Denuncia del mismo organismo
Fraude contra ATER: comenzaron a aparecer los nombres de las empresas involucradas
El fraude contra la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puede tener mayores derivaciones, tras la presentación escrita que se hizo ante la jueza de Instrucción, Marina Barbagelata.
11.06.2014 | 09:06
Hay dos empleados infieles denunciados, pero podría haber otros vinculados a estos, tanto en Paraná como en el resto del territorio entrerriano. De hecho, ayer renunció un ex director de Interior de ATER, relacionado históricamente a un ex legislador justicialista del departamento San Salvador, que tuviera un rol activo en la desaparecida Dirección General de Rentas (DGR), entre el 2003 y el 2011 y actualmente cumplía funciones de menor rango en la estructura oficial. Sucede que sorprendió que en San Salvador aparecieran un total de 13 empresas vinculadas al fraude millonario, las que desviaron 2.605.970 pesos. San Salvador es la segunda ciudad que más firmas quedaron involucradas, después de Paraná, donde aparecen 21 empresas, por 4.048.708 de pesos.
Este martes, los asesores legales de ATER tendrán que concurrir al despacho de la jueza Barbagelata para entregar la documentación faltante, con el detalle de las 65 firmas que formaron parte del plan de desvío de dinero, entre el 1 de enero de 2012 -es decir, desde que se constituyó el nuevo organismo recaudador-, por lo cual no ingresaron a las arcas públicas un total de 17.088.251 de pesos, según publicó Análisis Digital.
No obstante, se entiende que el fraude podría duplicarse o triplicarse si la magistrada pide que se investiguen los últimos cinco o diez años. “Nadie duda que el ardid se viene cometiendo desde hace muchos años”, se indicó en ámbitos judiciales, donde se estudian una batería de medidas para los próximos días y así profundizar la pesquisa, que apenas está en pañales, pero se estima es más grave que lo pensado o conocido hasta ahora.
Funcionario involucrado
El primer funcionario en ser eyectado, a raíz del affaire ATER fue el tesorero General de la provincia, Gustavo Gioria, quien asumiera en el cargo, tras acuerdo del Senado, en el 2009. No fue como consignaron varios medios, en el sentido de que Gioria tuvo que dar el paso al costado por no haber controlado en detalle el movimiento de expedientes de firmas, a las que se les hacía la compensación, sino por su rol en forma privada. De hecho, el fraude se detecta a partir de que se determina que una empresa de insumos agropecuarios, con sede en Victoria, debía dinero por impuestos, por casi un millón de pesos. Cuando se la intima, la respuesta de la firma fue inmediata: “Nosotros no debemos nada, estamos en cero pesos y acordamos todo con nuestro contador, que fue quien nos llevó adelante el expediente”. Sucede que el contador de la empresa es el tesorero Gioria, quien el viernes pasado tuvo que dar el paso al costado.
Gustavo Alejandro Gioria era contador del ex secretario de Energía, Raúl Rico, como así de otro ex funcionario, como Oscar Horacio Mori, a principios de la década del '90. Fue incluso síndico titular de Emprendimientos Sociedad Anónima, fundada por Mori y Héctor Krochik -entre otros socios- el 6 de noviembre de 1992. Vale recordar que Mori fue director de la DGR entre fines de 1990 y diciembre de 1991, cuando finalizó la primera gestión bustista.
El listado de las firmas denunciadas -la mayoría de ellas consideradas de importante movimiento económico anual- comprende, además de las ya mencionadas, a:
--Departamento Colón: 12 empresas, por 2.745.027 de pesos.
--Concordia, 8 firmas, por 1.657.661 pesos.
--Federal: 1 empresa, por 25.137 pesos.
--Federación: 1 empresa por 1.008.378 pesos.
--Uruguay: 3 empresas, por 499.987 pesos.
--Además hay cinco empresas con sede en Buenos Aires, por un fraude de 2.228.623,66 pesos.
