Legislativas
El FEF quiere derogar el Pacto Fiscal con la Nación
El Frente Entrerriano Federal presentó un proyecto de ley para anular el Pacto Fiscal que Entre Ríos mantiene con la Nación desde 1992, a través del cual la provincia cede el 15 por ciento de su recaudación. El dinero se destinaría a la Caja de Jubilaciones.
08.08.2012 | 10:05
Al igual de lo impulsado en Córdoba por el gobernador José Manuel de la Sota (opositor al Gobierno de CFK), los diputados provinciales del FEF, Fabián Flores, Rosario Romero y Diego Lara, presentaron en el mediodía de este martes una iniciativa legislativa para dar por finalizado el pacto fiscal con la Nación.
El objetivo, tal cual manifestaron a Babel, es el de “lograr un incremento real de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos”.
El proyecto surge a raíz de que “durante el ejercicio fiscal 2012 los fondos hacia la provincia sufren una detracción injustificada”, aseveraron los Bustistas.
Además, encomiendan a la Fiscalía de Estado de Entre Río a que “ejerza todas las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan, tendientes a reclamar ante los organismos y tribunales” la devolución del 15 por ciento “que el Gobierno Nacional retiene –aseguraron los del FEF- de la masa de impuestos coparticipables”.
En el texto del proyecto se establece que el dinero que se deje de enviar a la Administración federal deberá ser utilizado, en primer lugar, en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, hasta cubrir su déficit, mientras que el sobrante pase a reforzar los fondos destinados a los gastos de personal de la provincia. (Redacción de Babel)
Los fundamentos
En la fundamentación de la norma se señala que “resulta evidente que el país necesita una Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que movilice equitativamente la capacidad tributaria de la nación y las Provincias, e incentive a estas últimas a preservar su propio capital y estimular sus esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes”.
En ese marco, se señala que actualmente la Nación solo distribuye el 27% de la recaudación nacional, o sea, el valor más bajo de los últimos 50 años. “Si bien es cierto que la Nación realiza transferencias adicionales de fondos a las Provincias, éstas no están sujetas a normas objetivas que determinen cual deben ser los parámetros de dicha distribución. No existen reglas, sino decisiones discrecionales que debilitan seriamente la autonomía política de los gobiernos provinciales”, indica el proyecto.
Tras recordar los legisladores que desde 1983 “sólo se ha sancionado una Ley de Coparticipación Federal de Impuestos – Ley 23.548 – en el año 1988 que establecía, básicamente, que del total de los recursos nacionales recaudados, un 42,34% sería retenido por el gobierno nacional; y el 57,66 iría a las Provincias (un 56,66 de manera automática, y el 1% en concepto de Aportes del Tesoro para desequilibrios financieros). Si comparamos, aún cuando las Provincias y Municipalidades han sumado y crecido en servicios a su cargo, ese 57,66% excede por mucho al 27% que hoy se distribuye”.
Asimismo se señala que en Entre Ríos, “aún cuando la política oficialista ha sido desarrollada 'en sintonía fina' con el gobierno nacional, lo cierto es que los recursos escasean y el endeudamiento abunda. Ha comenzado a resentirse la cadena de pagos a proveedores y contratistas del Estado, lo que se refleja en la paralización de la obra pública; ha sido necesario el desdoblamiento de los salarios y aguinaldo; el endeudamiento para gastos corrientes (aún en moneda extranjera); la emisión de letras y, finalmente, el panorama de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones luce desolador frente a un déficit que se acumula periódicamente y que pone en riesgo el pago futuro de las jubilaciones”.
“En este último punto, la Nación retiene actualmente, de la masa de impuestos coparticipables, el 15% de los fondos correspondientes a las Provincias para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales, sin que hoy en día, pervivan o persistan razones valederas para ello, generándose un verdadero enriquecimiento sin causa en su provecho y el consiguiente detrimento injustificado en las provincias”, añaden los legisladores.
Indican luego que el gobierno federal ha reestatizado el sistema previsional argentino, obteniendo de esa manera cuantiosos recursos que le permiten auto abastecerse sin necesidad de detraer de las provincias argentinas aquel 15% de la masa coparticipable.
“Así, la financiación de las obligaciones previsionales nacionales por parte de las Provincias (quienes a su vez gestionan por sí mismas con sus propios recursos los sistemas jubilatorios locales) violenta los criterios objetivos y equitativos de distribución de tales fondos (artículo 75 inciso 2° de la
Constitución nacional), toda vez que, en primer lugar, el reparto de los recursos tiene una vinculación directa con las competencias, servicios y funciones que cada jurisdicción tiene a su cargo; y, en segundo término, que no hay criterio de justicia distributiva alguno que sea racionalmente plausible cuando se produce una apropiación de fondos de las provincias que se empobrecen cada vez más, mientras el gobierno central financia con ellos programas que nada tienen que ver con el sistema previsional”, asegura la fundamentación del proyecto.
