LA DEUDA Y GASTO AUMENTAN AÑO A AÑO
Sobre OSER: “Tenemos una obra social que está agonizando”
El síndico por la oposición de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica, institucional y prestacional del organismo.
05.11.2026 | 17:00
En una entrevista realizada en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), sostuvo que los conflictos con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), las clínicas, los prestadores y las dificultades para garantizar medicamentos no constituían episodios aislados, sino consecuencias de una crisis estructural que, a su entender, se había profundizado durante la actual gestión. También cuestionó la falta de transparencia, denunció obstáculos para ejercer su función de control y advirtió sobre el deterioro de las prestaciones que reciben los afiliados.
“Esto no es sorpresivo”, afirmó Giampaolo al analizar el nuevo conflicto entre la OSER y los profesionales médicos. Recordó que las diferencias comenzaron a principios de año por descuentos administrativos, débitos y otros conceptos que afectaron a los prestadores. A su juicio, las dificultades con Femer, la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), las cuidadoras domiciliarias y la provisión de medicamentos respondían a un mismo problema de fondo: “La profundización de la crisis económica que tiene hoy la Obra Social de Entre Ríos”.
El síndico aseguró que había advertido sobre este escenario desde febrero, cuando presentó su primer informe ante la Legislatura, el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. “El conflicto se va a profundizar”, había anticipado ante la ausencia de soluciones para una situación que también definió como una crisis institucional.
Uno de los principales argumentos de Giampaolo se apoyó en los estados contables publicados en el Boletín Oficial. Según detalló, la deuda pasó de 10.000 millones de pesos en 2023 a 56.000 millones en 2024 y superó los 80.000 millones a diciembre de 2025. También señaló un crecimiento significativo del gasto: de aproximadamente 67.000 millones en 2023 a más de 289.000 millones en 2025.
Frente a la posibilidad de atribuir esos incrementos exclusivamente a la inflación, precisó que el aumento del gasto rondó el 43%, por encima del 31,5% de inflación registrado durante 2025. “No solo el aumento se debió al crecimiento inflacionario, al crecimiento de los precios, sino se vio un aumento del gasto real”, sostuvo.
En ese contexto, cuestionó que la reducción del déficit respondiera a una disminución de las erogaciones. “La pérdida disminuyó de 25.000 millones de pérdida a 23.000 millones. Pero no disminuyó por una reducción de gastos, sino por un aumento de los ingresos que hacemos todos los afiliados”, explicó. Para Giampaolo, la consecuencia más preocupante era la incertidumbre sobre los pagos a los prestadores y, por extensión, sobre la continuidad de los servicios.
La entrevista también expuso las dificultades que -según denunció- enfrentaba para ejercer la sindicatura. Giampaolo afirmó que una circular del directorio -identificada con el número 126-, estableció que sus informes y pedidos de información debían contar con la firma del otro síndico, Juan Carlos Paludi, representante del oficialismo. Sostuvo que esa exigencia le impedía formalizar un segundo informe y que, pese a tenerlo preparado y actualizado al 21 de agosto, no podía elevarlo a los organismos de control.
“Si la ley prevé un síndico por el oficialismo y otro por oposición, para que justamente exista un control por oposición, y no puedo realizar mi trabajo, ese control no se puede realizar”, advirtió. También cuestionó la falta de respuestas del gobernador, la vicegobernadora, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas ante las presentaciones que realizó.
En materia de legalidad, enumeró incumplimientos que atribuyó a la conducción de la OSER: la falta de reglamentación de la Ley 11.202, la ausencia del Consejo Consultivo previsto en el artículo 18 y el cumplimiento parcial de las obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo 27. Además, mencionó observaciones sobre procedimientos de contratación y compras, entre ellas una licitación de prótesis y adquisiciones de medicamentos.
Giampaolo rechazó que sus cuestionamientos fueran desestimados por su pertenencia política. “Soy un síndico de la oposición, ¡porque la ley así lo determina!”, respondió a esa crítica. Y reclamó que las autoridades refuten sus planteos con documentación y argumentos, en lugar de recurrir a descalificaciones partidarias.
Hacia el final de la entrevista en “Cuestión de Fondo”, puso el foco en la situación cotidiana de los afiliados y las delegaciones provinciales. Describió dificultades edilicias, precariedad laboral, falta de insumos y empleados que debían afrontar gastos básicos con recursos propios.
