Impuestos sancionados por ley en el 2009
Sin marcha atrás: el Gobierno defendió el inmobiliario rural ante la Justicia
Casaretto, Valiero, Schunk y Signes defendieron el impuesto Inmobiliario Rural en la reunión con la Sociedad Rural de Gualeguaychú convocada por la Cámara de Apelaciones de la ciudad. Ambas partes dijeron haber podido demostrar su punto.
03.05.2012 | 19:00
El gobierno de la provincia envió al encuentro con la Sociedad Rural de Gualeguaychú, convocado por la Cámara de Apelaciones de la localidad, a una parte destacada de su equipo económico-judicial para que argumente sobre el impuesto Inmobiliario Rural.
El titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, los ministros de Economía y de Producción, Diego Valiero y Roberto Schunk, respectivamente, y el fiscal de Estado, Julio Signes fueron los que concurrieron al cónclave.
Para este jueves la justicia había llamado a una reunión al Gobierno de Entre Ríos y a la entidad que nuclea a los empresarios del agro. El motivo era para que el Ejecutivo explique algunos puntos referentes a la implementación del avalúo fiscal de las tierras rurales, impuesto que es rechazado por parte del agro.
Tras el encuentro, y según publicó Análisis Digital, ambos sectores se mostraron conformes y opinaron que su parte fue la que pudo demostrar su punto. Así, por ejemplo, Luis Miguel Etchevere, presidente de la Sociedad Rural, manifestó. “Entendemos que quedó perfectamente demostrada la mala aplicación de la ley”.
Mientras que por el otro lado, Casaretto, indicó que “quedó palmariamente demostrado que la metodología del cálculo del impuesto es la misma que se aplicó en todos los años anteriores y que siempre fue consentida por las entidades y los productores”.
“El gobierno no cambió el criterio, de ninguna manera, sino que se continúa de la misma forma”, agregó el funcionario.
De esta manera, la justicia ahora deberá resolver si da lugar o no al planteo de los empresarios del agro que rechazan los avalúos fiscales.
Las diferencias entre parte del agro entrerriano y el Gobierno de Sergio Urribarri surgieron a raíz del rechazo de las cámaras campestres a los valores impositivos. Sin embargo, los montos que comenzaron a tener vigencia en el 2012, fueron sancionados por una ley provincial (9.930) en el 2009, la que entonces contó con el consenso de los empresarios del agro. Los mismos que ahora la rechazan. (Ver notas aparte)
La norma estableció un aumento gradual y anual de los montos a pagar, los que alcanzarían al ciento por ciento en el 2012. (Redacción de Babel)
El titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, los ministros de Economía y de Producción, Diego Valiero y Roberto Schunk, respectivamente, y el fiscal de Estado, Julio Signes fueron los que concurrieron al cónclave.
Para este jueves la justicia había llamado a una reunión al Gobierno de Entre Ríos y a la entidad que nuclea a los empresarios del agro. El motivo era para que el Ejecutivo explique algunos puntos referentes a la implementación del avalúo fiscal de las tierras rurales, impuesto que es rechazado por parte del agro.
Tras el encuentro, y según publicó Análisis Digital, ambos sectores se mostraron conformes y opinaron que su parte fue la que pudo demostrar su punto. Así, por ejemplo, Luis Miguel Etchevere, presidente de la Sociedad Rural, manifestó. “Entendemos que quedó perfectamente demostrada la mala aplicación de la ley”.
Mientras que por el otro lado, Casaretto, indicó que “quedó palmariamente demostrado que la metodología del cálculo del impuesto es la misma que se aplicó en todos los años anteriores y que siempre fue consentida por las entidades y los productores”.
“El gobierno no cambió el criterio, de ninguna manera, sino que se continúa de la misma forma”, agregó el funcionario.
De esta manera, la justicia ahora deberá resolver si da lugar o no al planteo de los empresarios del agro que rechazan los avalúos fiscales.
Las diferencias entre parte del agro entrerriano y el Gobierno de Sergio Urribarri surgieron a raíz del rechazo de las cámaras campestres a los valores impositivos. Sin embargo, los montos que comenzaron a tener vigencia en el 2012, fueron sancionados por una ley provincial (9.930) en el 2009, la que entonces contó con el consenso de los empresarios del agro. Los mismos que ahora la rechazan. (Ver notas aparte)
La norma estableció un aumento gradual y anual de los montos a pagar, los que alcanzarían al ciento por ciento en el 2012. (Redacción de Babel)
