Opinión
El Estado, la Iglesia, las leyes y las víctimas, pobres
Por Clara Chauvin (*)- Un senador que presenta un proyecto para prohibir los abortos, incluso los permitidos; una agrupación uruguayense que junta firmas en el mismo sentido, mientras tanto, los abortos se hacen igual y las mujeres pobres son las que mueren.
25.04.2012 | 00:18
Tal como estaba previsto, la comisión de Salud de la Cámara de Senadores de Entre Ríos se reunió para tratar el proyecto presentado por el legislador Eduardo Melchiori (FJPV - Islas), el que consiste en prohibir el aborto desde la concepción. Durante la sesión, se acordó reunirse con la comisión de Salud de Diputados para poner en común los textos que trata, también, esa cámara sobre el tema.
La iniciativa ya tuvo el rechazo de parte del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders). Su representante, Carolina Comaleras, argumentó que dicho proyecto no se condice con el fallo de la Corte Suprema que estableció “no obstaculizar” la realización de esa práctica médica para los casos de abortos no punibles, los que se encuentran amparados por el Código Penal. El fallo dictaminó la posibilidad de que una mujer pueda acceder a un aborto, sin necesidad de presentar ningún tipo de denuncia, cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
Sobre la resolución judicial, Melchiori declaró: “Esto será avasallante porque una persona dirá que fue violada por Pedro y se le hará un aborto más halla de que haya sido violada o no”. En respuesta a esas duras palabras, Silvia Primo, integrante del Conders, expresó: "Entender que se pueda mentir una violación, es entender que las mujeres tienen una mente muy perversa y demoníaca. Resulta muy doloroso como mujer escuchar que un varón nos acusa de mentirosas o que podamos mentir en esta situación”.
En la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU en 1995 en Beijing, se estableció: “Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”. Sin embargo, parece que algunos todavía no lo han entendido.
En este marco, la realidad Argentina cuenta con sus propios números sobre el tema. Según publicó el diario Página/12, el pasado 23 de abril, un grupo integrado por diez organizaciones no gubernamentales (ONGs) elaboraron un informe en donde señalaron que anualmente mueren 77 mujeres en el país por causa de abortos practicados de manera insegura.
En igual sentido, desde las organizaciones agregaron: “En Argentina hay más de un aborto clandestino por cada dos nacimientos. Según cifras del Ministerio de Salud, en el 2009 se registraron 745 mil nacidos vivos. Estimaciones realizadas en el 2006 indicaron que en el país se practican entre 486 mil y 522 mil abortos clandestinos al año”.
“El altísimo número de abortos clandestinos evidencia el poco efecto disuasivo de la ley sobre las mujeres, además del fracaso de las políticas de educación sexual y la dificultad en el acceso a los métodos de anticoncepción”, observaron.
El Estado, como tal, tiene el compromiso de garantizar un pleno reconocimiento de los derechos individuales. Sin embargo, su ligación con la iglesia católica se ha convertido en una traba para que eso suceda. En el 2010, la aprobación del matrimonio igualitario se convirtió en un enorme avance en materia de derechos civiles y fue, al mismo tiempo, un disparador para la aparición de los sectores más reaccionarios y retrógrados que buscan impedir una mayor igualdad dentro de la sociedad.
Por estos días, el debate para la legalización del aborto ha despertado nuevamente a esa derecha conservadora. En Concepción del Uruguay, ya existe la Agrupación Pro-Vida. Sus integrantes son representantes de grupos evangélicos y católicos y por estos días realizan una campaña para que el departamento Uruguay sea “Pro-Vida”, y se declare en contra de la despenalización del aborto.
Para ello, juntaron firmas en contra de la interrupción de un embarazo no deseado, incluyendo los casos de aborto no punible para mujeres víctimas de abuso sexual, los que ya cuentan con el amparo de la ley.
Esta agrupación, que busca “promover la familia y la vida”, según manifestaron, aspira a juntar unas cinco mil firmas y para presentárselas al intendente Carlos Schepens con la intención de sumar su adhesión.
Mientras tanto, ya presentaron su propuesta en la mesa de entrada de la Municipalidad, dirigida al Concejo Deliberante. En un comunicado de la agrupación enviado a la prensa manifestaron su intención de llevar el proyecto a todos los templos religiosos para también contar con sus adhesiones y que así “toda la ciudad rece por el”.
Hay un gravísimo error cuando se sostiene que la defensa del derecho de la mujer a decir qué quiere hacer con su propio cuerpo es estar en contra de la vida. En realidad, cuando se impide religiosamente que se lleve adelante la despenalización del aborto es cuando se está en contra de la vida de miles de mujeres, las que forman parte de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Lamentablemente, al ser pobres no pueden acceder a una salud sexual y reproductiva segura y pueden encontrar la muerte durante un aborto clandestino -algo que no sucede con aquellas mujeres de mayor estatus social que pueden pagar por un aborto seguro-.
