La década de las leyes K

Una acusación recurrente que la oposición le hace al Gobierno es haber transformado al Congreso en una suerte de “escribanía”. Un poder poblado de levantamanos prestos a aprobar cuanto proyecto envía el todopoderoso Poder Ejecutivo. La veracidad o no de esta apreciación merece toda una discusión aparte que no es el objeto de esta nota, pero lo cierto y curioso para esta observación es que el kirchnerismo ha necesitado permanentemente del Parlamento, al que le ha dado un lugar de trascendencia y de exposición que pocas veces tuvo en los últimos 30 años de democracia.

Desde victorias arrolladoras en innumerables leyes, a fracasos sonoros como fue la votación de la 125 en el Senado. Es verdad que el oficialismo no tuvo demasiados sinsabores; el ya citado del voto “no positivo”, y la aprobación del 82% móvil que también contó con un desempate por parte de Julio Cobos, aunque sin tanta estridencia en esa oportunidad. Esos fueron los únicos momentos adversos para un kirchnerismo que -bueno es decirlo también- cuando no contó con amplias mayorías, prefirió mantener al Parlamento en “pausa”, mientras que cuando las tuvo, avanzó con paso arrollador. Pero siempre se las arregló para salir airoso en el ámbito legislativo.

A continuación, un detalle de los hechos legislativos más importantes registrados en la última década, publicado en la edición de esta semana de Semanario Parlamentario:

2003

Nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Si hay una bandera que enarbola el kirchnerismo, ésa es la de los derechos humanos. En un gesto histórico, el Congreso declaró nulas las denominadas “leyes del perdón”, sancionadas luego de retornada la democracia por impulso del presidente Raúl Alfonsín. La primera eximía de responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad a los militares por debajo del grado de coronel, mientras que la segunda ordenaba la prescripción de las causas en las que los imputados no hubieran sido llamados a declarar en el plazo de dos meses posteriores al 10 de diciembre de 1983.

Ley de Emergencia Pública. La ley sancionada por iniciativa del expresidente Eduardo Duhalde durante la crisis de 2002 ha sido prorrogada año tras año hasta la actualidad. De esta manera el Congreso delega al Ejecutivo las facultades que le permiten fijar tarifas, renegociar los contrarios de servicios públicos, regular los precios básicos de la canasta básica de alimentos, declarar la emergencia sanitaria y laboral, reordenar el sistema financiero, entre otras cosas, en tiempos de normalidad.

2004

Derogación de la Ley Banelco. En la primera sesión ordinaria del año, el Congreso intentó subsanar el escándalo que rondó la sanción de la ley de flexibilización laboral cuatro años antes. Con amplia mayoría y el aval del PJ y la UCR, el Parlamento derogó la norma impulsada por el Gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, ligado al pago de coimas en el Senado. El hecho detonó ni más ni menos que en la renuncia de su vice, Carlos “Chacho” Álvarez, y significó la antesala de lo que sería la crisis de 2001 y la debacle de la Alianza.

“Leyes Blumberg”. En abril de ese año, Juan Carlos Blumberg, padre de un joven secuestrado y asesinado en el Conurbano bonaerense, convocó a una multitudinaria manifestación frente al Parlamento para apoyar reformas en materia de políticas de seguridad que logaron instalarse en la agenda. Los legisladores sancionaron seis leyes entre abril y agosto que modificaron los códigos Penal y Procesal Penal. Se endurecieron penas y el régimen de libertad condicional, se amplió la competencia de la Justicia Federal y se reglamentaron los servicios de comunicaciones móviles.

2005

Unificación de las elecciones legislativas. Se trata de una de las pocas reformas electorales apoyadas por todo el arco político. Hasta su sanción, los gobernadores supieron valerse de la facultad de convocar y definir la fecha de las elecciones legislativas nacionales de tal modo que los legisladores electos fueran “sus” diputados y senadores, evitando así la injerencia del Ejecutivo nacional. La norma sirvió al kirchnerismo para encolumnar a los jefes políticos provinciales del peronismo y sanear el déficit de legitimidad derivado del 22% de votos obtenidos en 2003.

