Ley 10.092

El FAP-GEN pidió que se declare inconstitucional la ley de Tierras Fiscales

El Frente Amplio Progresista – Generación para un Encuentro Nacional (FAP-GEN) le presentó un pedido formal al Fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, para que declare inconstitucional la ley 10.092 que habilita la explotación a través del cultivo de arroz de parte de las tierras fiscales ubicadas en las islas del delta entrerriano a través de una sociedad anónima. En el texto, enumeran razones jurídicas y políticas para ir en contra de la norma promulgada por el Ejecutivo el 19 de diciembre, entre las cuales contemplan la falta de “fines de interés público o de beneficio general”. El FAP-GEN informó que también envió copia de la presentación al Gobernador y a los ministros de Economía y de Acción Social. Acceda al documento completo.
02.02.2012 | 09:52
La presentación a la que tuvo acceso Babel cuenta de unas 11 páginas. En ellas, desde el FAP-GEN le plantearon a Signes la necesidad de declarar inconstitucional la ley conocida como “de tierras fiscales”, aprobada en diciembre.

La ley 10.092 habilitó al Estado entrerriano a crear una sociedad anónima mixta (pública-privada) para explotar por 99 años unas 200 mil hectáreas de tierras fiscales ubicadas en islas del delta entrerriano. Puntualmente, la explotación –tal cual figura en la ley- deberá ser de cultivo de arroz. Por otro lado, la norma habilitó al Ejecutivo a contraer deuda por 50 millones de dólares para realizar infraestructura que sirva para el emprendimiento.

En este marco, y a más de un mes de la promulgación de la norma que sucedió el 19 de diciembre, desde la fuerza, que impulsó la postulación a la intendencia uruguayense de Carlos Massa, explicaron que la demora de la presentación se debió al tiempo de análisis que les llevó. En este sentido, recordaron que la 10.092 fue aprobada sobre tablas sin posibilidad de ser estudiada por los legisladores.

Entre algunos de los puntos que enumeraron, el FAP-GEN sostuvieron la inconstitucionalidad porque “contradice expresas normas de la Constitución Provincial”, o también “porque escapa al sistema normativo de contrataciones del Estado”, tal cual aseveraron, “y no tiene como fin el fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades generales”. Por último, completaron el panorama con un tercer punto: “Es social y económicamente excluyente y perjudicial para los intereses del pueblo y el Estado entrerrianos”.

Finalmente, en la misiva los firmantes “anhelaron” –textualmente expresaron- la derogación de la ley o en su defecto que “no llegue nunca a implementarse”. (Redacción de Babel)



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