Los empleados involucrados, por el momento, son dos: uno de ellos tiene 30 años de servicio. La otra es una empleada, actual jefa de Despacho de ATER, con 40 años de experiencia. Ambos se encuentran de licencia desde el viernes, ya que, ante el estado público que tomó la denuncia, optaron por acogerse a los períodos vacacionales adeudados por el organismo que conduce Marcelo Casaretto. La mujer aparece también vinculada a un conocido ex funcionario de la DGR, que alguna vez apareció rozado por otras irregularidades administrativas.
Informe de Casaretto sobre la denuncia
Representantes de la Legislatura, el Ministerio de Economía y del Tribunal de Cuentas de la provincia, fueron convocados a participar de la reunión del Consejo Asesor de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). En la reunión se dio a conocer un informe de los hechos que motivaron la presentación ante la Justicia, derivados de la probabilidad de comisión de delitos en perjuicio del Estado entrerriano. Por ese motivo, Casaretto explicó a los miembros del consejo, los pasos administrativos llevados a cabo a partir de irregularidades detectadas por la propia ATER, en la operatoria de compensaciones tributarias.
Asimismo, el titular de la Ater presentó la información generada por la propia administradora donde se determina el perjuicio hacia el fisco, la acción de investigación interna requerida por el director ejecutivo y la posterior presentación ante la Fiscalía a cargo de la doctor Laura Cattaneo, que determinó la causa: “Casaretto Marcelo Pablo, su denuncia”, que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 a cargo de la jueza Marina Barbagelata.
Como conclusión del encuentro se coincidió en “la continuidad de las acciones judiciales poniendo a disposición todos los elementos que requiera la justicia, la necesidad del esclarecimiento de las responsabilidades del personal de la administradora y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y controles internos en pos de un sistema tributario seguro y confiable. También la ratificación de las acciones administrativas que permitan la recuperación de los créditos apropiados por contribuyentes que utilizaron este mecanismo fraudulento”, señalaron en un comunicado.
Participaron los diputados Rosario Romero, Juan Reynaldo Navarro y Martín Uranga, en representación de la cámara baja; por el Senado concurrieron los senadores Enrique Cresto, Oscar Arlettaz y Hugo Willem; en representación del Ministerio de Economía, el secretario de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes; por parte del Tribunal de Cuentas los contadores Eduardo Rudi y Hugo Jensen, quienes fueron recibidos por el director ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto, junto al resto de directores del organismo; Damián Zof, César del Castillo, Carlos Federico Borrás, Manuel Valiero y Germán Gietz.
Este martes, los asesores legales de ATER tendrán que concurrir al despacho de la jueza Barbagelata para entregar la documentación faltante, con el detalle de las 65 firmas que formaron parte del plan de desvío de dinero, entre el 1 de enero de 2012 -es decir, desde que se constituyó el nuevo organismo recaudador-, por lo cual no ingresaron a las arcas públicas un total de 17.088.251 de pesos, según publicó Análisis Digital.
No obstante, se entiende que el fraude podría duplicarse o triplicarse si la magistrada pide que se investiguen los últimos cinco o diez años. “Nadie duda que el ardid se viene cometiendo desde hace muchos años”, se indicó en ámbitos judiciales, donde se estudian una batería de medidas para los próximos días y así profundizar la pesquisa, que apenas está en pañales, pero se estima es más grave que lo pensado o conocido hasta ahora.
Funcionario involucrado
El primer funcionario en ser eyectado, a raíz del affaire ATER fue el tesorero General de la provincia, Gustavo Gioria, quien asumiera en el cargo, tras acuerdo del Senado, en el 2009. No fue como consignaron varios medios, en el sentido de que Gioria tuvo que dar el paso al costado por no haber controlado en detalle el movimiento de expedientes de firmas, a las que se les hacía la compensación, sino por su rol en forma privada. De hecho, el fraude se detecta a partir de que se determina que una empresa de insumos agropecuarios, con sede en Victoria, debía dinero por impuestos, por casi un millón de pesos. Cuando se la intima, la respuesta de la firma fue inmediata: “Nosotros no debemos nada, estamos en cero pesos y acordamos todo con nuestro contador, que fue quien nos llevó adelante el expediente”. Sucede que el contador de la empresa es el tesorero Gioria, quien el viernes pasado tuvo que dar el paso al costado.
