SENADO - PJ
Proyecto de Transformación e Innovación Digital
El Bloque de Senadores Justicialistas presentó una propuesta de modificaciones al proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital, con especial énfasis en establecer límites claros a la contratación directa, fortalecer los mecanismos de control y garantizar la publicidad de los gastos del Estado.
28.10.2026 | 18:20
“La modernización es necesaria, pero tiene que hacerse con reglas claras y controles efectivos”, sostuvo el senador Martín Oliva.
Durante el encuentro de las comisiones que analizaron la iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, el bloque planteó la necesidad de introducir cambios sustanciales al régimen de compras y contrataciones tecnológicas, para resguardar los recursos públicos y asegurar que las nuevas herramientas digitales se incorporen con transparencia y responsabilidad.
“No estamos discutiendo si el Estado debe modernizarse, sino bajo qué reglas lo hace. La innovación no puede convertirse en una puerta de entrada para contratar sin límites ni controles suficientes”, expresó Oliva, quien preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Uno de los principales ejes de la propuesta es establecer condiciones concretas para habilitar la contratación directa de software, licencias, suscripciones y servicios tecnológicos. Para ello, se plantea exigir informes técnicos fundados, la comparación de alternativas disponibles y la evaluación del costo total de cada operación, junto con límites presupuestarios y un plazo máximo de 36 meses.
Además, se propone prohibir el fraccionamiento de contratos para eludir esos límites e incorporar previsiones sobre las condiciones de salida de los servicios y la portabilidad de los datos, con el objetivo de evitar que el Estado quede condicionado a un único proveedor.
“La contratación directa tiene que ser una excepción debidamente justificada, no una autorización abierta. Si se trata de recursos de todos los entrerrianos, necesitamos saber por qué se elige a un proveedor, cuánto se paga y qué garantías tiene el Estado”, remarcó el senador.
La propuesta también establece límites al pago anticipado de servicios tecnológicos, que no podrá superar el equivalente a doce meses de prestación. A esto se suman obligaciones de rendición mensual para las tarjetas corporativas y billeteras digitales utilizadas en estas operaciones, con intervención de la Contaduría General de la Provincia y comunicación al Tribunal de Cuentas.
En materia de transparencia, el bloque impulsa la publicación periódica de información detallada sobre las contrataciones, los proveedores, los montos, los plazos, los fundamentos de cada operación y los funcionarios responsables.
Las modificaciones alcanzan asimismo a las alianzas estratégicas con entidades privadas y académicas, para exigir instrumentos jurídicos, criterios objetivos de selección, mecanismos de control y rendición de cuentas. El propósito es evitar que estas figuras se conviertan en vías para eludir las normas que regulan las contrataciones públicas.
Por otra parte, se propone que las plataformas digitales y las herramientas de inteligencia artificial contribuyan a mejorar los procedimientos de compra, sin alterar las reglas de selección establecidas por la legislación vigente ni reemplazar la evaluación administrativa de las ofertas.
"Modernizar también significa fortalecer los controles, dar publicidad a las decisiones y asegurar que cada peso se gaste con fundamento. Queremos un Estado más ágil y eficiente, pero también más transparente y responsable frente a la ciudadanía”, concluyó Oliva.
Desde el Bloque de Senadores Justicialistas señalaron que las modificaciones buscan contribuir al debate legislativo con aportes concretos para que la transformación digital del Estado se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía, sin resignar transparencia, competencia ni controles sobre el uso de los recursos públicos.
Durante el encuentro de las comisiones que analizaron la iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, el bloque planteó la necesidad de introducir cambios sustanciales al régimen de compras y contrataciones tecnológicas, para resguardar los recursos públicos y asegurar que las nuevas herramientas digitales se incorporen con transparencia y responsabilidad.
“No estamos discutiendo si el Estado debe modernizarse, sino bajo qué reglas lo hace. La innovación no puede convertirse en una puerta de entrada para contratar sin límites ni controles suficientes”, expresó Oliva, quien preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Uno de los principales ejes de la propuesta es establecer condiciones concretas para habilitar la contratación directa de software, licencias, suscripciones y servicios tecnológicos. Para ello, se plantea exigir informes técnicos fundados, la comparación de alternativas disponibles y la evaluación del costo total de cada operación, junto con límites presupuestarios y un plazo máximo de 36 meses.
Además, se propone prohibir el fraccionamiento de contratos para eludir esos límites e incorporar previsiones sobre las condiciones de salida de los servicios y la portabilidad de los datos, con el objetivo de evitar que el Estado quede condicionado a un único proveedor.
“La contratación directa tiene que ser una excepción debidamente justificada, no una autorización abierta. Si se trata de recursos de todos los entrerrianos, necesitamos saber por qué se elige a un proveedor, cuánto se paga y qué garantías tiene el Estado”, remarcó el senador.
La propuesta también establece límites al pago anticipado de servicios tecnológicos, que no podrá superar el equivalente a doce meses de prestación. A esto se suman obligaciones de rendición mensual para las tarjetas corporativas y billeteras digitales utilizadas en estas operaciones, con intervención de la Contaduría General de la Provincia y comunicación al Tribunal de Cuentas.
En materia de transparencia, el bloque impulsa la publicación periódica de información detallada sobre las contrataciones, los proveedores, los montos, los plazos, los fundamentos de cada operación y los funcionarios responsables.
Las modificaciones alcanzan asimismo a las alianzas estratégicas con entidades privadas y académicas, para exigir instrumentos jurídicos, criterios objetivos de selección, mecanismos de control y rendición de cuentas. El propósito es evitar que estas figuras se conviertan en vías para eludir las normas que regulan las contrataciones públicas.
Por otra parte, se propone que las plataformas digitales y las herramientas de inteligencia artificial contribuyan a mejorar los procedimientos de compra, sin alterar las reglas de selección establecidas por la legislación vigente ni reemplazar la evaluación administrativa de las ofertas.
"Modernizar también significa fortalecer los controles, dar publicidad a las decisiones y asegurar que cada peso se gaste con fundamento. Queremos un Estado más ágil y eficiente, pero también más transparente y responsable frente a la ciudadanía”, concluyó Oliva.
Desde el Bloque de Senadores Justicialistas señalaron que las modificaciones buscan contribuir al debate legislativo con aportes concretos para que la transformación digital del Estado se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía, sin resignar transparencia, competencia ni controles sobre el uso de los recursos públicos.
