Diputados
Se aprobó la Compañía de Tierras
La UCR, el FAP y el PS criticaron el proyecto del gobierno, pero no pudieron torcer la voluntad del peronismo que aplicó su fuerza numérica. Tras un tenso debate, con votación nominal, y con los votos del oficialismo y el rechazo de la UCR, el FAP y el PS; Diputados autorizó este martes al Ejecutivo a constituir una sociedad anónima destinada a la compra y venta de tierras, que se fundará con un capital inicial de cinco millones de pesos y que estará conducida por un directorio de cinco miembros designados por el gobierno.
11.09.2013 | 11:51
Además, y con media sanción, quedaron aprobados los proyectos de ley que propone adherir a la ley de Fertilización Asistida, que obligará al IOSPER a cubrir estas prácticas médicas (Ver aparte) y el que promueve la construcción de un 10 por ciento de casas de madera en los planes habitacionales.
Sobre tablas, y con votación nominal, el oficialismo impuso en el recinto la fuerza de sus bloques para dar media sanción al proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a consittuir una sociedad anónima.En contra, votó la UCR, el FAP y el PS.
El debate
"Uno de los derechos humanos básicos es el derecho a la vivienda propia", dijo el diputado Marcelo Bisogni que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda y que defendió en el recinto el proyecto para marcar que la vivienda "es un derecho fundamental" y asegurar luego que esta "es una herramienta más de las que la provincia tiene en marcha" y que su alcance "responde a una demanda importante de los entrerrianos".
Para María Emma Bargagna (FAP), en cambio, "la provincia no necesita una sociedad del Estado que se dedique a la compraventa de tierras porque esta provincia tiene un órgano que se dedica a la compra y venta de tierras para paliar las necesidades de los más carenciados", aseguró y dijo: "El IAPV es un organismo que manejan seis empresas" denunció y afirmó: "El problema del IAPV no es que no sirve, es un problema político", lanzó.
Diego Lara (JER) centró la defensa del proyecto en la necesidad de que el Estado intervenga "para asegurar el derecho universal que es el derecho a la vivienda" y aclaró que el texto "no va en contra de las inmobiliarias, puede existir la renta inmobiliaria pero el estado tiene que estar por encima llevando una política de asignación de tierras allá donde resulte necesario atender".
Daniel Ruberto (FpV) , por su lado, mostró que hoy en el IAPV hay una demanda de 12 mil inscriptos y una respuesta de 600 viviendas en Colonia Avellaneda y contó, desde su expriencia gremial, cómo funciona la construcción de grupos habitacionales en Paraná. Y aseguró que las tierras "se han disparado" en la capital. "Yo apoyo este proyecto porque a todo el esfuerzo que hacen los sindicatos, las cooperativas, y los pequeños consorciosos, es muy bueno que el Estado aparezca con una herramienta ágil", destacó. "Los terrenos se han ido a las nubes porque el Estado no ha intervenido, es absolutamente necesario actuar", propuso Ruberto que elogió el proyecto de la Compañía.
Desde la bancada radical, su presidente, Agustín Federik, marcó que "esta ley carece de razonabilidad y de un principio de necesidad y de la más mínima lógica jurídica. Esta ley posee innumerables errores. Es una ley que se fundamenta en una ley nacional, pero es una ley que por su intermedio y su basamento legal va contra todo organismo de contralor del Estado", alertó Federik.
"Ellos son parte del oficialismo" disparó Federik al contestar las defensas que vinieron de los bloques que se unieron al urribarrismo. Y, agregó: "Esta ley impide los controles", advirtió y mostró el encastre de esta norma con la nacional. "Esto nos da la razón, es una ley inútil que pretende sacar de los actos de control esta sociedad que lo único que va a hacer es comprar y vender terrenos y casas" enumeró y completó: "Esta ley con seis artículos pretende introducirse en el mercdo inmobiliario con facultades que son propias de esta Legislatura. Es imposible", sintetizó. "Presumimos que todos los funcionarios públicos son honestos, pero como dijo el general (Juan Domingo Perón) si los controlamos es mejor", ironizó y preguntó "para qué está Catastro y la Escribanía mayor de Gob ierno" y garantizó que "el problema de las viviendas se soluciona con viviendas".