Reforma al Consejo de la Magistratura. A once años de su creación, existía suficiente consenso político para atender las falencias en el funcionamiento del organismo encargado de la selección y destitución de los magistrados y de la administración del Poder Judicial. La situación alentó la reforma impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner que redujo de veinte a trece el número de consejeros y otorgó mayoría de siete miembros a los representantes políticos -seis legisladores y un representante del PEN-. Como en los hechos la ley aumentó a cinco los representantes del oficialismo, despertó las denuncias de que “distorsionaba” el equilibrio constitucional requerido entre políticos, jueces y abogados.

Ley de Financiamiento Educativo. La norma, promovida por el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, fijó un aumento paulatino de la inversión en este sector hasta llegar al 6% del PBI en 2010. Además, apuntó a recuperar la escuela técnica y prorrogó hasta 2009 el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

2006

Superpoderes. Con el objeto de “garantizar la gobernabilidad y aumentar la capacidad de respuesta del Estado frente a una crisis”, el oficialismo se alzó con la Ley 26.124 que habilitó al jefe de Gabinete a ampliar el Presupuesto, modificando su monto total, y a reasignar partidas presupuestarias dentro del monto total aprobado, lo que redujo la competencia del Poder Legislativo.

Reglamentación DNU. Luego de 12 años de mora por incumplimiento del mandato constitucional de 1994, el Congreso sancionó la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo. Tras un arduo debate, la mayoría oficialista resolvió que los decretos deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes de ambas cámaras, pero continuarán vigentes mientras no reciban tratamiento parlamentario.

Ley de Educación Sexual. Una norma que generó grandes polémicas con la Iglesia y duras controversias para su aplicación en las provincias. Establece que todos los estudiantes tienen derechos a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos y privados de todo el país.

Ley de Educación Nacional. Fue otra de las leyes muy valoradas tanto por el kirchnerismo como por la oposición, fruto de un arduo debate. La norma reemplazó la Ley Federal de Educación del menemismo: entre otras cosas, fijó la obligatoriedad de la sala de cinco años, subió las exigencias para la carrera docente, estableció una escuela primaria de jornada completa, un segundo idioma obligatorio, el acceso a la informática y nuevos contenidos, como la educación sexual.

2007

Ley de Bosques. Impulsada por Miguel Bonasso, la iniciativa generó grandes cruces entre gobernadores de provincias del Norte, compañías ligadas a la tala y comercialización de bosques y organizaciones ecologistas, que no tardaron en trasladarse al Congreso, dividiendo incluso al oficialismo. La norma mandó a las provincias a completar el ordenamiento de sus bosques nativos, fijó mecanismos de consulta y participación para autorizar desmontes y declaró la emergencia forestal en todo el país.

2008

Retenciones móviles. A cuatro meses de asumir la presidencia, Cristina Fernández dictó la famosa resolución 125, que dispuso un régimen de retenciones móviles a las exportaciones a la soja y el girasol, y que desató un durísimo conflicto con las entidades agropecuarias, marcando un antes y después en la historia kirchnerista. Ante el fracaso de las negociaciones y los fallos judiciales que declararon inconstitucional la medida -por tratarse de una facultad delegada-, el Gobierno envió un proyecto al Congreso con la intención de legitimar la resolución. La iniciativa logró ser aprobado por Diputados -tras grandes deserciones en el bloque oficialista- pero fracasó en el Senado con el voto “no positivo” mediante el cual el vicepresidente Julio Cobos desempató la votación.

Trata de personas. Le ley fue el resultado de la intensa lucha de Susana Trimarco tras el secuestro de su hija, Marita Verón. El Congreso incluyó a la trata de personas como delito e impuso penas que, cuatro años más tarde, fueron aumentadas. La reforma de 2010 también eliminó al consentimiento de la víctima como eximente de toda responsabilidad penal y obligó al Estado a promover la reinserción social de las mujeres que caen en estas redes.

