Diputados y senadores

Los proyectos en los que deberán avanzar los legisladores en 2014

Cuando a mediados de febrero se inicie el período legislativo 135, los senadores y diputados deberán avanzar en varias leyes que quedaron pendientes del año pasado, además de impulsar las iniciativas que permitan culminar con la reglamentación de la Constitución de 2008.
07.02.2014 | 17:25
En esa línea, entre las propuestas que deberán trabajar los representantes en las Cámaras están la de la regulación de agroquímicos, la ley de fertilización asistida, el Amicus Curiae, la ley de comunas, la siembra en banquinas, la gestión de residuos sólidos urbanos, el Código Ambiental, así como la promesa de la reforma política, proyecto que aún el Ejecutivo no envió a la Legislatura, pero que será de vital importancia de cara a las próximas elecciones en 2015 y por la cual no pocos intendentes ya pidieron derogar la denominada “Ley Castrillón”.

En medio de marchas y la creciente preocupación de poblaciones rurales y pequeños productores sobre el avance y las consecuencias de la fumigación en la provincia por la ampliación de la barrera agropecuaria para cultivar soja, los senadores deberán avanzar en el proyecto de ley para regular el uso de agroquímicos. Luego de archivar el Senado un proyecto del ex diputado Jorge Kerz para modificar la actual ley de plaguicidas, Oscar Arlettaz (Colón) y Enrique Cresto (Concordia) impulsaron una iniciativa discutida sobre esta temática, pero reduciendo las distancias de protección para la fumigación, lo cual recibió críticas desde distintas ONGs. Mientras sigue en debate el proyecto, la Dirección de Agricultura de la provincia afirmó que realiza un relevamiento geográfico de las escuelas rurales entrerrianas, que quedará disponible para los responsables de fumigaciones, con el fin de evitar que esta práctica se realice cerca de espacios donde hay personas.

El año pasado una ley que tomó un repentino apoyo, luego de la sanción a nivel nacional, fue la de fertilización asistida. A pesar de los reclamos a nivel provincial de años para tener una ley propia, fue recién con la norma aprobada por el Congreso que los legisladores provinciales comenzaron a presentar iniciativas de adhesión. Sin embargo, tras el apoyo de Diputados, la Comisión de Salud del Senado, presidida por César Melchiori (FpV-Islas), frenó la propuesta, a la que busca ponerle límites, y recibió duros cuestionamientos por ONGs.

Otra iniciativa que lleva tres años de espera es el Código Ambiental, texto que tras un arduo debate y trabajo en comisión y con distintos sectores, recibió sanción unánime de Diputados en 2011, pero quedó estancado en el Senado, nuevamente en la comisión que preside César Melchiori. De acuerdo a los tiempos legislativos, el proyecto de ley está a punto de caer, de no ser tratado en este período. Al margen de esta ley, la provincia transfirió áreas vinculadas al tema ambiental a Turismo.

En febrero de 2013 el titular del monobloque en el Senado, Enrique Cresto, afirmó que la Cámara alta reglamentaría ese año la ley que promueve a Comunas las Juntas de Gobierno, una de las tantas deudas constitucionales que aún tienen los legisladores. En ese momento, había remarcado que estos gobiernos constituyen “el 30 por ciento del territorio de la provincia llegando a 200 actualmente”. En mayo, incluso, se conoció que el Ejecutivo entrerriano iba a promover un proyecto propio, luego de las diferencias con las iniciativas que estaban en la Legislatura, una de las cuales tiene media sanción en la Cámara baja. Sin embargo, el tema quedó en stand by y tampoco tuvo avances en comisión, mientras advirtieron que una de las razones sería el impacto presupuestario de nuevas asignaciones para estos gobiernos. Una de las consecuencias de la falta de la norma, es la imposibilidad de estas administraciones de contar con una coparticipación actualizada.

Quizá 2014 sea, finalmente, el año en que vean la luz la reglamentación de las orgánicas de la Fiscalía de Estado y de la Tesorería General. Empleados de ambas reparticiones reclamaron por distintos medios el año pasado por las leyes, pero no fueron escuchados este año. Tampoco sigue sin ser ley la iniciativa con media sanción de Diputados del Amicus Curiae, el tope a financieras, la colegiación de enfermeros y la reglamentación del Tribunal de Cuentas.

Otra iniciativa que quedó con media sanción de Diputados es la ley de bosques nativos. En efecto, el gobierno provincial envió un proyecto a la Cámara Alta, donde tuvo media sanción, y fue luego aprobado con modificaciones por Diputados, por lo que volvió en revisión a la Cámara Alta, con críticas de la diputada María Emma Barbgana (FAP-Paraná) por el sesgo “productivista sobre el recurso. Por eso deposita el destino del monte nativo directamente en el ministro de la Producción”, apuntó, y cuestionó que sea "tardía y contraria a la ley nacional".

En Diputados también se deberá analizar el texto con media sanción del Senado que regula la siembra en banquinas. Impulsado por el senador de Gualeguaychú, Natalio Gerdau, prohíbe la utilización, con fines agrícolas y ganaderos, de las zonas de caminos en rutas provinciales. En la Cámara baja deberán emitir opinión las comisiones de Legislación General y la de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente. El Senado, en tanto, deberá hacer lo propio con un proyecto de ley con media sanción que apunta a regular la gestión de residuos sólidos, con el fin de promover un adecuado y racional manejo de los desechos para preservar recursos naturales y la salud de la población.

Habeas Data, Jurado de Enjuiciamiento, también estánen espera. Tampoco están reglamentados los mecanismos de participación popular consagrados en los Artículos 49, 50, 51 y 52 de la Carta Magna. La operativización de los procedimientos constitucionales, el juicio político, y la equidad de género, y la ley de Ética Pública, engrosan la lista de deudas legislativas que deberían avanzar este año. Cabe recordar que, sin esta última iniciativa, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en Entre Ríos son secretas, y a pesar del encolumnamiento del gobierno entrerriano al nacional no surgió una iniciativa desde el Ejecutivo para reglamentar este mandato constitucional, mientras que en Nación sí son públicas, aunque con límites.

Finalmente, este año debería ya la Legislatura avanzar en la designación del Defensor del Pueblo, Bicameral ésta constituida hace más de un año y que jamás se reunió, sigue acéfala, y no ha avanzado en las ternas del proceso trunco anterior o en la selección de nuevas. Mientras tanto, nadie defiende los derechos de los entrerrianos.

Fuente: Recintonet

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