CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN
Respaldan la educación inclusiva en Rosario del Tala
El máximo tribunal anuló un fallo del Superior Tribunal de Justicia entrerriano que había rechazado el amparo de una madre de Rosario del Tala. La mujer reclama que su hija con discapacidad acceda a una trayectoria educativa inclusiva y con apoyos adecuados.
13.11.2026 | 10:10
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al planteo de una madre de Rosario del Tala que reclama el derecho a la educación inclusiva de su hija adolescente con discapacidad. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con carácter urgente.
La causa se inició mediante una acción de amparo contra el Consejo General de Educación (CGE), con el objetivo de que se garantizara la trayectoria escolar de la joven a través de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), de acuerdo con sus necesidades y con la normativa vigente. La madre había denunciado que el organismo provincial no garantizaba las condiciones necesarias para su inclusión educativa.
En primera instancia, la Justicia había hecho lugar al reclamo y ordenado al CGE elaborar el proyecto en un plazo de 20 días. El juez consideró que las alternativas ofrecidas por las autoridades, entre ellas la concurrencia a una escuela especial o la cursada de algunas materias de manera aislada, no constituían una propuesta integral que contemplara las particularidades de la adolescente.
Sin embargo, tras la apelación del Estado provincial, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el amparo. El argumento fue que existía un procedimiento administrativo previo relacionado con el caso y que la familia debía continuar por esa vía para obtener una respuesta.
La madre recurrió entonces a la Corte Suprema, que consideró que el tribunal entrerriano había incurrido en un "exceso ritual manifiesto" al privilegiar una cuestión formal por encima de los derechos que estaban en discusión. Según los jueces, el trámite administrativo ya había concluido o, al menos, no constituía una instancia idónea para resolver el conflicto.
En su resolución, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que los jueces tenían el deber de actuar con premura y evitar formalismos que impidieran el acceso a la Justicia. También remarcaron que no se habían expuesto razones suficientes para demostrar que existieran otras vías efectivas para proteger los derechos de la menor.
Por su parte, Ricardo Lorenzetti, en un voto concurrente, sostuvo que el derecho a la educación y las garantías específicas para las personas con discapacidad no pueden quedar reducidos a una declaración formal. También advirtió que una interpretación que impida la aplicación efectiva de esos derechos debilita la confianza en las instituciones.
La causa se inició mediante una acción de amparo contra el Consejo General de Educación (CGE), con el objetivo de que se garantizara la trayectoria escolar de la joven a través de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), de acuerdo con sus necesidades y con la normativa vigente. La madre había denunciado que el organismo provincial no garantizaba las condiciones necesarias para su inclusión educativa.
En primera instancia, la Justicia había hecho lugar al reclamo y ordenado al CGE elaborar el proyecto en un plazo de 20 días. El juez consideró que las alternativas ofrecidas por las autoridades, entre ellas la concurrencia a una escuela especial o la cursada de algunas materias de manera aislada, no constituían una propuesta integral que contemplara las particularidades de la adolescente.
Sin embargo, tras la apelación del Estado provincial, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el amparo. El argumento fue que existía un procedimiento administrativo previo relacionado con el caso y que la familia debía continuar por esa vía para obtener una respuesta.
La madre recurrió entonces a la Corte Suprema, que consideró que el tribunal entrerriano había incurrido en un "exceso ritual manifiesto" al privilegiar una cuestión formal por encima de los derechos que estaban en discusión. Según los jueces, el trámite administrativo ya había concluido o, al menos, no constituía una instancia idónea para resolver el conflicto.
En su resolución, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que los jueces tenían el deber de actuar con premura y evitar formalismos que impidieran el acceso a la Justicia. También remarcaron que no se habían expuesto razones suficientes para demostrar que existieran otras vías efectivas para proteger los derechos de la menor.
Por su parte, Ricardo Lorenzetti, en un voto concurrente, sostuvo que el derecho a la educación y las garantías específicas para las personas con discapacidad no pueden quedar reducidos a una declaración formal. También advirtió que una interpretación que impida la aplicación efectiva de esos derechos debilita la confianza en las instituciones.
