Por Jorge Riani
Todos los rojos
La deuda flotante de Entre Ríos –es decir la que urge pagar para continuar funcionando– supera los 1.000 millones de pesos. Los sueldos de empleados demandan 500 millones de pesos cada 30 días, y el déficit de la Caja de Jubilaciones es de 600 millones anuales.
02.04.2012 | 20:34
En medio de ese panorama, la Casa Rosada anunció que “se terminó el dinero” para las provincias, al tiempo que el Gobierno de Sergio Urribarri comenzó a gestionar un crédito de 100 millones de pesos ante el Bersa que, afirman en la mismísima Casa Gris, sería para completar los fondos necesarios para hacer frente al próximo calendario de sueldos.
Como para no tener que revelar el verdadero estado de situación, la Contaduría General de la Provincia no está cargando los datos en el sitio web, donde debe renovar cada tres meses, obligado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, los datos sobre deuda flotante, deuda estructurada y compromisos impagos. Los números dicen una cosa, el oficialismo habla de otra realidad y la oposición se mira el ombligo.
Con tres palabras trazó el diagnóstico del Estado entrerriano. El emisor no es ningún dirigente de la oposición, sector tan afecto al mutismo. El emisor es un hombre del gobierno. ¿Qué dijo el hombre del gobierno que conoce los números de la economía pública?: “La provincia está fundida”.
Esta frase, lacónica y preocupante, se sucedió, en un orden cronológico, luego de aquella otra a la que los diarios porteños atribuyen a un operador de la Casa Rosada: “Se terminó la plata”.
Así la cosa, el ministro Diego Valiero sufre cada vez que el calendario completa su derrotero inexorable que lleva a fin de mes, es decir a esa inquietante zona temporal que obliga al Estado a contar con 500 millones de pesos cada 30 días para pagar sueldos a sus empleados. En ese marco, el gobierno de Sergio Urribarri se afronta al inicio de las anunciadas paritarias con los gremios estatales.
La situación de Entre Ríos no es más holgada que la de sus socios de la Región Centro. “Se terminó la plata. Te aconsejo que tomes deuda afuera”, le atribuyen como frase a un operador del gobierno nacional, destinada al gobernador cordobés José Manuel De la Sota. Y agregó: “la colocación (de bonos) es una salida que siempre se analiza”. Los hombres de Urribarri en el Ministerio de Economía de Entre Ríos también analizan esa posibilidad.
El gobierno tiene tres situaciones que les queman en las manos: el déficit corriente, el déficit acumulado y el aumento salarial que otorgó sin contar con el dinero para cumplir, temen las fuentes gremiales consultadas. ¿Qué salida tiene? Los funcionarios se dividen –ya no por posiciones liberales, ortodoxas o filoestatistas– sino por las diferencias entre quienes quieren salir al mercado a tomar endeudamiento, con letra a corto plazo en el mercado local o bien buscar fondos en el mercado internacional con plazos más holgados. Todo para cumplir con el pago de sueldos.
Sin embargo, hasta esta discusión quedó en un segundo plano, cuando el Gobierno se encontró con las arcas casi vacías y la necesidad de pagar los sueldos de enero. Y más por necesidad que por acuerdo debidamente meditado, el gobierno entrerriano salió a pedir un crédito al Nuevo Banco de Entre Ríos por unos 100 millones de pesos. El dinero no llego a tiempo, el cronograma de pago se atrasó y, sin embargo, el trámite siguió su rumbo porque ese dinero se necesita hoy como se necesitará el próximo mes y el otro y así.
Al cierre de esta edición de ANÁLISIS, la entidad bancaria –que también actúa de agente financiero del Estado provincial– había aprobado el préstamo y se aprestaba a desembolsar el dinero o, mejor todavía, a depositarlo en la cuenta del Estado. Este mes, quizás Valiero respire mejor llegando a fin de mes.
La necesidad de acudir a un banco de la plaza local para pedir un préstamo para pagar sueldos es preocupante. Se habla de una cifra de 100 millones de pesos; apenas una quinta parte de lo que demanda el cumplimiento del pago de sueldos que, se dijo, es de 500 millones de pesos mensuales.
