Diputados
Combate a la Trata de Personas: proponen regular los avisos laborales
El diputado justicialista Diego Lara presentó la semana pasada un proyecto de ley que tiende a dar mayor seguridad a las mujeres que buscan empleo y pueden ser engañadas por las redes de trata a través de la publicación engañosa de supuestos puestos de trabajo.
10.03.2014 | 12:19
Concretamente el proyecto establece regulaciones para la publicación de avisos destinados a la contratación de personas para servicios laborales a desempeñarse dentro o fuera de la provincia “por cualquiera de los medios de prensa editados y publicados en el territorio provincial ya sea medios gráficos y/o virtuales”.
Así se señala que los avisos que se publiquen “deberán contener el nombre del solicitante o razón social si se tratare de una persona jurídica e información de contacto (teléfono, correo electrónico)”.
Asimismo señala que las empresas y/o particulares que sean titulares de medios de comunicación deberán solicitar a quienes requieran la publicación: Razón social, empresarial o denominación de la sociedad de hecho; fotocopia de DNI del titular que hiciere la publicación; domicilio real del lugar de prestación laboral; fotocopia de una factura de un servicio a nombre de quien hiciese la publicación, todas con la certificación de validez correspondiente.
Esa documentación presentada a los medios de comunicación para la publicación del aviso, deberán ser conservados por un período mínimo de tiempo de dos años.
La autoridad de control y aplicación será la Dirección General de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, aplicándose las multas establecidas en el artículo 47 incisos a)b)d)e) y f) y en el artículo 49 y el procedimiento administrativo que fuera pertinente en los términos de la Ley Nacional 24.240/93 y Ley Provincial 8.973/95.-
Fundamentos
En la fundamentación de la norma, considera el legislador que diariamente se publican anuncios que solicitan personas para empleos fuera y dentro de la provincia y que esas publicaciones no cuentan, en la mayoría de los casos, con los datos de las empresas o futuros empleadores sino que en su mayoría remiten a correos electrónicos con nombres inidentificables o a los mismos medios que reciben las solicitudes de empleo a través de correspondencia derivada.
En los últimos tiempos, esa modalidad ha sido el punto de partida para que muchas personas, en su mayoría jóvenes mujeres, sean engañadas por falsos empleadores, con destinos que van desde la desaparición para ser objeto de trata hasta la muerte. Uno de los casos mediáticos más cercanos es el de la joven Araceli Ramos (19) quien fue asesinada luego de concurrir a una entrevista laboral.
Los avisos, de acuerdo a informes de ONG que trabajan en la recuperación de jóvenes objeto de abuso sexual y trata, son uno de los canales de captación más utilizados.
“No obstante que existen personas y empresas decentes que utilizan estos medios para obtener empleados, lo cierto es que en estos casos, como en otros, la prevención es fundamental para lograr reunir un mínimo de condiciones de seguridad para quien concurre a una entrevista laboral a partir de un anuncio”, señaló Lara.
En esta tarea - agregó- la función de los titulares de medios de prensa es primordial ya que son ellos los que resguardarían los datos de quienes solicitan la publicación durante el periodo de dos años a fin de asegurar que los mismos se encuentren disponibles al ser solicitados por la Justicia o los posibles damnificados.
Así se señala que los avisos que se publiquen “deberán contener el nombre del solicitante o razón social si se tratare de una persona jurídica e información de contacto (teléfono, correo electrónico)”.
Asimismo señala que las empresas y/o particulares que sean titulares de medios de comunicación deberán solicitar a quienes requieran la publicación: Razón social, empresarial o denominación de la sociedad de hecho; fotocopia de DNI del titular que hiciere la publicación; domicilio real del lugar de prestación laboral; fotocopia de una factura de un servicio a nombre de quien hiciese la publicación, todas con la certificación de validez correspondiente.
Esa documentación presentada a los medios de comunicación para la publicación del aviso, deberán ser conservados por un período mínimo de tiempo de dos años.
La autoridad de control y aplicación será la Dirección General de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, aplicándose las multas establecidas en el artículo 47 incisos a)b)d)e) y f) y en el artículo 49 y el procedimiento administrativo que fuera pertinente en los términos de la Ley Nacional 24.240/93 y Ley Provincial 8.973/95.-
Fundamentos
En la fundamentación de la norma, considera el legislador que diariamente se publican anuncios que solicitan personas para empleos fuera y dentro de la provincia y que esas publicaciones no cuentan, en la mayoría de los casos, con los datos de las empresas o futuros empleadores sino que en su mayoría remiten a correos electrónicos con nombres inidentificables o a los mismos medios que reciben las solicitudes de empleo a través de correspondencia derivada.
En los últimos tiempos, esa modalidad ha sido el punto de partida para que muchas personas, en su mayoría jóvenes mujeres, sean engañadas por falsos empleadores, con destinos que van desde la desaparición para ser objeto de trata hasta la muerte. Uno de los casos mediáticos más cercanos es el de la joven Araceli Ramos (19) quien fue asesinada luego de concurrir a una entrevista laboral.
Los avisos, de acuerdo a informes de ONG que trabajan en la recuperación de jóvenes objeto de abuso sexual y trata, son uno de los canales de captación más utilizados.
“No obstante que existen personas y empresas decentes que utilizan estos medios para obtener empleados, lo cierto es que en estos casos, como en otros, la prevención es fundamental para lograr reunir un mínimo de condiciones de seguridad para quien concurre a una entrevista laboral a partir de un anuncio”, señaló Lara.
En esta tarea - agregó- la función de los titulares de medios de prensa es primordial ya que son ellos los que resguardarían los datos de quienes solicitan la publicación durante el periodo de dos años a fin de asegurar que los mismos se encuentren disponibles al ser solicitados por la Justicia o los posibles damnificados.
Fuente: Prensa Lara