Estatización de Aerolíneas Argentinas. Después de 18 años y con una dura crítica al proceso privatizador de la década pasada, Aerolíneas Argentinas volvió a convertirse en propiedad del Estado luego de que el Congreso ratificara el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y los accionistas del grupo Marsans para el traspaso de la compañía. Otra de las sesiones históricas.

Estatización de las AFJP. La reforma del sistema previsional menemista, a través de la estatización de las jubilaciones, será recordada como otra de las leyes más relevantes de la última década, sancionada con apoyo de diversos partidos y severos cuestionamientos del kirchnerismo al sistema de capitalización implementado durante el período neoliberal. Algunas voces acusaron al Gobierno de querer “hacer caja” con los fondos de las jubilaciones.

Banco de datos genéticos. La Ley impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo garantizó la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.

2009

Ley de movilidad jubilatoria. Luego de algunos traspiés, el kirchnerismo logró convertir en ley el proyecto insistido desde el Gobierno para que los haberes jubilatorios se ajusten automáticamente dos veces al año, con Amado Boudou por ese entonces al frente de la ANSES.

Derogación de penas de prisión por calumnias e injurias. El Parlamento convirtió en ley la anulación de las penas de prisión para estos delitos tras un duro fallo CIDH que condenó al Estado argentino a modificar sus normas de libertad de expresión. También quedaron a salvo de multas las expresiones y opiniones sobre los funcionarios públicos.

Ley de Medios. En pleno conflicto agrario y por las coberturas mediáticas, en particular del Grupo Clarín, Cristina Kirchner anunció que promovería una nueva ley para los medios audiovisuales que reemplazase al decreto de la última dictadura. El proyecto se presentó en marzo de 2009, se debatió en 24 foros por todo el país, en audiencias públicas en el Congreso y logró sumar amplio respaldo popular. En septiembre el kirchnerismo presentó más de 200 modificaciones a la versión original, algunas para garantizarse el apoyo de la centroizquierda en Diputados. La iniciativa fue aprobada al día siguiente aunque el resto de la oposición abandonó el recinto impugnando la legitimidad de la sesión. El Senado la sancionó en octubre pero los artículos referidos a la “desmonopolización” del mercado siguen suspendidos por una acción judicial iniciada por Clarín.

Reforma política. Poco después de la derrota oficialista en los comicios legislativos, el Frente para la Victoria y fuerzas aliadas lograron la aprobación de una ley destinada a reducir la fragmentación del sistema partidario -elevando los umbrales para constituir partidos-, lograr una mayor apertura de los partidos en la selección de candidatos -mediante las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)- y una mayor transparencia y equidad en las campañas electorales -garantizando a todos los partidos espacios de publicidad en los medios y prohibiendo el financiamiento de empresas-. La reforma se sancionó luego de 19 reuniones entre el Ejecutivo, fuerzas parlamentarias, ONGs y expertos académicos.

Reapertura del canje de deuda. El Congreso convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto que habilitó la suspensión temporaria de la Ley Cerrojo, aprobada en febrero de 2005. Dicha norma prohibía la reapertura del canje de deuda, con el claro objetivo de dar una señal a los bonistas para que aceptaran la propuesta elaborada entonces por Néstor Kirchner y el ministro Roberto Lavagna. La política de desendeudamiento se convirtió en otro de los estandartes kirchneristas.

Creación del ENARD. A poco de finalizar el año, el Congreso sancionó la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, impulsada por el Comité Olímpico Argentino. El organismo es financiado a través del cobro de un impuesto de 1% de las facturas de celular.

2010

82% móvil. Aún hoy sigue siendo uno de los grandes pases de factura al Gobierno. El proyecto que ajustaba las jubilaciones a ese porcentaje del salario mínimo fue sancionado luego de sesiones maratónicas en ambas cámaras -en el Senado, con el condimento del voto a favor de Julio Cobos-, y luego vetado por la presidenta bajo el argumento de que significaría “la quiebra” para el país y una “estafa” para el Estado. Desde entonces, la oposición insiste con los proyectos al presentarlos año a año.