Todos los trabajadores están pidiendo a gritos un aumento salarial. No hay gobierno municipal que no haya atendido el reclamo de uno o dos sindicatos que se disputan la representatividad gremial de sus trabajadores. En la provincia ocurre otro tanto, pero apenas un aumento del diez por ciento, que quizás hasta dejaría con las caras largas a todos los empleados estatales, significaría un incremento en las erogaciones por 50 millones de pesos mensuales. Una fortuna.
Que sí, que no
El rumor de la toma de un crédito había ganado la calle. En las últimas horas, el gobernador Sergio Urribarri desmintió que exista intención de acceder a un préstamo para hacer frente a parte del déficit del sistema previsional.
Las informaciones hablan de una gestión ante la Nación. No obstante, el gobernador aceptó la difícil situación económica-financiera que arrastra el sistema previsional entrerriano. La “noticia” se multiplicó en los medios digitales, donde se incluían frases del tipo: “La situación del sistema arroja un déficit importante” o “lo concreto es que nadie desconoce, y tampoco lo escondemos, este déficit en el sistema previsional”.
Sin embargo en ningún lado aparece el número concreto del rojo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Vale entonces apuntarlo: el déficit anual es de 600 millones de pesos.
Ese es otro pesado lastre que se ancla en la economía provincial y hace más crítico el panorama. Hoy es tema avanza sobre los sitios digitales, y en las últimas horas la noticia era que Agmer pidió un encuentro con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías.
Pero cuando ANÁLISIS publicó en la edición del jueves 22 de diciembre del año pasado que “el oficialismo estaría estudiando elevar la edad jubilatoria”, se sucedieron una serie de desmentidas. El título, bajo esa volanta era: “Regalito de fin de año”. Y en el acápite se indicaba: “Aunque guardado bajo siete llaves, legisladores del oficialismo del núcleo más cercano al Ejecutivo estará sondeando la posibilidad de tratar un proyecto inquietante: elevar la edad para poder jubilase en la Provincia. Un entrerriano hoy se retira de las actividades a los 62 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 60 años”.
Elías lo desmintió este mes, hasta tres días antes en que terminó por confirmarlo. A tres meses de aquella nota, el funcionario Elías sentencia: “existen indicadores que ameritan una evaluación para alargar la vida laboral del trabajador”.
Y ahora se suma también la preocupación por el estado de salud del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), cuyas autoridades salieron a los diarios esta semana a reflexionar si los entrerrianos acuden mucho o poco al médico, para concluir que es más de lo que se necesita.
No hubo silencio oficial. El secretario de Presupuestos y Finanzas de Entre Ríos, Luís Erbes, dijo que el 80 por ciento de los recursos de libre disponibilidad con los que cuenta la provincia son destinados a salarios y en este marco consideró que los “gastos están controlados”. El detalle económico fue brindado ante los senadores provinciales que conforman la comisión de Presupuesto y Hacienda, entre los que se encontraban el legislador por Uruguay, René Bonato.
Sin embargo, el retraso en el cronograma, el déficit creciente, la situación crítica de los organismos estatales con cajas propias o generales hablan de un momento difícil. La preocupación es indisimulable, mientras la oposición está ensimismada en su mutismo.
La deuda flotante, es decir la que hay que atender sin mayor dilación para continuar funcionando, supera el millón de pesos. Dicen fuentes relacionadas con la economía pública que si no hay una inyección de dinero fresco por fuera de los fondos esperables, la deuda es impagable.
Las provincias esperan a que la reforma en el Banco Central les habilite nuevos fondos de la Nación: se estima que por adelantos transitorios al Tesoro, el Gobierno podrá hacerse de entre 50.000 y 170.000 millones de pesos, según los analistas porteños.
Pero los gobernadores, incluso de aquellos estados provinciales que tienen acreencias ante el Gobierno central, se anticiparon a abrir el paraguas y emitir bonos de deuda para contar con efectivo. Así, en Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli emitió por 864 millones de pesos a una tasa del 13,8 por ciento.
