoy, todo eso ha sido sepultado bajo una contratación directa centralizada a favor de la firma Teknofood S.A., perteneciente al Grupo Phrónesis del empresario José Chediack.
El salto presupuestario y la opacidad institucional
El núcleo del escándalo no reside meramente en la elección de un proveedor monopólico, sino en las obscenas asimetrías financieras del proceso licitatorio. El presupuesto oficial estimado originalmente para cubrir un período de 18 meses ascendía a $42.000 millones de pesos. Sin embargo, en un giro que desafía cualquier lógica de prudencia fiscal, el contrato final con Teknofood S.A. fue adjudicado por la friolera de $101.000 millones de pesos. Estamos ante un incremento nominal y estructural superior al 140,48%.
¿Cómo se explica semejante salto? Cuando los 700 pesos por alumno eran administrados por las escuelas, la billetera del Estado provincial era estricta y mezquina, argumentando restricciones presupuestarias y crisis fiscal. Pero cuando el negocio se diseña a medida de un gran grupo empresario de fuera de la provincia, los fondos aparecen por arte de magia, cuadruplicando las expectativas iniciales en beneficio de un privado.
A este despropósito financiero se le suma una preocupante opacidad administrativa. Los actos administrativos correspondientes no fueron publicados con la debida transparencia en el Boletín Oficial ni en los portales tradicionales de acceso público, oscureciendo un proceso que compromete fondos millonarios de todos los entrerrianos. Esta situación de desamparo normativo y desprecio por las instituciones fue la que motivó que, el pasado 31 de julio de 2026, gremios docentes como AGMER, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Cauce y colectivos de padres interpusieran un Amparo Colectivo con medida cautelar ante la Justicia provincial, exigiendo la inmediata suspensión de esta entrega y la restitución de los fondos a las escuelas.
La condena nutricional: el despropósito de reemplazar alimentos frescos por químicos y harinas refinadas
Como si la fuga de recursos económicos y el negociado político fuera poco, el perjuicio más grave y doloroso se verifica en los platos —o mejor dicho, en los envases— que reciben nuestros hijos. El nuevo esquema impulsado por el Ejecutivo provincial comete el inadmisible despropósito de retirar por completo los alimentos frescos y las frutas que proveían las economías locales en el sistema anterior, para reemplazarlos masivamente por productos ultraprocesados. El menú impuesto por Teknofood S.A. se basa en una rotación semanal de fórmulas industriales de almacenamiento prolongado: leche saborizada con cereales, mate cocido con galletitas masivas, chocolatada con budín industrial, arroz con leche envasado y masas secas de distribución masiva.
Estamos hablando de una dieta cargada de harinas refinadas, azúcares añadidos y aditivos químicos que no sólo carecen de los nutrientes esenciales que un niño en etapa de crecimiento necesita, sino que además son sustancias altamente desaconsejadas para el consumo humano y, mucho más aún, para las infancias. Sustituir la leche fresca, el pan artesanal y las frutas de estación por mercadería de estantería repleta de conservantes y químicos industriales constituye un atentado directo contra la salud pública y el desarrollo cognitivo y físico de los gurises entrerrianos.
Frente a esto, el pronunciamiento de los especialistas ha sido lapidario y categórico. Instituciones de peso como la Asociación de Entidades de Nutrición (AEN), ALENCU y el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos han advertido con firmeza que este menú prioriza ultraprocesados y alimentos secos con altos niveles de sodio, azúcares refinados y grasas saturadas, desplazando por completo la producción fresca y saludable de nuestras regiones.
Una fuga de liquidez inadmisible
Entidades representativas del sector comercial, como el Centro de Comercio e Industrias de Concordia y diversas cámaras PyME de la provincia, han puesto el grito en el cielo al advertir que cerca de $100.000 millones dejan de volcarse en las cadenas de valor de los 17 departamentos entrerrianos. Almaceneros, panaderos, cooperativas lácteas y distribuidores locales quedan marginados de un negocio que alimenta a casi mil comedores escolares, mientras los recursos fiscales de la provincia emigran sin escalas hacia los balances de una empresa radicada en Buenos Aires.
El argumento oficial de que esta centralización permite un control estricto de las raciones y evita sobreprecios no es más que una burda excusa técnica para justificar la concentración económica. La verdadera eficiencia de un Estado se mide por su capacidad de proteger a su comunidad, fomentar el desarrollo local y garantizar una alimentación digna y sana para los menores, no por tercerizar la sensibilidad social en favor de corporaciones amigas.
Es tiempo de que el gobierno provincial rectifique este rumbo oprobioso, rinda cuentas claras sobre el sobrefacturado salto del 140% y devuelva la soberanía alimentaria y presupuestaria a quienes verdaderamente conocen y cuidan a nuestros gurises: las escuelas, los docentes y los productores de nuestra propia tierra.
POR PABLO MUGUERLI
El pasado Decreto N.º 852/2026, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano bajo la conducción de la ministra Verónica Berisso, formalizó una modificación estructural tan profunda como perjudicial: la centralización de los desayunos y meriendas de 996 comedores escolares entrerrianos. Lo que se nos vende como una solución logística no es más que un brutal trasvase de recursos públicos hacia una corporación monopólica de la capital federal, vaciando de contenido a nuestras economías regionales y condenando a los establecimientos educativos a recibir un menú industrializado de pésima calidad nutricional.
De la descentralización productiva a la concentración monopólica.