“Tenemos una obra social que está agonizando”, expresó. Y sintetizó el reclamo que atravesó toda la entrevista: “A nosotros nos descuentan todos los meses. (...) Pero el descuento sigue y no tenemos la prestación”. Para el síndico, la discusión excede las diferencias entre autoridades y prestadores: “Los dueños de la obra social somos los afiliados”, recordó.
“Esto no es sorpresivo”, afirmó Giampaolo al analizar el nuevo conflicto entre la OSER y los profesionales médicos. Recordó que las diferencias comenzaron a principios de año por descuentos administrativos, débitos y otros conceptos que afectaron a los prestadores. A su juicio, las dificultades con Femer, la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), las cuidadoras domiciliarias y la provisión de medicamentos respondían a un mismo problema de fondo: “La profundización de la crisis económica que tiene hoy la Obra Social de Entre Ríos”.
El síndico aseguró que había advertido sobre este escenario desde febrero, cuando presentó su primer informe ante la Legislatura, el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. “El conflicto se va a profundizar”, había anticipado ante la ausencia de soluciones para una situación que también definió como una crisis institucional.
Uno de los principales argumentos de Giampaolo se apoyó en los estados contables publicados en el Boletín Oficial. Según detalló, la deuda pasó de 10.000 millones de pesos en 2023 a 56.000 millones en 2024 y superó los 80.000 millones a diciembre de 2025. También señaló un crecimiento significativo del gasto: de aproximadamente 67.000 millones en 2023 a más de 289.000 millones en 2025.
Frente a la posibilidad de atribuir esos incrementos exclusivamente a la inflación, precisó que el aumento del gasto rondó el 43%, por encima del 31,5% de inflación registrado durante 2025. “No solo el aumento se debió al crecimiento inflacionario, al crecimiento de los precios, sino se vio un aumento del gasto real”, sostuvo.
En ese contexto, cuestionó que la reducción del déficit respondiera a una disminución de las erogaciones. “La pérdida disminuyó de 25.000 millones de pérdida a 23.000 millones. Pero no disminuyó por una reducción de gastos, sino por un aumento de los ingresos que hacemos todos los afiliados”, explicó. Para Giampaolo, la consecuencia más preocupante era la incertidumbre sobre los pagos a los prestadores y, por extensión, sobre la continuidad de los servicios.
La entrevista también expuso las dificultades que -según denunció- enfrentaba para ejercer la sindicatura. Giampaolo afirmó que una circular del directorio -identificada con el número 126-, estableció que sus informes y pedidos de información debían contar con la firma del otro síndico, Juan Carlos Paludi, representante del oficialismo. Sostuvo que esa exigencia le impedía formalizar un segundo informe y que, pese a tenerlo preparado y actualizado al 21 de agosto, no podía elevarlo a los organismos de control.
“Si la ley prevé un síndico por el oficialismo y otro por oposición, para que justamente exista un control por oposición, y no puedo realizar mi trabajo, ese control no se puede realizar”, advirtió. También cuestionó la falta de respuestas del gobernador, la vicegobernadora, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas ante las presentaciones que realizó.
En materia de legalidad, enumeró incumplimientos que atribuyó a la conducción de la OSER: la falta de reglamentación de la Ley 11.202, la ausencia del Consejo Consultivo previsto en el artículo 18 y el cumplimiento parcial de las obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo 27. Además, mencionó observaciones sobre procedimientos de contratación y compras, entre ellas una licitación de prótesis y adquisiciones de medicamentos.
Giampaolo rechazó que sus cuestionamientos fueran desestimados por su pertenencia política. “Soy un síndico de la oposición, ¡porque la ley así lo determina!”, respondió a esa crítica. Y reclamó que las autoridades refuten sus planteos con documentación y argumentos, en lugar de recurrir a descalificaciones partidarias.
Hacia el final de la entrevista en “Cuestión de Fondo”, puso el foco en la situación cotidiana de los afiliados y las delegaciones provinciales. Describió dificultades edilicias, precariedad laboral, falta de insumos y empleados que debían afrontar gastos básicos con recursos propios.
“Tenemos una obra social que está agonizando”, expresó. Y sintetizó el reclamo que atravesó toda la entrevista: “A nosotros nos descuentan todos los meses. (...) Pero el descuento sigue y no tenemos la prestación”. Para el síndico, la discusión excede las diferencias entre autoridades y prestadores: “Los dueños de la obra social somos los afiliados”, recordó.