En Mendoza, el mandatario Francisco Pérez está a punto de lanzar bonos por 1.100 millones; en Salta, Juan Manuel Urtubey habrá lo propio por 900 millones a una tasa favorable del 9,5 por ciento.
En tanto el gobernador ultra K de Chaco, Jorge Capitanich, colocó una deuda por 89 millones al 13,9 por ciento. El vecino gobernador santafesino, Antonio Bonfatti le reclama una deuda a la Nación por 8.000 millones de pesos, pero sin embargo no quiere perder tiempo y emitirá letras del tesoro por 2.700 millones para financiar sueldos. Ya entendieron el mensaje de la Casa Rosada.
Por el momento, Entre Ríos sale a pedir un crédito chico para completar. Fuentes de la entidad bancaria confirmaron a ANALISIS que el préstamos, para regocijo de Valiero, fue aprobado, pero como se dijo, eso apenas alcanza a cubrir una quinta parte de un solo mes de sueldo. Algo así como una aspirina para atender una dolencia mayor.
El gobierno nacional no tiene los problemas que aquejan sin a las provincias. Llegado el caso puede echar mano, como lo hace, a los fondos de ANSES, del PAMI, de cuantos organismos con caja exista, tomar los fondos del Banco Central y hasta emitir, que nada de eso es coparticipable con las provincias.
“De los tres temas urgentes que tiene, el gobierno no está sacando ninguno: ni déficit corriente, ni déficit acumulado, ni aumentos salariales”, dijo una fuente a esta revista.
El gobierno se resiste hasta el momento a tomar decisiones antipáticas al electorado. Pero de la negativa a reconocer el aumento de la edad jubilatoria, a la aceptación de una instancia para discutir la posibilidad, pasando por admitir la crítica situación de la Caja, habla de que más temprano que tarde algunos anuncios poco antipáticos podrían tomarse.
Tan difícil es la situación de los números, observó una analista del gobierno, que hasta el acuerdo con el principal gremio docente, AGMER, hoy constituye un dolor de cabeza: ya no habrá descuentos por paro docente y eso suma una considerable masa de dinero que las arcas provinciales deben atender.
En una nota que publicó esta semana “La Nación”, realizada por el periodista Mariano Obarrio, se indicó ya desde el título que: ahogados, los gobernadores empiezan a endeudarse. Se indica allí que el rojo de los balances provinciales es mucho más grave que lo que admite el “relato” K.
“A la falta de caja, se suman problemas de gestión de expedientes en la Casa Rosada. ‘Todos los gobernadores que vinieron en estos días al Gobierno se volvieron con las mismas demandas con las que llegaron: De la Sota, Pérez, Daniel Peralta, de Santa Cruz, y Martín Buzzi, de Chubut’, indicaron en Balcarce 50”, narró Obarrio para concluir que “otras provincias comprometidas son Tierra del Fuego, Catamarca, Corrientes y Entre Ríos”.
Si, como decimos párrafos arriba, Santa Fe, Córdoba, Chaco y otra provincias salieron a colocar bonos en los mercados internacionales, mientras continúan con el reclamos, aquellas que pueden, de cobrar deudas que el gobierno nacional mantiene con ellas, lo que se ha descartado por completo es un planteo político ante una presidenta que se irrita con facilidad.
“Por ahora –dice Obarrio– no plantearán rebeliones: temen a represalias porque Cristina Kirchner mantiene en alto su popularidad. La relación con todos ellos es distante y fría”. Y continúa: “Eso se vio en Entre Ríos: el gobernador Sergio Uribarri recibió el jueves pasado a De la Sota y a Bonfatti, en un encuentro de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos). Se acordó allí que supeditarán las obras -rutas, energía, acueductos y gasoductos- a los fondos que gire la Nación. Pero no reclamarán en conjunto a Cristina Kirchner por deudas nacionales”.
De la Sota confirmó que buscarán líneas de crédito del Banco Mundial y del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Asumieron así que el Gobierno retaceará las transferencias, aunque mantendrán en alto su insistencia. También las tres provincias acordaron una armonización tributaria para poder mejorar sus deteriorados ingresos.
