Opinión, por Lisandro Viale
Pasteras, conflicto y oportunismo político
El diputado provincial por el PS y candidato a senador por el FAP, Lisandro Viale, cargó contra el gobierno Argentino por la actualidad en lo que se refiere a la pastera UPM, habilitada por Uruguay a incrementar su producción. Lea lo que dijo.
06.10.2013 | 20:23
La única salida al conflicto de UPM (ex Botnia) es más diálogo, más integración y menos oportunismo. Para resolver colectiva y consensuadamente estos asuntos, es necesaria la puesta en marcha y fortalecimiento de los organismos específicos en el tema, como la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Hoy asistimos a una evidente utilización electoralista de este conflicto. El senador nacional y candidato oficialista Guillermo Guastavino llegó a decir que "Uruguay está sometido a una multinacional que le marca el camino a seguir", mientras que nada dice del acuerdo Chevrón – YPF en Neuquén, en donde se se está avanzando con explotaciones gasíferas mediante una técnica comprobadamente contaminante como el Fracking. Esto cobra aún más relevancia al recordar que el presidente de YPF, Miguel Galuccio, es el principal ideólogo de ese acuerdo sobre el cual no se conoce la letra chica; un hombre que ocupa ese cargo promovido por el propio gobernador Sergio Urribarri. La inconsistencia de esa farsa evidencia el propósito electoralista detrás de las declaraciones de los funcionarios oficialistas en suelo entrerriano.
El conflicto desatado por la construcción de plantas de fabricación de celulosa sobre la costa oriental del río Uruguay, desnudó problemas y limitaciones en la estructura institucional en vigencia respecto de la administración de asuntos comunes en la región del río Uruguay.
A nuestro entender, este conflicto tiene su origen en la discrecionalidad de los gobiernos neoliberales de haber avanzado en los proyectos de las pasteras Ence y Botnia, (la primera frenada por la protesta social) sin la correspondiente consulta a nuestro país, y sobre todo, sin dar intervención a quienes viven sobre el río en cuestión, y que pueden ser los directos damnificados en el tema. Todo esto no hubiera sido posible con la existencia de un organismo participativo y descentralizado como ámbito decisorio determinante en este tema. En este sentido, nuestra propuesta apunta a avanzar en dos ejes claves: la incorporación de Brasil en la CARU y contemplar la participación de las comunidades de ambas márgenes del río.
Por eso es que insistimos en la modificación y fortalecimiento de la CARU, que debe transformarse en un ente trinacional democrático y transparente, e incorporar la institucionalización de la participación concreta de las comunidades de ambas márgenes del río, para coordinar políticas regionales, modelos de desarrollo y protección de los recursos compartidos, a través de un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Río Uruguay.
Estas propuestas fueron plasmadas en un proyecto que presenté en en 2008, en la Cámara de Diputados de la Nación y que fue representado en 2010 bajo el número de expediente 1162-D-2010; iniciativa que continúa sin ser tratada..
El río Uruguay, cuya cuenca abarca 365 mil kilómetros cuadrados, nace en las tierras brasileñas de la Serra Geral, en el límite entre los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina y recorre más de 1.260 kilómetros en territorio brasileño o compartido con la Argentina, hasta llegar al río Cuareim, a partir del cual hay algo más de 500 kilómetros que se encuentran entre los territorios de Uruguay y Argentina. Es decir que del recorrido total, estimado en unos 1.770 kilómetros, más de dos tercios corresponden a tramos que recorren sólo el territorio del Brasil, o que el vecino país comparte con la Argentina, y sólo 508 kilómetros sobre los cuales tiene jurisdicción la CARU.
Es notablemente incongruente que esa institución no incluya al país en cuyo territorio se desenvuelve el tramo mayor del río citado. Esta es una gran limitación que padece la estructura institucional cuya modificación interesamos con la presente iniciativa.
La preocupación por los efectos de la planta productora de pasta celulosa UPM sobre el medio ambiente de la región, surgida de la existencia de graves antecedentes y fundada en las dimensiones de los emprendimientos en construcción, es absolutamente legítima y debió merecer desde hace varios años la atención de todos los niveles gubernamentales.
La falta de respuestas a esa inquietud creó condiciones en las que se exacerbaron los ánimos llegando a poner en riesgo una relación que es más que hermandad, dado que históricamente argentinos y orientales hemos sido un mismo pueblo. La lógica perversa de no responder al reclamo ciudadano hasta tanto los damnificados no generen una situación de violencia o de ruptura del orden (en este caso los cortes de rutas internacionales) colocó, en su momento, a nuestros pueblos al borde de enfrentamientos irracionales e impensados.
A eso se le suma, en un mismo paquete, la esquizofrénica actitud de los gobiernos nacional y provincial de exacerbar la crispación social si eso implica un rédito político o, en el otro extremo, llevar a la justicia a manifestantes que se expresaban en defensa de los derechos ambientales.
