Opinión
Sobre los cuestionamientos de la UES al paro de AGMER
Por Federico Tálamo (*)- Días pasados, la agrupación estudiantil denominada Unión de Estudiantes Secundarios emitió un comunicado en el que sus integrantes fijaban posición con respecto a la huelga llevada a cabo por los docentes entrerrianos, la cual arrojó como consecuencia el no inicio del presente ciclo lectivo.
02.03.2012 | 16:54
En virtud de reflejar el documento una visión parcial de la realidad analizada, se detallan a continuación algunas observaciones y valoraciones al respecto:
El comunicado comienza planteando que las huelgas actúan como causales, entre otras cosas, del traspaso de alumnos de escuelas públicas a establecimientos que se encuentran en la órbita privada, lo cual se hace en procura de un mejor nivel educativo con base en la mayor cantidad de días de clase.
El argumento responde a una lógica profundamente sesgada, por cuanto el nivel del proceso de formación de los estudiantes no puede medirse en términos cuantitativos, asociando días de clase con excelencia educativa. Muy por el contrario, el nivel de la educación debe ser concebido a partir de variables de tipo cualitativas, como es el caso de la estimulación de una conciencia crítica y reflexiva respecto de los procesos sociales, políticos y económicos que tienen lugar en el país, en oposición al mero desarrollo de contenidos curriculares. De esta manera, difícilmente pueda un docente que se posiciona de manera acrítica y pasiva frente a la patronal, que es el Estado, representar un ejemplo de lucha y reivindicación de derechos fundamentales para sus alumnos.
Luego continúa evocando un supuesto interés en el progreso educativo que se viene dando a nivel provincial, mencionando como ejemplos de ello el Programa “Conectar Igualdad”, los materiales de Educación Sexual y la actualización de planes de estudio.
Tal valoración es errónea, al menos si la analizamos desde la órbita del gobierno provincial. El Programa “Conectar Igualdad”, por un lado, es una iniciativa del Estado nacional; los programas de Educación Sexual no han sido todavía puestos en marcha por el gobierno provincial, pese a los reclamos de los docentes y de las organizaciones sociales; y las transformaciones en la normativa pedagógica, los cambios en los planes de estudio y la implementación de nuevos programas educativos se han hecho de manera discrecional y muchas veces errática, sin consultar a los docentes ni a la comunidad educativa en general sobre su puesta en marcha y conveniencia.
A continuación, mencionan que el derecho a la protesta por parte de los trabajadores, al que señalan como válido, terminan generando un contexto donde el respeto a los estudiantes se ve desprestigiado.
En oposición a lo expresado por la organización, la huelga de los docentes, así como toda otra medida de fuerza llevada a cabo por el colectivo de los trabajadores, no es un reclamo meramente salarial, sino que también conlleva una propuesta de discusión sobre las condiciones pedagógicas y sociales en que se desarrolla el proceso educativo en la provincia. Las exigencias de los docentes incluyen, además de las reivindicaciones salariales, los correspondientes reclamos por una mejor estructura edilicia para el adecuado desarrollo de las clases, un adecuado financiamiento de los establecimientos escolares, la participación plena de la comunidad educativa en las transformaciones pedagógicas y un contexto que garantice la dignidad no sólo de los trabajadores, sino también de los mismos estudiantes en su práctica cotidiana. Aceptar que todo esto sea tergiversado e ignorado por el gobierno sería el verdadero desprestigio del respeto a los estudiantes.
Finalmente, afirman de manera categórica su rechazo al desprestigio de la educación pública, adjudicando tal situación a las medidas de fuerza de un sindicato al que acusan de encarar acciones en contra de la mejora educativa.
No son las medidas de fuerza de los trabajadores las que desprestigian la educación pública o la mejora educativa, sino los gobiernos que bastardean a docentes y estudiantes por igual, promoviendo la profundización de un sistema educativo que alienta la desigualdad. Al comparar los establecimientos públicos con los privados en función de los días de clase, también debería hacerse lo mismo considerando el criterio de las condiciones materiales en que tales escuelas desarrollan sus actividades, lo cual permitiría vislumbrar el estado de abandono que atestiguan, en su mayoría, las escuelas públicas.
Con posterioridad al comunicado que fuera enviado a los medios provinciales, uno de los referentes de la organización, Matías Podestá, vertió declaraciones en las que cuestiona el accionar de los docentes y pone en tela de juicio la metodología puesta en práctica por el sindicato.
Particularmente, en una parte de la entrevista que le realizara un medio, planteó su sospecha frente a lo resuelto por la organización sindical, preguntándose con ironía sobre la manera en que AGMER, particularmente, pudo haber consultado a todos los docentes habiendo transcurrido apenas un día de la propuesta del gobierno.