En esta provincia mesopotámica ya se aprobaron modificaciones al régimen tributario, pero eso no atiende al déficit. Se verán sí beneficiados con un hipotético aumento de la recaudación los municipios porque se trata de impuestos coparticipables con las comunas.
En Santa Fe, los senadores kirchneristas piden a Bonfatti que sea explique cómo se llegó al estado de déficit actual, que revele qué impuestos piensa aumentar y no dejan de hacer hincapié en el estado actual tras cuatro años de gestión socialista. Las actitudes de los legisladores según el rol que les toque jugar resulta... puril, previsible y adquiere una pizca de comicidad. ¿Qué hace que un legislador kirchnerista tenga un discurso en una provincia y tenga exactamente el contrario al cruzar el río? Los senadores peronistas hablan en Santa Fe como un socialista podría (debería) hacerlo hoy en Entre Ríos.
La ventaja política que tiene Sergio Urribarri es que en el Senado no hay banca opositora, que diga lo que los peronistas dicen ante Bonfatti. Y si las hay en la Cámara de Diputados, los discursos están tan esmerilados que el oficialismo no tiembla, precisamente, de miedo.
Hasta el momento, la alineación del Urribarri con Kirchner primero y su esposa luego, había arrojado resultados beneficiosos más que nada en términos de obras públicas. Pero también en la distribución de fondos. Sin una ley de coparticipación que fije pautas claras, la discrecionalidad en el reparto de fondos ha venido siendo favorable para Entre Ríos.
Un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) señala que en 2009, se coparticiparon unos 52 mil millones de pesos; en 2010, unos 82 mil millones; en 2011, 106 mil millones. Pero que, sin embargo, hay otros caminos paralelos por los cuales la Nación asigna fondos a las provincias: el Presupuesto nacional es el más importante.
En el informe del CIPPEC, enviado a ANÁLISIS, se revela que los fondos repartidos por el Presupuesto nacional no resultan todo lo “federales” que debieran ser. En 2011, los habitantes de San Luis recibieron 727 pesos per cápita, mientras que los chubutenses, que son casi la misma cantidad, recibieron 1.500 pesos. Entre Ríos recibió casi dos veces más fondos que Salta, a pesar de tener sólo 10 mil habitantes más.
Pero ahora, las noticias que vienen de Buenos Aires no son todo lo alentadoras que se espera: “se terminó el dinero”, dicen que dicen en la Casa Rosada.
El artículo fue publicado en el semanario paranaense Análisis y se publica en Babel con la autorización, pertinente, de su autor.
Como para no tener que revelar el verdadero estado de situación, la Contaduría General de la Provincia no está cargando los datos en el sitio web, donde debe renovar cada tres meses, obligado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, los datos sobre deuda flotante, deuda estructurada y compromisos impagos. Los números dicen una cosa, el oficialismo habla de otra realidad y la oposición se mira el ombligo.
Con tres palabras trazó el diagnóstico del Estado entrerriano. El emisor no es ningún dirigente de la oposición, sector tan afecto al mutismo. El emisor es un hombre del gobierno. ¿Qué dijo el hombre del gobierno que conoce los números de la economía pública?: “La provincia está fundida”.
Esta frase, lacónica y preocupante, se sucedió, en un orden cronológico, luego de aquella otra a la que los diarios porteños atribuyen a un operador de la Casa Rosada: “Se terminó la plata”.
Así la cosa, el ministro Diego Valiero sufre cada vez que el calendario completa su derrotero inexorable que lleva a fin de mes, es decir a esa inquietante zona temporal que obliga al Estado a contar con 500 millones de pesos cada 30 días para pagar sueldos a sus empleados. En ese marco, el gobierno de Sergio Urribarri se afronta al inicio de las anunciadas paritarias con los gremios estatales.
La situación de Entre Ríos no es más holgada que la de sus socios de la Región Centro. “Se terminó la plata. Te aconsejo que tomes deuda afuera”, le atribuyen como frase a un operador del gobierno nacional, destinada al gobernador cordobés José Manuel De la Sota. Y agregó: “la colocación (de bonos) es una salida que siempre se analiza”. Los hombres de Urribarri en el Ministerio de Economía de Entre Ríos también analizan esa posibilidad.
