Extorsión policial
Guastavino pidió que la Justicia investigue los delitos que hayan cometido los Policías
El senador Pedro Guastavino (FPV) criticó el acuartelamiento policial, hecho al que consideró ilegal, y que por ello, solicitó, la Justicia deberá investigar los delitos cometidos. “La Argentina necesita pensar y crear una nueva policía.”
13.12.2013 | 14:44
Fue a través de una nota de opinión en la que Guastavino se refirió a los reclamos policiales que se realizaron bajo extorsión hacia el Gobernador, Sergio Urribarri. “Lo que vivimos en medio de lo que debió haber sido una verdadera fiesta fue el quiebre de un acuerdo primordial de convivencia, sin el cual la democracia se convierte en una entelequia”, sostuvo.
“Nuestro gobernador debió –al igual que los gobernadores de otras provincias argentinas- priorizar la seguridad de los ciudadanos y desactivar cuanto antes el conflicto. Repuesta la calma, nadie puede negar el sabor amargo que nos queda al constatar que la violencia le sigue ganando pulseadas al diálogo.”
Por otro lado, pidió que la Justicia actúe contra los uniformados que cometieron delitos, más allá del acuerdo político al que haya llegado Urribarri. (Redacción de Babel)
A continuación se reproduce textual el artículo de Guastavino:
Más tarde o más temprano tendremos que asumir, la sociedad, sus dirigentes y representantes, los debates pendientes de nuestra democracia y la cuestión policial es uno de ellos. Pasada la urgencia suscitada por la tensión de los acuartelamientos, los saqueos, los heridos y la lamentable muerte de ciudadanos en distintas ciudades del país, quedan muchas preguntas y al menos una certeza: la Argentina necesita pensar y crear una nueva policía.
Lo que vivimos en medio de lo que debió haber sido una verdadera fiesta fue el quiebre de un acuerdo primordial de convivencia, sin el cual la democracia se convierte en una entelequia. Nuestro gobernador debió –al igual que los gobernadores de otras provincias argentinas- priorizar la seguridad de los ciudadanos y desactivar cuanto antes el conflicto. Repuesta la calma, nadie puede negar el sabor amargo que nos queda al constatar que la violencia le sigue ganando pulseadas al diálogo.
Considero que nada justifica lo que sucedió y que –más allá de los acuerdos políticos- deberá la justicia investigar penalmente qué delitos se cometieron y juzgarlos oportunamente: acuartelarse con armas y divulgar que la policía deja una ciudad desprotegida no es una forma honrada –y mucho menos legal- de pedir mejores salarios: es una extorsión, es –cuanto menos- alentar la delincuencia. Es ir en contra de la ley que la misma policía tiene el deber de defender. La policía tiene la potestad de usar armas con el solo propósito de amparar un derecho constitucional: la seguridad de los ciudadanos y de los bienes.
La protesta volvió a instalar el debate respecto de la sindicalización de la fuerza y hay, sobre la mesa, diversas posturas y planteos. Personalmente, considero que –en las condiciones actuales- no se puede asimilar la situación laboral de un policía a la de cualquier otro trabajador. La policía actual se organiza verticalmente, se forma con un sesgo militarizado en escuelas especiales y tiene el monopolio del uso de la fuerza. No obstante, el policía es un trabajador –que enfrenta riesgos- y vive diariamente distintas situaciones laborales, sociales y asistenciales que el Estado debe atender, no sólo porque es un derecho, sino también para evitar y prevenir la connivencia con el delito.
La situación vivida puso en evidencia el problema de fondo, cual es el de qué policía queremos –y necesitamos- en esta Argentina del siglo XXI, en nuestras provincias, en nuestros municipios y la urgencia de poner en marcha una transformación de esta institución que la amigue con la democracia.
¿Cuál es el camino a seguir? En Entre Ríos, hace ya tres años es obligatorio el cursado de la Licenciatura en Seguridad Pública para los oficiales de la Policía de Entre Ríos –mediante un convenio con la UADER. Esto supone jerarquizar y profesionalizar a las personas que integran la fuerza; es un cambio significativo, inédito en el país, pero recién comienza.
Habrá que analizar la realidad de la policía de cada provincia, pero deberá ser esta una policía más horizontal y más profesional, capacitada, formada con los valores de la democracia, que reconozcan y defiendan los derechos humanos, orientada a la prevención y a la protección de la vida por sobre todas las cosas.
Sin dudas no será una tarea sencilla porque habrá que encararla sobre la marcha, porque habrá resistencias, porque cambiar genera incertidumbre. Pero si bien es cierto que en el conflicto de este diciembre participaron algunos y no todos los hombres y las mujeres que integran las policías del país, quedó claro que se trata de una fuerza con poder de poner en aprieto el logro que más valoramos los argentinos después de tres décadas de democracia: el de vivir en un país en paz, en libertad y sin violencia.