Con respecto a ello, vale aclarar al integrante de la organización estudiantil que el sindicato venía solicitando al gobierno la convocatoria al diálogo ya desde el año pasado, advirtiendo entonces que la situación laboral de los trabajadores de la educación era muy precaria y urgía una reunión paritaria que permita hallar soluciones al problema. El gobierno, haciendo caso omiso de lo solicitado por los docentes, esperó hasta último momento, dilatando la discusión y disipando las expectativas de un acuerdo. Tal es así que se justificó en la espera de una resolución de la paritaria nacional, la cual nunca existió, puesto que los docentes rechazaron la oferta del Ministerio de Educación de la Nación, para ofrecer a nivel provincial un aumento inferior al mínimo propuesto a nivel nacional, lo cual se hizo la noche previa a un Congreso de la entidad sindical que ya había sido convocado con anterioridad, el cual terminó resolviendo la medida de fuerza.
Asimismo, cabe poner al militante estudiantil en conocimiento de la metodología que opera hacia el interior de AGMER. La huelga, con el consecuente no inicio del ciclo lectivo, no fue decidida por la conducción del sindicato, ni tampoco por quienes asistieron al Congreso. Por el contrario, fue decidida por el colectivo de los trabajadores de la educación de la provincia, quienes se habían reunido previamente, primero en asambleas por establecimiento y luego a nivel departamental, para fijar la postura que los correspondientes congresales llevarían al encuentro. Ninguna medida de fuerza es decidida sin el aval de los docentes, quienes se expresan en sus propios ámbitos de trabajo al respecto de la cuestión, adoptándose finalmente la postura mayoritaria en caso de no existir consenso pleno.
Finalmente, es un hecho meritorio de satisfacción que los estudiantes decidan agruparse en organizaciones en defensa de sus intereses, pero también cabe realizar un llamado de atención sobre las fuentes que manejan para informarse y, como consecuencia de esto, la naturaleza parcial de los argumentos esgrimidos, muchos de los cuales parecen haber sido formulados por el propio gobierno actuando en su defensa.
Los docentes de la provincia, tanto los que ejercemos la militancia sindical como aquellos que no, ponemos siempre por encima de cualquier prerrogativa individual y sectaria los intereses colectivos, el respeto a los derechos humanos y la lucha por la dignidad de los trabajadores y de todos los ciudadanos. No creemos en las estrategias discursivas que pretenden asociar las medidas de fuerza con el perjuicio de los estudiantes, favoreciendo así los argumentos reaccionarios del gobierno y dividiendo a la sociedad para detentar un mayor control sobre la realidad social y educativa. Los docentes reafirmamos la lucha por salarios justos, por condiciones laborales dignas y por contextos educativos verdaderamente populares.
*Docente y militante gremial, congresal de AGMER por el departamento Uruguay.
El comunicado comienza planteando que las huelgas actúan como causales, entre otras cosas, del traspaso de alumnos de escuelas públicas a establecimientos que se encuentran en la órbita privada, lo cual se hace en procura de un mejor nivel educativo con base en la mayor cantidad de días de clase.
El argumento responde a una lógica profundamente sesgada, por cuanto el nivel del proceso de formación de los estudiantes no puede medirse en términos cuantitativos, asociando días de clase con excelencia educativa. Muy por el contrario, el nivel de la educación debe ser concebido a partir de variables de tipo cualitativas, como es el caso de la estimulación de una conciencia crítica y reflexiva respecto de los procesos sociales, políticos y económicos que tienen lugar en el país, en oposición al mero desarrollo de contenidos curriculares. De esta manera, difícilmente pueda un docente que se posiciona de manera acrítica y pasiva frente a la patronal, que es el Estado, representar un ejemplo de lucha y reivindicación de derechos fundamentales para sus alumnos.
Luego continúa evocando un supuesto interés en el progreso educativo que se viene dando a nivel provincial, mencionando como ejemplos de ello el Programa “Conectar Igualdad”, los materiales de Educación Sexual y la actualización de planes de estudio.
Tal valoración es errónea, al menos si la analizamos desde la órbita del gobierno provincial. El Programa “Conectar Igualdad”, por un lado, es una iniciativa del Estado nacional; los programas de Educación Sexual no han sido todavía puestos en marcha por el gobierno provincial, pese a los reclamos de los docentes y de las organizaciones sociales; y las transformaciones en la normativa pedagógica, los cambios en los planes de estudio y la implementación de nuevos programas educativos se han hecho de manera discrecional y muchas veces errática, sin consultar a los docentes ni a la comunidad educativa en general sobre su puesta en marcha y conveniencia.
A continuación, mencionan que el derecho a la protesta por parte de los trabajadores, al que señalan como válido, terminan generando un contexto donde el respeto a los estudiantes se ve desprestigiado.