El gobierno tiene tres situaciones que les queman en las manos: el déficit corriente, el déficit acumulado y el aumento salarial que otorgó sin contar con el dinero para cumplir, temen las fuentes gremiales consultadas. ¿Qué salida tiene? Los funcionarios se dividen –ya no por posiciones liberales, ortodoxas o filoestatistas– sino por las diferencias entre quienes quieren salir al mercado a tomar endeudamiento, con letra a corto plazo en el mercado local o bien buscar fondos en el mercado internacional con plazos más holgados. Todo para cumplir con el pago de sueldos.
Sin embargo, hasta esta discusión quedó en un segundo plano, cuando el Gobierno se encontró con las arcas casi vacías y la necesidad de pagar los sueldos de enero. Y más por necesidad que por acuerdo debidamente meditado, el gobierno entrerriano salió a pedir un crédito al Nuevo Banco de Entre Ríos por unos 100 millones de pesos. El dinero no llego a tiempo, el cronograma de pago se atrasó y, sin embargo, el trámite siguió su rumbo porque ese dinero se necesita hoy como se necesitará el próximo mes y el otro y así.
Al cierre de esta edición de ANÁLISIS, la entidad bancaria –que también actúa de agente financiero del Estado provincial– había aprobado el préstamo y se aprestaba a desembolsar el dinero o, mejor todavía, a depositarlo en la cuenta del Estado. Este mes, quizás Valiero respire mejor llegando a fin de mes.
La necesidad de acudir a un banco de la plaza local para pedir un préstamo para pagar sueldos es preocupante. Se habla de una cifra de 100 millones de pesos; apenas una quinta parte de lo que demanda el cumplimiento del pago de sueldos que, se dijo, es de 500 millones de pesos mensuales.
Todos los trabajadores están pidiendo a gritos un aumento salarial. No hay gobierno municipal que no haya atendido el reclamo de uno o dos sindicatos que se disputan la representatividad gremial de sus trabajadores. En la provincia ocurre otro tanto, pero apenas un aumento del diez por ciento, que quizás hasta dejaría con las caras largas a todos los empleados estatales, significaría un incremento en las erogaciones por 50 millones de pesos mensuales. Una fortuna.
Que sí, que no
El rumor de la toma de un crédito había ganado la calle. En las últimas horas, el gobernador Sergio Urribarri desmintió que exista intención de acceder a un préstamo para hacer frente a parte del déficit del sistema previsional.
Las informaciones hablan de una gestión ante la Nación. No obstante, el gobernador aceptó la difícil situación económica-financiera que arrastra el sistema previsional entrerriano. La “noticia” se multiplicó en los medios digitales, donde se incluían frases del tipo: “La situación del sistema arroja un déficit importante” o “lo concreto es que nadie desconoce, y tampoco lo escondemos, este déficit en el sistema previsional”.
Sin embargo en ningún lado aparece el número concreto del rojo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Vale entonces apuntarlo: el déficit anual es de 600 millones de pesos.
Ese es otro pesado lastre que se ancla en la economía provincial y hace más crítico el panorama. Hoy es tema avanza sobre los sitios digitales, y en las últimas horas la noticia era que Agmer pidió un encuentro con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías.
Pero cuando ANÁLISIS publicó en la edición del jueves 22 de diciembre del año pasado que “el oficialismo estaría estudiando elevar la edad jubilatoria”, se sucedieron una serie de desmentidas. El título, bajo esa volanta era: “Regalito de fin de año”. Y en el acápite se indicaba: “Aunque guardado bajo siete llaves, legisladores del oficialismo del núcleo más cercano al Ejecutivo estará sondeando la posibilidad de tratar un proyecto inquietante: elevar la edad para poder jubilase en la Provincia. Un entrerriano hoy se retira de las actividades a los 62 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 60 años”.
Elías lo desmintió este mes, hasta tres días antes en que terminó por confirmarlo. A tres meses de aquella nota, el funcionario Elías sentencia: “existen indicadores que ameritan una evaluación para alargar la vida laboral del trabajador”.