Gustavo Alejandro Gioria era contador del ex secretario de Energía, Raúl Rico, como así de otro ex funcionario, como Oscar Horacio Mori, a principios de la década del '90. Fue incluso síndico titular de Emprendimientos Sociedad Anónima, fundada por Mori y Héctor Krochik -entre otros socios- el 6 de noviembre de 1992. Vale recordar que Mori fue director de la DGR entre fines de 1990 y diciembre de 1991, cuando finalizó la primera gestión bustista.
El listado de las firmas denunciadas -la mayoría de ellas consideradas de importante movimiento económico anual- comprende, además de las ya mencionadas, a:
--Departamento Colón: 12 empresas, por 2.745.027 de pesos.
--Concordia, 8 firmas, por 1.657.661 pesos.
--Federal: 1 empresa, por 25.137 pesos.
--Federación: 1 empresa por 1.008.378 pesos.
--Uruguay: 3 empresas, por 499.987 pesos.
--Además hay cinco empresas con sede en Buenos Aires, por un fraude de 2.228.623,66 pesos.
Los empleados involucrados, por el momento, son dos: uno de ellos tiene 30 años de servicio. La otra es una empleada, actual jefa de Despacho de ATER, con 40 años de experiencia. Ambos se encuentran de licencia desde el viernes, ya que, ante el estado público que tomó la denuncia, optaron por acogerse a los períodos vacacionales adeudados por el organismo que conduce Marcelo Casaretto. La mujer aparece también vinculada a un conocido ex funcionario de la DGR, que alguna vez apareció rozado por otras irregularidades administrativas.
Informe de Casaretto sobre la denuncia
Representantes de la Legislatura, el Ministerio de Economía y del Tribunal de Cuentas de la provincia, fueron convocados a participar de la reunión del Consejo Asesor de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). En la reunión se dio a conocer un informe de los hechos que motivaron la presentación ante la Justicia, derivados de la probabilidad de comisión de delitos en perjuicio del Estado entrerriano. Por ese motivo, Casaretto explicó a los miembros del consejo, los pasos administrativos llevados a cabo a partir de irregularidades detectadas por la propia ATER, en la operatoria de compensaciones tributarias.
Asimismo, el titular de la Ater presentó la información generada por la propia administradora donde se determina el perjuicio hacia el fisco, la acción de investigación interna requerida por el director ejecutivo y la posterior presentación ante la Fiscalía a cargo de la doctor Laura Cattaneo, que determinó la causa: “Casaretto Marcelo Pablo, su denuncia”, que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 a cargo de la jueza Marina Barbagelata.
Como conclusión del encuentro se coincidió en “la continuidad de las acciones judiciales poniendo a disposición todos los elementos que requiera la justicia, la necesidad del esclarecimiento de las responsabilidades del personal de la administradora y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y controles internos en pos de un sistema tributario seguro y confiable. También la ratificación de las acciones administrativas que permitan la recuperación de los créditos apropiados por contribuyentes que utilizaron este mecanismo fraudulento”, señalaron en un comunicado.
Participaron los diputados Rosario Romero, Juan Reynaldo Navarro y Martín Uranga, en representación de la cámara baja; por el Senado concurrieron los senadores Enrique Cresto, Oscar Arlettaz y Hugo Willem; en representación del Ministerio de Economía, el secretario de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes; por parte del Tribunal de Cuentas los contadores Eduardo Rudi y Hugo Jensen, quienes fueron recibidos por el director ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto, junto al resto de directores del organismo; Damián Zof, César del Castillo, Carlos Federico Borrás, Manuel Valiero y Germán Gietz.
Fuente: Informe Digital