Uso de reservas. El conflicto desatado por el uso de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central para cancelar deuda pública se resolvió después de cuatro meses de disputas, varias presentaciones ante la Justicia y la escandalosa partida de Martín Redrado el 30 de enero. El punto de partida fue el DNU que creaba el Fondo del Bicentenario.

El (no) Presupuesto. 2011 fue el único año desde el retorno a la democracia en que el Congreso no sancionó el Presupuesto. Las negociaciones no prosperaron por falta de acuerdo entre un kirchnerismo que era minoría y una oposición esquiva nucleada para ese entonces en el “Grupo A”. El Gobierno prorrogó por decreto el texto del año anterior, pero la polémica quedó grabada.

Matrimonio Igualitario. En el marco de la ampliación de derechos, el Congreso argentino se puso en la vanguardia y habilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo, viejo reclamo de numerosas agrupaciones sociales. Fue la única ley que votó Néstor Kirchner como diputado.

Ley de Glaciares. No sin polémica, la norma había sido vetada en 2008 por Cristina Fernández. Sin embargo, dos años después, el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus volvieron a la carga con sendos proyectos que finalmente fueron unificados en la ley actual. El texto establece un régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Distintas voces advierten que el inventario de glaciares aún hoy está incompleto.

2011

Ley Antitabaco. En una apuesta a la salud, fue sancionada de manera unánime por la Cámara de Diputados. La norma estableció fuertes restricciones a la publicidad del tabaco y prohibió fumar en lugares públicos y de trabajo.

Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga. Se trató de una de las iniciativas más sobresalientes de un año con pocas sesiones. La ley obliga a las empresas a cubrir las prácticas médicas obligatorias, fijadas en el PMO, así como otras complementarias, que requieran tratamientos específicos.

Ley de Tierras. El “régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales” fue sancionado apenas el kirchnerismo recuperó la mayoría parlamentaria. La ley fija un límite del 15% para la venta de tierras rurales a extranjeros.

Ley “antiterrorista”. Fue una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero, pero, lejos de los fines propuestos, culminó en un fuerte repudio de organizaciones sociales. La oposición insiste hasta hoy en derogarla porque, argumentan, “criminaliza la protesta social”.

Papel Prensa. Metido de lleno en la guerra con el Grupo Clarín, el Gobierno envió al Congreso de manera sorpresiva, a poco de finalizar el año y ya con mayoría en ambas Cámaras, el proyecto que declaraba de “interés público” la producción, distribución y comercialización de papel para diarios, en manos de la empresa con capitales mayoritarios de Clarín y La Nación.

2012

Expropiación de YPF. Sin dudas, la ley impulsada por el Poder Ejecutivo que dispuso la reestatización del 51% de las acciones de Repsol en la petrolera quedará en la memoria colectiva como uno de los grandes logros del kirchnerismo. La iniciativa fue sancionada con amplio apoyo de la oposición en el marco de una jornada histórica que tuvo lugar entre el 2 y 3 de mayo en el recinto de la Cámara de Diputados. La norma también declaró como “objetivo prioritario” del país el autoabastecimiento de combustibles y la recuperación de la soberanía energética.

Muerte digna. Gracias a esta ley, el paciente en estado vegetativo tiene el derecho de aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos, dando su consentimiento informado, es decir, la declaración de su voluntad -o, en todo caso, por medio de sus representantes legales-, emitida luego de recibir toda la información necesaria sobre su situación. El texto también deja en claro que, en estos casos, el médico no tendrá responsabilidad civil, penal ni administrativa alguna.

Identidad de género. Otro de los logros que supuso una ampliación de derechos y la igualdad social: el Congreso convirtió en ley con amplio apoyo el proyecto que garantiza la adecuación del DNI a la identidad de género autopercibida, entre otras cuestiones.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A través de esta ley, se le otorgó mayor discrecionalidad a la entidad que dirige Mercedes Marcó del Pont a la hora de regular el crédito, entre otras atribuciones. El oficialismo también impulsó, con críticas, el aumento del porcentaje de fondos girados al Tesoro Nacional.