Y ahora se suma también la preocupación por el estado de salud del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), cuyas autoridades salieron a los diarios esta semana a reflexionar si los entrerrianos acuden mucho o poco al médico, para concluir que es más de lo que se necesita.
No hubo silencio oficial. El secretario de Presupuestos y Finanzas de Entre Ríos, Luís Erbes, dijo que el 80 por ciento de los recursos de libre disponibilidad con los que cuenta la provincia son destinados a salarios y en este marco consideró que los “gastos están controlados”. El detalle económico fue brindado ante los senadores provinciales que conforman la comisión de Presupuesto y Hacienda, entre los que se encontraban el legislador por Uruguay, René Bonato.
Sin embargo, el retraso en el cronograma, el déficit creciente, la situación crítica de los organismos estatales con cajas propias o generales hablan de un momento difícil. La preocupación es indisimulable, mientras la oposición está ensimismada en su mutismo.
La deuda flotante, es decir la que hay que atender sin mayor dilación para continuar funcionando, supera el millón de pesos. Dicen fuentes relacionadas con la economía pública que si no hay una inyección de dinero fresco por fuera de los fondos esperables, la deuda es impagable.
Las provincias esperan a que la reforma en el Banco Central les habilite nuevos fondos de la Nación: se estima que por adelantos transitorios al Tesoro, el Gobierno podrá hacerse de entre 50.000 y 170.000 millones de pesos, según los analistas porteños.
Pero los gobernadores, incluso de aquellos estados provinciales que tienen acreencias ante el Gobierno central, se anticiparon a abrir el paraguas y emitir bonos de deuda para contar con efectivo. Así, en Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli emitió por 864 millones de pesos a una tasa del 13,8 por ciento.
En Mendoza, el mandatario Francisco Pérez está a punto de lanzar bonos por 1.100 millones; en Salta, Juan Manuel Urtubey habrá lo propio por 900 millones a una tasa favorable del 9,5 por ciento.
En tanto el gobernador ultra K de Chaco, Jorge Capitanich, colocó una deuda por 89 millones al 13,9 por ciento. El vecino gobernador santafesino, Antonio Bonfatti le reclama una deuda a la Nación por 8.000 millones de pesos, pero sin embargo no quiere perder tiempo y emitirá letras del tesoro por 2.700 millones para financiar sueldos. Ya entendieron el mensaje de la Casa Rosada.
Por el momento, Entre Ríos sale a pedir un crédito chico para completar. Fuentes de la entidad bancaria confirmaron a ANALISIS que el préstamos, para regocijo de Valiero, fue aprobado, pero como se dijo, eso apenas alcanza a cubrir una quinta parte de un solo mes de sueldo. Algo así como una aspirina para atender una dolencia mayor.
El gobierno nacional no tiene los problemas que aquejan sin a las provincias. Llegado el caso puede echar mano, como lo hace, a los fondos de ANSES, del PAMI, de cuantos organismos con caja exista, tomar los fondos del Banco Central y hasta emitir, que nada de eso es coparticipable con las provincias.
“De los tres temas urgentes que tiene, el gobierno no está sacando ninguno: ni déficit corriente, ni déficit acumulado, ni aumentos salariales”, dijo una fuente a esta revista.
El gobierno se resiste hasta el momento a tomar decisiones antipáticas al electorado. Pero de la negativa a reconocer el aumento de la edad jubilatoria, a la aceptación de una instancia para discutir la posibilidad, pasando por admitir la crítica situación de la Caja, habla de que más temprano que tarde algunos anuncios poco antipáticos podrían tomarse.
Tan difícil es la situación de los números, observó una analista del gobierno, que hasta el acuerdo con el principal gremio docente, AGMER, hoy constituye un dolor de cabeza: ya no habrá descuentos por paro docente y eso suma una considerable masa de dinero que las arcas provinciales deben atender.
En una nota que publicó esta semana “La Nación”, realizada por el periodista Mariano Obarrio, se indicó ya desde el título que: ahogados, los gobernadores empiezan a endeudarse. Se indica allí que el rojo de los balances provinciales es mucho más grave que lo que admite el “relato” K.