Para dimensionar el tamaño del despropósito, basta con contrastar el modelo anterior con el esquema actual que impone la administración provincial. Hasta la llegada de este decreto, el sistema funcionaba de manera descentralizada mediante la asignación de fondos a través de la tarjeta Sidecreer directamente a los directivos escolares. Esto permitía que más de 1.000 PyMEs, comercios de cercanía, panaderías artesanales, almacenes y cooperativas lácteas de cada localidad participaran activamente del circuito económico, garantizando que el dinero circule en los 17 departamentos de la provincia.
Además, este esquema permitía flexibilidad y calidad: las escuelas podían incluir alimentos frescos indispensables para el desarrollo de los niños, tales como leche fresca, pan recién horneado, quesos, yogures y frutas de estación provistas por productores locales. Hoy, todo eso ha sido sepultado bajo una contratación directa centralizada a favor de la firma Teknofood S.A., perteneciente al Grupo Phrónesis del empresario José Chediack.
El salto presupuestario y la opacidad institucional
El núcleo del escándalo no reside meramente en la elección de un proveedor monopólico, sino en las obscenas asimetrías financieras del proceso licitatorio. El presupuesto oficial estimado originalmente para cubrir un período de 18 meses ascendía a $42.000 millones de pesos. Sin embargo, en un giro que desafía cualquier lógica de prudencia fiscal, el contrato final con Teknofood S.A. fue adjudicado por la friolera de $101.000 millones de pesos. Estamos ante un incremento nominal y estructural superior al 140,48%.
¿Cómo se explica semejante salto? Cuando los 700 pesos por alumno eran administrados por las escuelas, la billetera del Estado provincial era estricta y mezquina, argumentando restricciones presupuestarias y crisis fiscal. Pero cuando el negocio se diseña a medida de un gran grupo empresario de fuera de la provincia, los fondos aparecen por arte de magia, cuadruplicando las expectativas iniciales en beneficio de un privado.
A este despropósito financiero se le suma una preocupante opacidad administrativa. Los actos administrativos correspondientes no fueron publicados con la debida transparencia en el Boletín Oficial ni en los portales tradicionales de acceso público, oscureciendo un proceso que compromete fondos millonarios de todos los entrerrianos. Esta situación de desamparo normativo y desprecio por las instituciones fue la que motivó que, el pasado 31 de julio de 2026, gremios docentes como AGMER, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Cauce y colectivos de padres interpusieran un Amparo Colectivo con medida cautelar ante la Justicia provincial, exigiendo la inmediata suspensión de esta entrega y la restitución de los fondos a las escuelas.
La condena nutricional: el despropósito de reemplazar alimentos frescos por químicos y harinas refinadas
Como si la fuga de recursos económicos y el negociado político fuera poco, el perjuicio más grave y doloroso se verifica en los platos —o mejor dicho, en los envases— que reciben nuestros hijos. El nuevo esquema impulsado por el Ejecutivo provincial comete el inadmisible despropósito de retirar por completo los alimentos frescos y las frutas que proveían las economías locales en el sistema anterior, para reemplazarlos masivamente por productos ultraprocesados. El menú impuesto por Teknofood S.A. se basa en una rotación semanal de fórmulas industriales de almacenamiento prolongado: leche saborizada con cereales, mate cocido con galletitas masivas, chocolatada con budín industrial, arroz con leche envasado y masas secas de distribución masiva.
Estamos hablando de una dieta cargada de harinas refinadas, azúcares añadidos y aditivos químicos que no sólo carecen de los nutrientes esenciales que un niño en etapa de crecimiento necesita, sino que además son sustancias altamente desaconsejadas para el consumo humano y, mucho más aún, para las infancias. Sustituir la leche fresca, el pan artesanal y las frutas de estación por mercadería de estantería repleta de conservantes y químicos industriales constituye un atentado directo contra la salud pública y el desarrollo cognitivo y físico de los gurises entrerrianos.
Frente a esto, el pronunciamiento de los especialistas ha sido lapidario y categórico. Instituciones de peso como la Asociación de Entidades de Nutrición (AEN), ALENCU y el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos han advertido con firmeza que este menú prioriza ultraprocesados y alimentos secos con altos niveles de sodio, azúcares refinados y grasas saturadas, desplazando por completo la producción fresca y saludable de nuestras regiones.
Una fuga de liquidez inadmisible
Entidades representativas del sector comercial, como el Centro de Comercio e Industrias de Concordia y diversas cámaras PyME de la provincia, han puesto el grito en el cielo al advertir que cerca de $100.000 millones dejan de volcarse en las cadenas de valor de los 17 departamentos entrerrianos. Almaceneros, panaderos, cooperativas lácteas y distribuidores locales quedan marginados de un negocio que alimenta a casi mil comedores escolares, mientras los recursos fiscales de la provincia emigran sin escalas hacia los balances de una empresa radicada en Buenos Aires.
El argumento oficial de que esta centralización permite un control estricto de las raciones y evita sobreprecios no es más que una burda excusa técnica para justificar la concentración económica. La verdadera eficiencia de un Estado se mide por su capacidad de proteger a su comunidad, fomentar el desarrollo local y garantizar una alimentación digna y sana para los menores, no por tercerizar la sensibilidad social en favor de corporaciones amigas.
Es tiempo de que el gobierno provincial rectifique este rumbo oprobioso, rinda cuentas claras sobre el sobrefacturado salto del 140% y devuelva la soberanía alimentaria y presupuestaria a quienes verdaderamente conocen y cuidan a nuestros gurises: las escuelas, los docentes y los productores de nuestra propia tierra.
POR PABLO MUGUERLI