"La principal equivocación es que vamos a estar violando la Constitución. Unicamente haciendo una esfuerzo de entelequia podemos decir que con esta ley no se viola la Constitución", alertó Federik desde su banca.
Lisandro Viale, del socialismo, aseguró que "esta ley en nombre de los desposeídos va a ser la puerta de entrada de un negociado con el argumento del acceso a la tierra de los que menos tienen. Es una vergûenza lo que se va a votar hoy si el justicialismo decide hacer uso de su mayoría automática" , dijo Viale y comparó esta propuesta con la fracasada sociedad arrocera que derogó en cuarenta días la Legislatura por el profundo rechazo social que generó la norma de dudoso alcance.
Desde el oficialismo, Rubén Almará (RP), salió al cruce de las críticas y dijo que prefiere "equivocarse" en votar la ley "a no hacer nada como históricamente ha hecho el radicalismo por los pobres" y llamó a Viale como "un hijo de los radicales".
Para cerrar, Martín Uranga (FpV) , replicó cada uno de los cuestionamientos y contestó a cada uno de los legisladores de la oposición. Uranga se apoyó en la Consitución y refutó los cuestionamientos para centrarse en Viale a quien criticó con dureza, entre otras cosas, por decir que estamos "en una democracia gastada"
Qué dice el proyecto
La sociedad tendrá por objeto "la compra y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupado y en general población con ingresos medios y bajos. Para tal fin estará facultada, entre otros, para: adquirir bienes inmuebles para destinarlos a loteo urbano/suburbano; realizar los loteos de urbanización y espacios de hábitat; desarrollar un sistema de inscripción para la adquisición por parte del sector especificado, a precios justo; transmitir y adjudicar el dominio a los beneficiarios; transmitir a título gratuito, de acuerdo a lo que con posterioridad se reglamente para el sector que así lo amerite.
El capital inicial será de cinco millones de pesos y estará representado por certificados nominativos negociables entre los entes enumerados en el artículo 1 de la Ley Nº 20.705. "Cada certificado nominativo da derecho a un (1) voto. Por resolución de la Asamblea, el capital podrá elevarse hasta el quíntuplo de su monto, conforme con el artículo 188 de la Ley Nº 19.550. La Asamblea sólo podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la Asamblea se publicará e inscribirá".
Sobre tablas, y con votación nominal, el oficialismo impuso en el recinto la fuerza de sus bloques para dar media sanción al proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a consittuir una sociedad anónima.En contra, votó la UCR, el FAP y el PS.
El debate
"Uno de los derechos humanos básicos es el derecho a la vivienda propia", dijo el diputado Marcelo Bisogni que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda y que defendió en el recinto el proyecto para marcar que la vivienda "es un derecho fundamental" y asegurar luego que esta "es una herramienta más de las que la provincia tiene en marcha" y que su alcance "responde a una demanda importante de los entrerrianos".
Para María Emma Bargagna (FAP), en cambio, "la provincia no necesita una sociedad del Estado que se dedique a la compraventa de tierras porque esta provincia tiene un órgano que se dedica a la compra y venta de tierras para paliar las necesidades de los más carenciados", aseguró y dijo: "El IAPV es un organismo que manejan seis empresas" denunció y afirmó: "El problema del IAPV no es que no sirve, es un problema político", lanzó.
Diego Lara (JER) centró la defensa del proyecto en la necesidad de que el Estado intervenga "para asegurar el derecho universal que es el derecho a la vivienda" y aclaró que el texto "no va en contra de las inmobiliarias, puede existir la renta inmobiliaria pero el estado tiene que estar por encima llevando una política de asignación de tierras allá donde resulte necesario atender".