“A la falta de caja, se suman problemas de gestión de expedientes en la Casa Rosada. ‘Todos los gobernadores que vinieron en estos días al Gobierno se volvieron con las mismas demandas con las que llegaron: De la Sota, Pérez, Daniel Peralta, de Santa Cruz, y Martín Buzzi, de Chubut’, indicaron en Balcarce 50”, narró Obarrio para concluir que “otras provincias comprometidas son Tierra del Fuego, Catamarca, Corrientes y Entre Ríos”.
Si, como decimos párrafos arriba, Santa Fe, Córdoba, Chaco y otra provincias salieron a colocar bonos en los mercados internacionales, mientras continúan con el reclamos, aquellas que pueden, de cobrar deudas que el gobierno nacional mantiene con ellas, lo que se ha descartado por completo es un planteo político ante una presidenta que se irrita con facilidad.
“Por ahora –dice Obarrio– no plantearán rebeliones: temen a represalias porque Cristina Kirchner mantiene en alto su popularidad. La relación con todos ellos es distante y fría”. Y continúa: “Eso se vio en Entre Ríos: el gobernador Sergio Uribarri recibió el jueves pasado a De la Sota y a Bonfatti, en un encuentro de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos). Se acordó allí que supeditarán las obras -rutas, energía, acueductos y gasoductos- a los fondos que gire la Nación. Pero no reclamarán en conjunto a Cristina Kirchner por deudas nacionales”.
De la Sota confirmó que buscarán líneas de crédito del Banco Mundial y del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Asumieron así que el Gobierno retaceará las transferencias, aunque mantendrán en alto su insistencia. También las tres provincias acordaron una armonización tributaria para poder mejorar sus deteriorados ingresos.
En esta provincia mesopotámica ya se aprobaron modificaciones al régimen tributario, pero eso no atiende al déficit. Se verán sí beneficiados con un hipotético aumento de la recaudación los municipios porque se trata de impuestos coparticipables con las comunas.
En Santa Fe, los senadores kirchneristas piden a Bonfatti que sea explique cómo se llegó al estado de déficit actual, que revele qué impuestos piensa aumentar y no dejan de hacer hincapié en el estado actual tras cuatro años de gestión socialista. Las actitudes de los legisladores según el rol que les toque jugar resulta... puril, previsible y adquiere una pizca de comicidad. ¿Qué hace que un legislador kirchnerista tenga un discurso en una provincia y tenga exactamente el contrario al cruzar el río? Los senadores peronistas hablan en Santa Fe como un socialista podría (debería) hacerlo hoy en Entre Ríos.
La ventaja política que tiene Sergio Urribarri es que en el Senado no hay banca opositora, que diga lo que los peronistas dicen ante Bonfatti. Y si las hay en la Cámara de Diputados, los discursos están tan esmerilados que el oficialismo no tiembla, precisamente, de miedo.
Hasta el momento, la alineación del Urribarri con Kirchner primero y su esposa luego, había arrojado resultados beneficiosos más que nada en términos de obras públicas. Pero también en la distribución de fondos. Sin una ley de coparticipación que fije pautas claras, la discrecionalidad en el reparto de fondos ha venido siendo favorable para Entre Ríos.
Un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) señala que en 2009, se coparticiparon unos 52 mil millones de pesos; en 2010, unos 82 mil millones; en 2011, 106 mil millones. Pero que, sin embargo, hay otros caminos paralelos por los cuales la Nación asigna fondos a las provincias: el Presupuesto nacional es el más importante.
En el informe del CIPPEC, enviado a ANÁLISIS, se revela que los fondos repartidos por el Presupuesto nacional no resultan todo lo “federales” que debieran ser. En 2011, los habitantes de San Luis recibieron 727 pesos per cápita, mientras que los chubutenses, que son casi la misma cantidad, recibieron 1.500 pesos. Entre Ríos recibió casi dos veces más fondos que Salta, a pesar de tener sólo 10 mil habitantes más.
Pero ahora, las noticias que vienen de Buenos Aires no son todo lo alentadoras que se espera: “se terminó el dinero”, dicen que dicen en la Casa Rosada.
El artículo fue publicado en el semanario paranaense Análisis y se publica en Babel con la autorización, pertinente, de su autor.
