DEMANDA DE MICHEL, BAHL Y MARCLAY

Demanda contra HIF Global: la justicia Federal inspeccionará el río Uruguay

El juez federal Hernán Viri ordenó realizar una inspección judicial sobre las partes pertinentes del río Uruguay en las que se instalaría HIF, en el marco de la demanda preventiva de Daño Ambiental contra la empresa y la República del Uruguay que impulsan los legisladores Michel, Bahl y Marclay. 
03.08.2026 | 11:43
El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay dispuso la realización de un reconocimiento judicial sobre el río Uruguay, en el marco de la causa que investiga el posible impacto ambiental derivado del proyecto de la planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en la ciudad uruguaya de Paysandú.

La medida fue ordenada por el juez federal Hernán S. Viri, quien fijó el procedimiento para el próximo 21 de agosto, a las 10:00, luego de que aceptara el cargo la perito bióloga designada en la causa, la licenciada Viviana Beatriz Cousté. El punto de encuentro será la sede de la Prefectura Naval Argentina Zona Bajo Uruguay, en Concepción del Uruguay, organismo que colaborará en el desarrollo de la diligencia.

El reconocimiento judicial había sido dispuesto mediante una resolución interlocutoria del 10 de abril de este año y forma parte de las medidas de prueba previstas dentro del expediente por daños ambientales. Del acto participarán las partes intervinientes en el proceso y la Defensoría Pública Oficial de la jurisdicción, que serán notificadas por vía electrónica.

La causa corresponde a una acción judicial preventiva de daño ambiental iniciada por el Diptado Nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, junto al Senador Nacional Adán Bahl y la Diputada Nacional Marianela Marclay, quienes cuestionan la instalación de la planta sobre la margen oriental del río Uruguay y reclaman el cumplimiento de la normativa ambiental y del Tratado del Río Uruguay.

Tras conocerse la resolución, Michel destacó en sus redes sociales que la Justicia Federal "dispuso la realización de un reconocimiento judicial en el río Uruguay para analizar la posible contaminación por la instalación de la planta de combustible sintético en Paysandú". También sostuvo que, desde el inicio del conflicto, plantearon que la salida debía darse "aplicando la ley y el Tratado del Río Uruguay" y afirmó que la falta de definiciones por parte del Gobierno "genera incertidumbre en las comunidades", al considerar que la actividad turística ya comenzó a verse afectada por el proyecto.
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