Daniel Ruberto (FpV) , por su lado, mostró que hoy en el IAPV hay una demanda de 12 mil inscriptos y una respuesta de 600 viviendas en Colonia Avellaneda y contó, desde su expriencia gremial, cómo funciona la construcción de grupos habitacionales en Paraná. Y aseguró que las tierras "se han disparado" en la capital. "Yo apoyo este proyecto porque a todo el esfuerzo que hacen los sindicatos, las cooperativas, y los pequeños consorciosos, es muy bueno que el Estado aparezca con una herramienta ágil", destacó. "Los terrenos se han ido a las nubes porque el Estado no ha intervenido, es absolutamente necesario actuar", propuso Ruberto que elogió el proyecto de la Compañía.
Desde la bancada radical, su presidente, Agustín Federik, marcó que "esta ley carece de razonabilidad y de un principio de necesidad y de la más mínima lógica jurídica. Esta ley posee innumerables errores. Es una ley que se fundamenta en una ley nacional, pero es una ley que por su intermedio y su basamento legal va contra todo organismo de contralor del Estado", alertó Federik.
"Ellos son parte del oficialismo" disparó Federik al contestar las defensas que vinieron de los bloques que se unieron al urribarrismo. Y, agregó: "Esta ley impide los controles", advirtió y mostró el encastre de esta norma con la nacional. "Esto nos da la razón, es una ley inútil que pretende sacar de los actos de control esta sociedad que lo único que va a hacer es comprar y vender terrenos y casas" enumeró y completó: "Esta ley con seis artículos pretende introducirse en el mercdo inmobiliario con facultades que son propias de esta Legislatura. Es imposible", sintetizó. "Presumimos que todos los funcionarios públicos son honestos, pero como dijo el general (Juan Domingo Perón) si los controlamos es mejor", ironizó y preguntó "para qué está Catastro y la Escribanía mayor de Gob ierno" y garantizó que "el problema de las viviendas se soluciona con viviendas".
"La principal equivocación es que vamos a estar violando la Constitución. Unicamente haciendo una esfuerzo de entelequia podemos decir que con esta ley no se viola la Constitución", alertó Federik desde su banca.
Lisandro Viale, del socialismo, aseguró que "esta ley en nombre de los desposeídos va a ser la puerta de entrada de un negociado con el argumento del acceso a la tierra de los que menos tienen. Es una vergûenza lo que se va a votar hoy si el justicialismo decide hacer uso de su mayoría automática" , dijo Viale y comparó esta propuesta con la fracasada sociedad arrocera que derogó en cuarenta días la Legislatura por el profundo rechazo social que generó la norma de dudoso alcance.
Desde el oficialismo, Rubén Almará (RP), salió al cruce de las críticas y dijo que prefiere "equivocarse" en votar la ley "a no hacer nada como históricamente ha hecho el radicalismo por los pobres" y llamó a Viale como "un hijo de los radicales".
Para cerrar, Martín Uranga (FpV) , replicó cada uno de los cuestionamientos y contestó a cada uno de los legisladores de la oposición. Uranga se apoyó en la Consitución y refutó los cuestionamientos para centrarse en Viale a quien criticó con dureza, entre otras cosas, por decir que estamos "en una democracia gastada"
Qué dice el proyecto
La sociedad tendrá por objeto "la compra y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupado y en general población con ingresos medios y bajos. Para tal fin estará facultada, entre otros, para: adquirir bienes inmuebles para destinarlos a loteo urbano/suburbano; realizar los loteos de urbanización y espacios de hábitat; desarrollar un sistema de inscripción para la adquisición por parte del sector especificado, a precios justo; transmitir y adjudicar el dominio a los beneficiarios; transmitir a título gratuito, de acuerdo a lo que con posterioridad se reglamente para el sector que así lo amerite.
El capital inicial será de cinco millones de pesos y estará representado por certificados nominativos negociables entre los entes enumerados en el artículo 1 de la Ley Nº 20.705. "Cada certificado nominativo da derecho a un (1) voto. Por resolución de la Asamblea, el capital podrá elevarse hasta el quíntuplo de su monto, conforme con el artículo 188 de la Ley Nº 19.550. La Asamblea sólo podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la Asamblea se publicará e inscribirá".