Asimismo se destaca que las otras dos provincias de la Región Centro (Santa Fe y Córdoba) ya han realizado este reclamo y se considera que “el Gobierno Nacional ha roto unilateralmente el sano criterio constitucional de obligarse a 'pactar' entre las Provincias y la Nación el mejor y más equitativo régimen de reparto de lo recaudado sobre la riqueza de su pueblo”, se explica.
Se añade que “con las diversas prórrogas legales a los Pactos celebrados entre la Nación y las Provincias, sin intervención directa de éstas últimas, se ha roto el sistema de Ley – Convenio consagrado en la Constitución para la celebración de lo que se conoce como los Pactos Fiscales o Ley de Coparticipación, que no es más ni menos, que la definición respecto de la distribución de la riqueza en la Argentina, entre todas sus Provincias y habitantes, garantizando la igualdad de oportunidades y el crecimiento equitativo de todo el territorio nacional(...).
Señalan los legisladores del Frente Entrerriano Federal que, así las cosas, y “en concordancia con el Proyecto de Ley presentado por la Diputada Nacional, Cristina Cremer de Busti por el que se dispone la derogación, lisa y llana, del artículo 76 de la Ley 26.078 y de la Ley 24.130, y también del Proyecto de Ley remitido por el Gobernador de la Provincia de Córdoba a su Legislatura Provincial para denunciar el Pacto Fiscal I y recobrar los recursos necesarios para el financiamiento de su propio régimen previsional provincial”, se coincide en que coincidimos en que: “En un régimen federal de gobierno no es admisible un sistema "centralista" que implique la renuncia, al menos transitoria, de las Provincias al ejercicio del poder tributario sobre los denominados "impuestos coparticipables… Decimos que ya no hay fundamentos que sustenten la vigencia de este Pacto Fiscal y que las Provincias no pueden seguir financiando al órgano previsional nacional, por cuanto, se vuelve a repetir, las AFJP se reestatizaron y ello trajo como consecuencia la apropiación de fondos y activos por sumas multimillonarias”.
Por último, en los fundamentos del proyectose indica que atendiendo además, que existe una difícil situación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia que mantienen un déficit estructural cercano a los seiscientos millones de pesos anuales, circunstancia que motivara un riguroso pedido de informes que este bloque formalizara en fecha 18 de abril del corriente año y que el mismo nunca fuera respondido, se propicia que el incremento de los recursos del Tesoro provincial, referidos en el párrafo anterior, se afecten directamente hasta la concurrencia de los déficits de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, disponiéndose asimismo que el excedente sea destinado al refuerzo proporcional de la partida de gastos de personal de toda la administración central y descentralizada del Estado Provincial”.
El objetivo, tal cual manifestaron a Babel, es el de “lograr un incremento real de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos”.
El proyecto surge a raíz de que “durante el ejercicio fiscal 2012 los fondos hacia la provincia sufren una detracción injustificada”, aseveraron los Bustistas.
Además, encomiendan a la Fiscalía de Estado de Entre Río a que “ejerza todas las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan, tendientes a reclamar ante los organismos y tribunales” la devolución del 15 por ciento “que el Gobierno Nacional retiene –aseguraron los del FEF- de la masa de impuestos coparticipables”.
En el texto del proyecto se establece que el dinero que se deje de enviar a la Administración federal deberá ser utilizado, en primer lugar, en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, hasta cubrir su déficit, mientras que el sobrante pase a reforzar los fondos destinados a los gastos de personal de la provincia. (Redacción de Babel)
Los fundamentos
En la fundamentación de la norma se señala que “resulta evidente que el país necesita una Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que movilice equitativamente la capacidad tributaria de la nación y las Provincias, e incentive a estas últimas a preservar su propio capital y estimular sus esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes”.
En ese marco, se señala que actualmente la Nación solo distribuye el 27% de la recaudación nacional, o sea, el valor más bajo de los últimos 50 años. “Si bien es cierto que la Nación realiza transferencias adicionales de fondos a las Provincias, éstas no están sujetas a normas objetivas que determinen cual deben ser los parámetros de dicha distribución. No existen reglas, sino decisiones discrecionales que debilitan seriamente la autonomía política de los gobiernos provinciales”, indica el proyecto.
Tras recordar los legisladores que desde 1983 “sólo se ha sancionado una Ley de Coparticipación Federal de Impuestos – Ley 23.548 – en el año 1988 que establecía, básicamente, que del total de los recursos nacionales recaudados, un 42,34% sería retenido por el gobierno nacional; y el 57,66 iría a las Provincias (un 56,66 de manera automática, y el 1% en concepto de Aportes del Tesoro para desequilibrios financieros). Si comparamos, aún cuando las Provincias y Municipalidades han sumado y crecido en servicios a su cargo, ese 57,66% excede por mucho al 27% que hoy se distribuye”.
