Senado
Siembra en banquinas: Avanza el proyecto en comisión
El presidente de la comisión de Obras Públicas, Natalio Gerdau (FPV – Gualeguaychú), confirmó que el martes, a partir de las 10, avanzará en el debate de la ley que regula la siembra en banquinas. El proyecto, que también firma César Garcilazo, propone prohibir todo tipo de actividad productiva en zona de banquina de rutas provinciales, ya sea con fines agrícolas o ganaderos, ya que por razones de seguridad estos espacios deben permanecer libres de obstáculos.
18.11.2013 | 21:32
De todos modos, Gerdau comentó que el texto “tendrá una serie de cambios, en la idea de lograr su inmediata aplicación de la iniciativa una vez que sea convertido en ley”.
Cabe recordar que los legisladores habían recibido oportunamente a representantes de la Dirección Provincial de Vialidad, para obtener el punto de vista de la repartición sobre el tema, sobre todo teniendo en cuenta que hay una norma vigente que apunta usar la banquina para sembrar, previo convenio con la repartición.
Además, debe observarse que en las rutas nacionales está terminantemente prohibido el uso de la banquina para otro fin que no sea el natural a su función en orden a la seguridad vial. Incluso el organismo nacional ha realizado una importante colocación de carteles que así lo indican, en todo el país, ante la expansión de la frontera agrícola.
El proyecto en análisis, apunta a prohibir la utilización, con fines agrícolas y ganaderos, de las banquinas y cunetas de las rutas provinciales entrerrianas, respetando las superficies que por razones de seguridad deben permanecer libres de todo obstáculo para asegurar la correcta circulación en las vías. Además faculta a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a fiscalizar y hacer cumplir la norma.
En los fundamentos que acompañan el texto y que tomó estado parlamentario el último mes y se abordó hoy por primera vez en comisión, se indica que al transitar las rutas de nuestra provincia se observa como las banquinas de las mismas se encuentran sembradas.
Agrega que la mayoría de las veces se ha implantado soja y a veces se da la presencia de animales vacunos pastoreando, lo que genera un alto riesgo para la seguridad de quienes transitan la vía.
Añade a la argumentación que aparece también una posible afección a la salud humana ya que en esos espacios que son del Estado se procede a la fumigación. Otra de las situaciones que dieron impulso a la iniciativa es que se producen movimientos de tierra de impacto negativo en el alcantarillado colocado para lograr el escurrimiento del agua.
Gerdau y Garcilazo objetan que “todo esto se hace sin abonar ningún tipo de canon al Estado entrerriano”.
Cabe recordar que se encuentra vigente, desde el año 2004, la ley 9583, que autoriza a la DPV para que a través de las Zonales Departamentales, otorguen permisos precarios y onerosos para el aprovechamiento de las zonas marginales de las rutas y caminos de la Red Provincial, donde por sus características y dimensiones pudiera sembrarse pasturas, cereales y oleaginosas.
En otro de los artículos se establece que en caso de darse las contrataciones entre el Estado y particulares “los permisos deberán tener una duración no inferior a tres (3) años, serán renovables y no podrán ser cedidos, pudiendo los Organismos de Aplicación revocarlos total o parcialmente, en forma anticipada con expresión de causa y sin derecho de indemnización alguna por parte del permisionario, salvo el de concluir el ciclo del cultivo implantado con la recolección de frutos”.
Precisa además que en ningún caso “las explotaciones autorizadas podrán dificultar u obstaculizar de ninguna manera el tránsito vehicular por los caminos adyacentes, siendo nulas las cláusulas que no observen dicha preceptiva”, entre otras disposiciones.
Cabe recordar que los legisladores habían recibido oportunamente a representantes de la Dirección Provincial de Vialidad, para obtener el punto de vista de la repartición sobre el tema, sobre todo teniendo en cuenta que hay una norma vigente que apunta usar la banquina para sembrar, previo convenio con la repartición.
Además, debe observarse que en las rutas nacionales está terminantemente prohibido el uso de la banquina para otro fin que no sea el natural a su función en orden a la seguridad vial. Incluso el organismo nacional ha realizado una importante colocación de carteles que así lo indican, en todo el país, ante la expansión de la frontera agrícola.
El proyecto en análisis, apunta a prohibir la utilización, con fines agrícolas y ganaderos, de las banquinas y cunetas de las rutas provinciales entrerrianas, respetando las superficies que por razones de seguridad deben permanecer libres de todo obstáculo para asegurar la correcta circulación en las vías. Además faculta a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a fiscalizar y hacer cumplir la norma.
En los fundamentos que acompañan el texto y que tomó estado parlamentario el último mes y se abordó hoy por primera vez en comisión, se indica que al transitar las rutas de nuestra provincia se observa como las banquinas de las mismas se encuentran sembradas.
Agrega que la mayoría de las veces se ha implantado soja y a veces se da la presencia de animales vacunos pastoreando, lo que genera un alto riesgo para la seguridad de quienes transitan la vía.
Añade a la argumentación que aparece también una posible afección a la salud humana ya que en esos espacios que son del Estado se procede a la fumigación. Otra de las situaciones que dieron impulso a la iniciativa es que se producen movimientos de tierra de impacto negativo en el alcantarillado colocado para lograr el escurrimiento del agua.
Gerdau y Garcilazo objetan que “todo esto se hace sin abonar ningún tipo de canon al Estado entrerriano”.
Cabe recordar que se encuentra vigente, desde el año 2004, la ley 9583, que autoriza a la DPV para que a través de las Zonales Departamentales, otorguen permisos precarios y onerosos para el aprovechamiento de las zonas marginales de las rutas y caminos de la Red Provincial, donde por sus características y dimensiones pudiera sembrarse pasturas, cereales y oleaginosas.
En otro de los artículos se establece que en caso de darse las contrataciones entre el Estado y particulares “los permisos deberán tener una duración no inferior a tres (3) años, serán renovables y no podrán ser cedidos, pudiendo los Organismos de Aplicación revocarlos total o parcialmente, en forma anticipada con expresión de causa y sin derecho de indemnización alguna por parte del permisionario, salvo el de concluir el ciclo del cultivo implantado con la recolección de frutos”.
Precisa además que en ningún caso “las explotaciones autorizadas podrán dificultar u obstaculizar de ninguna manera el tránsito vehicular por los caminos adyacentes, siendo nulas las cláusulas que no observen dicha preceptiva”, entre otras disposiciones.
Fuente: Recintonet