En oposición a lo expresado por la organización, la huelga de los docentes, así como toda otra medida de fuerza llevada a cabo por el colectivo de los trabajadores, no es un reclamo meramente salarial, sino que también conlleva una propuesta de discusión sobre las condiciones pedagógicas y sociales en que se desarrolla el proceso educativo en la provincia. Las exigencias de los docentes incluyen, además de las reivindicaciones salariales, los correspondientes reclamos por una mejor estructura edilicia para el adecuado desarrollo de las clases, un adecuado financiamiento de los establecimientos escolares, la participación plena de la comunidad educativa en las transformaciones pedagógicas y un contexto que garantice la dignidad no sólo de los trabajadores, sino también de los mismos estudiantes en su práctica cotidiana. Aceptar que todo esto sea tergiversado e ignorado por el gobierno sería el verdadero desprestigio del respeto a los estudiantes.
Finalmente, afirman de manera categórica su rechazo al desprestigio de la educación pública, adjudicando tal situación a las medidas de fuerza de un sindicato al que acusan de encarar acciones en contra de la mejora educativa.
No son las medidas de fuerza de los trabajadores las que desprestigian la educación pública o la mejora educativa, sino los gobiernos que bastardean a docentes y estudiantes por igual, promoviendo la profundización de un sistema educativo que alienta la desigualdad. Al comparar los establecimientos públicos con los privados en función de los días de clase, también debería hacerse lo mismo considerando el criterio de las condiciones materiales en que tales escuelas desarrollan sus actividades, lo cual permitiría vislumbrar el estado de abandono que atestiguan, en su mayoría, las escuelas públicas.
Con posterioridad al comunicado que fuera enviado a los medios provinciales, uno de los referentes de la organización, Matías Podestá, vertió declaraciones en las que cuestiona el accionar de los docentes y pone en tela de juicio la metodología puesta en práctica por el sindicato.
Particularmente, en una parte de la entrevista que le realizara un medio, planteó su sospecha frente a lo resuelto por la organización sindical, preguntándose con ironía sobre la manera en que AGMER, particularmente, pudo haber consultado a todos los docentes habiendo transcurrido apenas un día de la propuesta del gobierno.
Con respecto a ello, vale aclarar al integrante de la organización estudiantil que el sindicato venía solicitando al gobierno la convocatoria al diálogo ya desde el año pasado, advirtiendo entonces que la situación laboral de los trabajadores de la educación era muy precaria y urgía una reunión paritaria que permita hallar soluciones al problema. El gobierno, haciendo caso omiso de lo solicitado por los docentes, esperó hasta último momento, dilatando la discusión y disipando las expectativas de un acuerdo. Tal es así que se justificó en la espera de una resolución de la paritaria nacional, la cual nunca existió, puesto que los docentes rechazaron la oferta del Ministerio de Educación de la Nación, para ofrecer a nivel provincial un aumento inferior al mínimo propuesto a nivel nacional, lo cual se hizo la noche previa a un Congreso de la entidad sindical que ya había sido convocado con anterioridad, el cual terminó resolviendo la medida de fuerza.
Asimismo, cabe poner al militante estudiantil en conocimiento de la metodología que opera hacia el interior de AGMER. La huelga, con el consecuente no inicio del ciclo lectivo, no fue decidida por la conducción del sindicato, ni tampoco por quienes asistieron al Congreso. Por el contrario, fue decidida por el colectivo de los trabajadores de la educación de la provincia, quienes se habían reunido previamente, primero en asambleas por establecimiento y luego a nivel departamental, para fijar la postura que los correspondientes congresales llevarían al encuentro. Ninguna medida de fuerza es decidida sin el aval de los docentes, quienes se expresan en sus propios ámbitos de trabajo al respecto de la cuestión, adoptándose finalmente la postura mayoritaria en caso de no existir consenso pleno.
Finalmente, es un hecho meritorio de satisfacción que los estudiantes decidan agruparse en organizaciones en defensa de sus intereses, pero también cabe realizar un llamado de atención sobre las fuentes que manejan para informarse y, como consecuencia de esto, la naturaleza parcial de los argumentos esgrimidos, muchos de los cuales parecen haber sido formulados por el propio gobierno actuando en su defensa.
Los docentes de la provincia, tanto los que ejercemos la militancia sindical como aquellos que no, ponemos siempre por encima de cualquier prerrogativa individual y sectaria los intereses colectivos, el respeto a los derechos humanos y la lucha por la dignidad de los trabajadores y de todos los ciudadanos. No creemos en las estrategias discursivas que pretenden asociar las medidas de fuerza con el perjuicio de los estudiantes, favoreciendo así los argumentos reaccionarios del gobierno y dividiendo a la sociedad para detentar un mayor control sobre la realidad social y educativa. Los docentes reafirmamos la lucha por salarios justos, por condiciones laborales dignas y por contextos educativos verdaderamente populares.
*Docente y militante gremial, congresal de AGMER por el departamento Uruguay.
