Fin de idas y vueltas
Decretaron la quiebra de Grandes Máquinas
El juez en lo Civil y Comercial, Leonardo Portela, dictó la quiebra de la empresa Grandes Máquinas. La medida podría tener repercusión en la causa que investiga la defraudación de los empresarios y la responsabilidad de los funcionarios que no controlaron el destino de los créditos.
04.04.2014 | 08:31
Por Juan Cruz Varela
El cuento de hadas que hablaba de exportar cosechadoras entrerrianas al mundo quedó hecho trizas: un juez decretó la quiebra de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA y ahora la gran incógnita es saber qué pasará con los empresarios que cobraron millonarios subsidios del Estado entrerriano y con los funcionarios que intervinieron en el otorgamiento de los créditos y nada hicieron para controlar su destino.
El juez en lo Civil y Comercial Número 3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, dispuso la quiebra de la empresa el 14 de marzo pasado, en el concurso preventivo de acreedores que había solicitado por la propia empresa en octubre de 2012.
El magistrado dispuso también que el 30 de junio próximo el síndico deberá presentar un “informe general” en el que exprese las causas del desequilibrio económico de la empresa, un detalle del activo y pasivo, la situación de los socios respecto de la compañía y si son pasibles de una denuncia penal, entre otros puntos.
Asimismo, intimó “a todos aquellos que tengan bienes o documentos del deudor” a que presenten los documentos respaldatorios ante el síndico, Horacio Larrivey; mientras que los empresarios deberán también “entregar al funcionario dentro de las 24 horas toda la documentación referida a su situación patrimonial, disponiendo la prohibición de hacer pagos o entrega de bienes al fallido, los que se tendrán por ineficaces”, según consignó el fallo que se publicó ayer en el Boletín Oficial (ver adjunto).
Los números de la vergüenza
Si bien la empresa tiene una larga lista de acreedores, la deuda más importante la tiene con el Estado provincial, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), que le reclama 6.052.707 pesos, por subsidios que le otorgó entre 2009 y 2012 para montar la fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay, a lo que deberá sumar los intereses por no haber devuelto los créditos en tiempo y forma.
A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos; mientras que el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el galpón que utilizaba la empresa en la ciudad del su entrerriano.
Además, desde el 15 de diciembre de 2011, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay emitió 182 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, por un monto total de 4.218.632,05 pesos. De esos, se abonaron solo 72 cheques, por 1.491.056,86 pesos, es decir, el 35%. La diferencia da 2.727.575,19 pesos.
¿Y ahora?
Esta decisión del juez Portela debería tener una repercusión inmediata en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Paraná, tras la denuncia formulada por el abogado Guillermo Mulet por un posible fraude contra la administración pública, en virtud de los millonarios créditos que recibió la empresa.
Allí están imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl. La fiscal Sandra Terreno los acusó por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de dos a seis años de prisión. Sin embargo, la investigación no avanzó más allá de aquellas imputaciones y a casi un año de formulada la acusación la causa se encuentra estancada en la producción de medidas preliminares.
Tampoco hubo novedades respecto de la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de la Producción que debían efectuar los controles de ejecución del proyecto y de la correcta utilización de los subsidios que recibió la empresa por 5.574.000 pesos. Así, por el momento, descansan el ministro Roberto Schunk y los directores del Finver.
El juez en lo Civil y Comercial Número 3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, dispuso la quiebra de la empresa el 14 de marzo pasado, en el concurso preventivo de acreedores que había solicitado por la propia empresa en octubre de 2012.
El magistrado dispuso también que el 30 de junio próximo el síndico deberá presentar un “informe general” en el que exprese las causas del desequilibrio económico de la empresa, un detalle del activo y pasivo, la situación de los socios respecto de la compañía y si son pasibles de una denuncia penal, entre otros puntos.
Asimismo, intimó “a todos aquellos que tengan bienes o documentos del deudor” a que presenten los documentos respaldatorios ante el síndico, Horacio Larrivey; mientras que los empresarios deberán también “entregar al funcionario dentro de las 24 horas toda la documentación referida a su situación patrimonial, disponiendo la prohibición de hacer pagos o entrega de bienes al fallido, los que se tendrán por ineficaces”, según consignó el fallo que se publicó ayer en el Boletín Oficial (ver adjunto).
Los números de la vergüenza
Si bien la empresa tiene una larga lista de acreedores, la deuda más importante la tiene con el Estado provincial, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), que le reclama 6.052.707 pesos, por subsidios que le otorgó entre 2009 y 2012 para montar la fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay, a lo que deberá sumar los intereses por no haber devuelto los créditos en tiempo y forma.
A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos; mientras que el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el galpón que utilizaba la empresa en la ciudad del su entrerriano.
Además, desde el 15 de diciembre de 2011, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay emitió 182 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, por un monto total de 4.218.632,05 pesos. De esos, se abonaron solo 72 cheques, por 1.491.056,86 pesos, es decir, el 35%. La diferencia da 2.727.575,19 pesos.
¿Y ahora?
Esta decisión del juez Portela debería tener una repercusión inmediata en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Paraná, tras la denuncia formulada por el abogado Guillermo Mulet por un posible fraude contra la administración pública, en virtud de los millonarios créditos que recibió la empresa.
Allí están imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl. La fiscal Sandra Terreno los acusó por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de dos a seis años de prisión. Sin embargo, la investigación no avanzó más allá de aquellas imputaciones y a casi un año de formulada la acusación la causa se encuentra estancada en la producción de medidas preliminares.
Tampoco hubo novedades respecto de la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de la Producción que debían efectuar los controles de ejecución del proyecto y de la correcta utilización de los subsidios que recibió la empresa por 5.574.000 pesos. Así, por el momento, descansan el ministro Roberto Schunk y los directores del Finver.
Fuente: Página Judicial