No hay que hacer oídos sordos ni taparse los ojos, la realidad es palpable: el aborto está, sucede, aquí y ahora.
(*) Editora de Cultura, Género y Periodista de Babel
La iniciativa ya tuvo el rechazo de parte del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders). Su representante, Carolina Comaleras, argumentó que dicho proyecto no se condice con el fallo de la Corte Suprema que estableció “no obstaculizar” la realización de esa práctica médica para los casos de abortos no punibles, los que se encuentran amparados por el Código Penal. El fallo dictaminó la posibilidad de que una mujer pueda acceder a un aborto, sin necesidad de presentar ningún tipo de denuncia, cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
Sobre la resolución judicial, Melchiori declaró: “Esto será avasallante porque una persona dirá que fue violada por Pedro y se le hará un aborto más halla de que haya sido violada o no”. En respuesta a esas duras palabras, Silvia Primo, integrante del Conders, expresó: "Entender que se pueda mentir una violación, es entender que las mujeres tienen una mente muy perversa y demoníaca. Resulta muy doloroso como mujer escuchar que un varón nos acusa de mentirosas o que podamos mentir en esta situación”.
En la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU en 1995 en Beijing, se estableció: “Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”. Sin embargo, parece que algunos todavía no lo han entendido.
En este marco, la realidad Argentina cuenta con sus propios números sobre el tema. Según publicó el diario Página/12, el pasado 23 de abril, un grupo integrado por diez organizaciones no gubernamentales (ONGs) elaboraron un informe en donde señalaron que anualmente mueren 77 mujeres en el país por causa de abortos practicados de manera insegura.
En igual sentido, desde las organizaciones agregaron: “En Argentina hay más de un aborto clandestino por cada dos nacimientos. Según cifras del Ministerio de Salud, en el 2009 se registraron 745 mil nacidos vivos. Estimaciones realizadas en el 2006 indicaron que en el país se practican entre 486 mil y 522 mil abortos clandestinos al año”.
“El altísimo número de abortos clandestinos evidencia el poco efecto disuasivo de la ley sobre las mujeres, además del fracaso de las políticas de educación sexual y la dificultad en el acceso a los métodos de anticoncepción”, observaron.
El Estado, como tal, tiene el compromiso de garantizar un pleno reconocimiento de los derechos individuales. Sin embargo, su ligación con la iglesia católica se ha convertido en una traba para que eso suceda. En el 2010, la aprobación del matrimonio igualitario se convirtió en un enorme avance en materia de derechos civiles y fue, al mismo tiempo, un disparador para la aparición de los sectores más reaccionarios y retrógrados que buscan impedir una mayor igualdad dentro de la sociedad.
Por estos días, el debate para la legalización del aborto ha despertado nuevamente a esa derecha conservadora. En Concepción del Uruguay, ya existe la Agrupación Pro-Vida. Sus integrantes son representantes de grupos evangélicos y católicos y por estos días realizan una campaña para que el departamento Uruguay sea “Pro-Vida”, y se declare en contra de la despenalización del aborto.
Para ello, juntaron firmas en contra de la interrupción de un embarazo no deseado, incluyendo los casos de aborto no punible para mujeres víctimas de abuso sexual, los que ya cuentan con el amparo de la ley.
Esta agrupación, que busca “promover la familia y la vida”, según manifestaron, aspira a juntar unas cinco mil firmas y para presentárselas al intendente Carlos Schepens con la intención de sumar su adhesión.
Mientras tanto, ya presentaron su propuesta en la mesa de entrada de la Municipalidad, dirigida al Concejo Deliberante. En un comunicado de la agrupación enviado a la prensa manifestaron su intención de llevar el proyecto a todos los templos religiosos para también contar con sus adhesiones y que así “toda la ciudad rece por el”.
Hay un gravísimo error cuando se sostiene que la defensa del derecho de la mujer a decir qué quiere hacer con su propio cuerpo es estar en contra de la vida. En realidad, cuando se impide religiosamente que se lleve adelante la despenalización del aborto es cuando se está en contra de la vida de miles de mujeres, las que forman parte de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Lamentablemente, al ser pobres no pueden acceder a una salud sexual y reproductiva segura y pueden encontrar la muerte durante un aborto clandestino -algo que no sucede con aquellas mujeres de mayor estatus social que pueden pagar por un aborto seguro-.
No hay que hacer oídos sordos ni taparse los ojos, la realidad es palpable: el aborto está, sucede, aquí y ahora.
(*) Editora de Cultura, Género y Periodista de Babel