Femicidio. El texto, sancionado por unanimidad en la Cámara baja, agravó las penas por homicidios cometidos por “odio de género o a la orientación sexual”. Fue uno de los grandes pasos que dio el Congreso en materia de lucha contra la violencia de género, a partir de casos que tomaron relevancia mediática, como el de Wanda Taddei. También se reforzaron las penas para los casos de “homicidio vinculado”, aquel cometido para dañar a una persona con la que el asesino mantuvo una relación afectiva.

Voto joven. El kirchnerismo logró sancionar la reforma electoral que habilitó el voto optativo a los 16, tras un fuerte escándalo que puso en riesgo la votación. Sectores de la UCR y el FAP se prestaban a votar a favor del proyecto pero el discurso del diputado camporista Andrés Larroque, quien tildó de “narcos” a los socialistas por el conflicto con el ex jefe de la Policía santafesina, levantó la polvareda y todos los bloques opositores se retiraron del recinto. El debate contó con varias audiencias con participación juvenil.

Expropiación de la ex Ciccone Calcográfica. El Congreso sancionó la ley en medio del escándalo que aún hoy salpica al vicepresidente Amado Boudou. La iniciativa, apoyada por un sector de la oposición, puso bajo la órbita de la Casa de Moneda a la actual Compañía de Valores Sudamericana, la única empresa privada con capacidad para emitir billetes.

Reforma del Mercado de Capitales. La ley, impulsada por el Poder Ejecutivo, permitió a la Comisión Nacional de Valores constituirse como único organismo de control de la oferta pública de valores, con el fin de terminar con la autorregulación de los mercados. El debate culminó con un condimento extra: a último momento, el oficialismo incorporó un inciso que habilita al ente a intervenir empresas privadas.

2013

Acuerdo con Irán. En sesiones extraordinarias el Congreso ratificó el memorando de entendimiento firmado en enero por los cancilleres de Argentina e Irán para reactivar la investigación judicial por el atentado a la sede de la AMIA en 1994. El pacto, aprobado recientemente por el país islámico, habilita a las autoridades judiciales argentinas a “interrogar” en Teherán a cinco imputados iraníes sobre los que pesan órdenes de captura internacional, acusados de estar vinculados con el ataque.

Reforma judicial. Tras los fallos adversos al Gobierno en las causas por la Ley de Medios y la expropiación de La Rural, Cristina Kirchner se propuso “democratizar” el Poder Judicial y envió al Congreso un paquete de seis proyectos, de los cuales cinco ya son ley. La elección popular de los consejeros y el límite a las medidas cautelares contra el Estado estuvieron entre las más cuestionadas. También recibió críticas la creación de tres nuevas cámaras de Casación. Cierran la lista la publicación online de las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado y de los fallos judiciales, y el ingreso por concurso al Poder Judicial.

Nuevo Código Civil y Comercial. Reemplazará al texto de Dalmacio Vélez Sarsfield, aprobado a libro cerrado hace más de un siglo. El debate arrasó con todo el año pasado, cuando la Bicameral constituida para tal fin recorrió el país escuchando distintas voces que enriquecieron la discusión. Con el fin de “adecuarse a los tiempos que corren”, el proyecto incluye cambios como la agilización de los trámites de divorcio y adopción, la regulación del “alquiler de vientre” y la creación de sociedades unipersonales. Los tiempos jugaron en contra y, con la elección del papa Francisco mediante, es una incógnita si la ley verá la luz este año.

Régimen de empleadas domésticas. De manera unánime, la Cámara de Diputados convirtió en ley en marzo de este año el nuevo Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, que reconoce a las empleadas domésticas derechos y beneficios amparados por la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las jornadas, indemnizaciones, licencias y protección del trabajo de menores.

Digesto jurídico. Pendiente desde la reforma de la Constitución de 1994, será probablemente una de las leyes más simbólicas de los diez años de la labor legislativa del kirchnerismo.