Todo apunta a que el escenario descrito puede llegar a reavivarse; luego de los resultados desfavorables en las elecciones primarias el oportunismo político del oficialismo parece ser un coadyuvante ideal a tales fines. Mientras tanto, de este lado de la costa, la desregulación reina en torno a los controles de efluentes industriales y cloacales vertidos en los cursos de agua (el caso del río Gualeguay es paradigmático) y las soluciones concretas, que realmente podrían afrontar las causas del problema, brillan por su ausencia.
Hoy asistimos a una evidente utilización electoralista de este conflicto. El senador nacional y candidato oficialista Guillermo Guastavino llegó a decir que "Uruguay está sometido a una multinacional que le marca el camino a seguir", mientras que nada dice del acuerdo Chevrón – YPF en Neuquén, en donde se se está avanzando con explotaciones gasíferas mediante una técnica comprobadamente contaminante como el Fracking. Esto cobra aún más relevancia al recordar que el presidente de YPF, Miguel Galuccio, es el principal ideólogo de ese acuerdo sobre el cual no se conoce la letra chica; un hombre que ocupa ese cargo promovido por el propio gobernador Sergio Urribarri. La inconsistencia de esa farsa evidencia el propósito electoralista detrás de las declaraciones de los funcionarios oficialistas en suelo entrerriano.
El conflicto desatado por la construcción de plantas de fabricación de celulosa sobre la costa oriental del río Uruguay, desnudó problemas y limitaciones en la estructura institucional en vigencia respecto de la administración de asuntos comunes en la región del río Uruguay.
A nuestro entender, este conflicto tiene su origen en la discrecionalidad de los gobiernos neoliberales de haber avanzado en los proyectos de las pasteras Ence y Botnia, (la primera frenada por la protesta social) sin la correspondiente consulta a nuestro país, y sobre todo, sin dar intervención a quienes viven sobre el río en cuestión, y que pueden ser los directos damnificados en el tema. Todo esto no hubiera sido posible con la existencia de un organismo participativo y descentralizado como ámbito decisorio determinante en este tema. En este sentido, nuestra propuesta apunta a avanzar en dos ejes claves: la incorporación de Brasil en la CARU y contemplar la participación de las comunidades de ambas márgenes del río.
Por eso es que insistimos en la modificación y fortalecimiento de la CARU, que debe transformarse en un ente trinacional democrático y transparente, e incorporar la institucionalización de la participación concreta de las comunidades de ambas márgenes del río, para coordinar políticas regionales, modelos de desarrollo y protección de los recursos compartidos, a través de un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Río Uruguay.
Estas propuestas fueron plasmadas en un proyecto que presenté en en 2008, en la Cámara de Diputados de la Nación y que fue representado en 2010 bajo el número de expediente 1162-D-2010; iniciativa que continúa sin ser tratada..
El río Uruguay, cuya cuenca abarca 365 mil kilómetros cuadrados, nace en las tierras brasileñas de la Serra Geral, en el límite entre los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina y recorre más de 1.260 kilómetros en territorio brasileño o compartido con la Argentina, hasta llegar al río Cuareim, a partir del cual hay algo más de 500 kilómetros que se encuentran entre los territorios de Uruguay y Argentina. Es decir que del recorrido total, estimado en unos 1.770 kilómetros, más de dos tercios corresponden a tramos que recorren sólo el territorio del Brasil, o que el vecino país comparte con la Argentina, y sólo 508 kilómetros sobre los cuales tiene jurisdicción la CARU.
Es notablemente incongruente que esa institución no incluya al país en cuyo territorio se desenvuelve el tramo mayor del río citado. Esta es una gran limitación que padece la estructura institucional cuya modificación interesamos con la presente iniciativa.
La preocupación por los efectos de la planta productora de pasta celulosa UPM sobre el medio ambiente de la región, surgida de la existencia de graves antecedentes y fundada en las dimensiones de los emprendimientos en construcción, es absolutamente legítima y debió merecer desde hace varios años la atención de todos los niveles gubernamentales.
La falta de respuestas a esa inquietud creó condiciones en las que se exacerbaron los ánimos llegando a poner en riesgo una relación que es más que hermandad, dado que históricamente argentinos y orientales hemos sido un mismo pueblo. La lógica perversa de no responder al reclamo ciudadano hasta tanto los damnificados no generen una situación de violencia o de ruptura del orden (en este caso los cortes de rutas internacionales) colocó, en su momento, a nuestros pueblos al borde de enfrentamientos irracionales e impensados.
A eso se le suma, en un mismo paquete, la esquizofrénica actitud de los gobiernos nacional y provincial de exacerbar la crispación social si eso implica un rédito político o, en el otro extremo, llevar a la justicia a manifestantes que se expresaban en defensa de los derechos ambientales.
Todo apunta a que el escenario descrito puede llegar a reavivarse; luego de los resultados desfavorables en las elecciones primarias el oportunismo político del oficialismo parece ser un coadyuvante ideal a tales fines. Mientras tanto, de este lado de la costa, la desregulación reina en torno a los controles de efluentes industriales y cloacales vertidos en los cursos de agua (el caso del río Gualeguay es paradigmático) y las soluciones concretas, que realmente podrían afrontar las causas del problema, brillan por su ausencia.