Asimismo se señala que en Entre Ríos, “aún cuando la política oficialista ha sido desarrollada 'en sintonía fina' con el gobierno nacional, lo cierto es que los recursos escasean y el endeudamiento abunda. Ha comenzado a resentirse la cadena de pagos a proveedores y contratistas del Estado, lo que se refleja en la paralización de la obra pública; ha sido necesario el desdoblamiento de los salarios y aguinaldo; el endeudamiento para gastos corrientes (aún en moneda extranjera); la emisión de letras y, finalmente, el panorama de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones luce desolador frente a un déficit que se acumula periódicamente y que pone en riesgo el pago futuro de las jubilaciones”.
“En este último punto, la Nación retiene actualmente, de la masa de impuestos coparticipables, el 15% de los fondos correspondientes a las Provincias para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales, sin que hoy en día, pervivan o persistan razones valederas para ello, generándose un verdadero enriquecimiento sin causa en su provecho y el consiguiente detrimento injustificado en las provincias”, añaden los legisladores.
Indican luego que el gobierno federal ha reestatizado el sistema previsional argentino, obteniendo de esa manera cuantiosos recursos que le permiten auto abastecerse sin necesidad de detraer de las provincias argentinas aquel 15% de la masa coparticipable.
“Así, la financiación de las obligaciones previsionales nacionales por parte de las Provincias (quienes a su vez gestionan por sí mismas con sus propios recursos los sistemas jubilatorios locales) violenta los criterios objetivos y equitativos de distribución de tales fondos (artículo 75 inciso 2° de la
Constitución nacional), toda vez que, en primer lugar, el reparto de los recursos tiene una vinculación directa con las competencias, servicios y funciones que cada jurisdicción tiene a su cargo; y, en segundo término, que no hay criterio de justicia distributiva alguno que sea racionalmente plausible cuando se produce una apropiación de fondos de las provincias que se empobrecen cada vez más, mientras el gobierno central financia con ellos programas que nada tienen que ver con el sistema previsional”, asegura la fundamentación del proyecto.
Asimismo se destaca que las otras dos provincias de la Región Centro (Santa Fe y Córdoba) ya han realizado este reclamo y se considera que “el Gobierno Nacional ha roto unilateralmente el sano criterio constitucional de obligarse a 'pactar' entre las Provincias y la Nación el mejor y más equitativo régimen de reparto de lo recaudado sobre la riqueza de su pueblo”, se explica.
Se añade que “con las diversas prórrogas legales a los Pactos celebrados entre la Nación y las Provincias, sin intervención directa de éstas últimas, se ha roto el sistema de Ley – Convenio consagrado en la Constitución para la celebración de lo que se conoce como los Pactos Fiscales o Ley de Coparticipación, que no es más ni menos, que la definición respecto de la distribución de la riqueza en la Argentina, entre todas sus Provincias y habitantes, garantizando la igualdad de oportunidades y el crecimiento equitativo de todo el territorio nacional(...).
Señalan los legisladores del Frente Entrerriano Federal que, así las cosas, y “en concordancia con el Proyecto de Ley presentado por la Diputada Nacional, Cristina Cremer de Busti por el que se dispone la derogación, lisa y llana, del artículo 76 de la Ley 26.078 y de la Ley 24.130, y también del Proyecto de Ley remitido por el Gobernador de la Provincia de Córdoba a su Legislatura Provincial para denunciar el Pacto Fiscal I y recobrar los recursos necesarios para el financiamiento de su propio régimen previsional provincial”, se coincide en que coincidimos en que: “En un régimen federal de gobierno no es admisible un sistema "centralista" que implique la renuncia, al menos transitoria, de las Provincias al ejercicio del poder tributario sobre los denominados "impuestos coparticipables… Decimos que ya no hay fundamentos que sustenten la vigencia de este Pacto Fiscal y que las Provincias no pueden seguir financiando al órgano previsional nacional, por cuanto, se vuelve a repetir, las AFJP se reestatizaron y ello trajo como consecuencia la apropiación de fondos y activos por sumas multimillonarias”.
Por último, en los fundamentos del proyectose indica que atendiendo además, que existe una difícil situación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia que mantienen un déficit estructural cercano a los seiscientos millones de pesos anuales, circunstancia que motivara un riguroso pedido de informes que este bloque formalizara en fecha 18 de abril del corriente año y que el mismo nunca fuera respondido, se propicia que el incremento de los recursos del Tesoro provincial, referidos en el párrafo anterior, se afecten directamente hasta la concurrencia de los déficits de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, disponiéndose asimismo que el excedente sea destinado al refuerzo proporcional de la partida de gastos de personal de toda la administración central y descentralizada del Estado Provincial”.