No podemos permitir que esto se repita. Hemos dicho ya muchas veces que nunca más
(*) Senador nacional por el Frente para la Victoria de Entre Ríos
“Nuestro gobernador debió –al igual que los gobernadores de otras provincias argentinas- priorizar la seguridad de los ciudadanos y desactivar cuanto antes el conflicto. Repuesta la calma, nadie puede negar el sabor amargo que nos queda al constatar que la violencia le sigue ganando pulseadas al diálogo.”
Por otro lado, pidió que la Justicia actúe contra los uniformados que cometieron delitos, más allá del acuerdo político al que haya llegado Urribarri. (Redacción de Babel)
A continuación se reproduce textual el artículo de Guastavino:
Más tarde o más temprano tendremos que asumir, la sociedad, sus dirigentes y representantes, los debates pendientes de nuestra democracia y la cuestión policial es uno de ellos. Pasada la urgencia suscitada por la tensión de los acuartelamientos, los saqueos, los heridos y la lamentable muerte de ciudadanos en distintas ciudades del país, quedan muchas preguntas y al menos una certeza: la Argentina necesita pensar y crear una nueva policía.
Lo que vivimos en medio de lo que debió haber sido una verdadera fiesta fue el quiebre de un acuerdo primordial de convivencia, sin el cual la democracia se convierte en una entelequia. Nuestro gobernador debió –al igual que los gobernadores de otras provincias argentinas- priorizar la seguridad de los ciudadanos y desactivar cuanto antes el conflicto. Repuesta la calma, nadie puede negar el sabor amargo que nos queda al constatar que la violencia le sigue ganando pulseadas al diálogo.
Considero que nada justifica lo que sucedió y que –más allá de los acuerdos políticos- deberá la justicia investigar penalmente qué delitos se cometieron y juzgarlos oportunamente: acuartelarse con armas y divulgar que la policía deja una ciudad desprotegida no es una forma honrada –y mucho menos legal- de pedir mejores salarios: es una extorsión, es –cuanto menos- alentar la delincuencia. Es ir en contra de la ley que la misma policía tiene el deber de defender. La policía tiene la potestad de usar armas con el solo propósito de amparar un derecho constitucional: la seguridad de los ciudadanos y de los bienes.
La protesta volvió a instalar el debate respecto de la sindicalización de la fuerza y hay, sobre la mesa, diversas posturas y planteos. Personalmente, considero que –en las condiciones actuales- no se puede asimilar la situación laboral de un policía a la de cualquier otro trabajador. La policía actual se organiza verticalmente, se forma con un sesgo militarizado en escuelas especiales y tiene el monopolio del uso de la fuerza. No obstante, el policía es un trabajador –que enfrenta riesgos- y vive diariamente distintas situaciones laborales, sociales y asistenciales que el Estado debe atender, no sólo porque es un derecho, sino también para evitar y prevenir la connivencia con el delito.
La situación vivida puso en evidencia el problema de fondo, cual es el de qué policía queremos –y necesitamos- en esta Argentina del siglo XXI, en nuestras provincias, en nuestros municipios y la urgencia de poner en marcha una transformación de esta institución que la amigue con la democracia.
¿Cuál es el camino a seguir? En Entre Ríos, hace ya tres años es obligatorio el cursado de la Licenciatura en Seguridad Pública para los oficiales de la Policía de Entre Ríos –mediante un convenio con la UADER. Esto supone jerarquizar y profesionalizar a las personas que integran la fuerza; es un cambio significativo, inédito en el país, pero recién comienza.
Habrá que analizar la realidad de la policía de cada provincia, pero deberá ser esta una policía más horizontal y más profesional, capacitada, formada con los valores de la democracia, que reconozcan y defiendan los derechos humanos, orientada a la prevención y a la protección de la vida por sobre todas las cosas.
Sin dudas no será una tarea sencilla porque habrá que encararla sobre la marcha, porque habrá resistencias, porque cambiar genera incertidumbre. Pero si bien es cierto que en el conflicto de este diciembre participaron algunos y no todos los hombres y las mujeres que integran las policías del país, quedó claro que se trata de una fuerza con poder de poner en aprieto el logro que más valoramos los argentinos después de tres décadas de democracia: el de vivir en un país en paz, en libertad y sin violencia.
No podemos permitir que esto se repita. Hemos dicho ya muchas veces que nunca más
(*) Senador nacional por el Frente para la Victoria de Entre Ríos
