Fraude contra ATER: se investigaría hacia atrás hasta el año 2006
El Ministerio Público Fiscal trabaja sobre la prueba contable e informática por el fraude cometido en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
18.06.2014 | 10:44
Tras este proceso se retomarán las declaraciones y se definirán las acusaciones. La causa, que quedó momentáneamente a cargo del fiscal Gervasio Labriola, auxiliar de la fiscal Laura Cattaneo, se inició a partir de la denuncia que presentó el titular de la ATER, Marcelo Casaretto, por estafa a la administración pública con la supuesta participación de empresas privadas.
La prescripción se contabiliza seis años para atrás, o sea en 2006, si se toma como referencia la denuncia de Casaretto que pone como fecha de partida el 1 de enero de 2012. “Por ahí hay funcionarios que siguen en funciones y habría que ver si hay suspensión de prescripción o alguna cosa así. Siempre investigando lo mismo, el fraude a la administración pública y la coautoría de parte de las empresas. Son fraudes a la administración pública y las personas, ya sean como coautoras o participes necesarias, van a venir inmediatamente a ser acusadas”, completó el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García.
“Se trabaja en el ámbito de criminalística para verificar cómo se establecía el fraude. La maniobra es bastante fácil: se aparentaban compensaciones con créditos fiscales y en realidad se hacían aparecer deudas inexistentes o menores. Es una maniobra a través del sistema informático. Queremos verificar cómo se hacía y quiénes podían estar involucrados”, explicó.
Explicó que, al tratarse de una oficina pública y al hacer la denuncia el propio titular del organismo no es necesario hacer allanamientos, tras lo cual relativizó la posibilidad de que se borren pruebas.
“Estas actividades tienen que ser regladas en cuanto al funcionamiento contable, borrar eso es muy difícil, siempre deja huella. Las operaciones que reflejan la cancelación o la disminución de la deuda están registradas”, aseguró el procurador y agregó que el accionar en la investigación se va decidiendo sobre la marcha, a medida que se va viendo “la cuestión contable e informática.
Dijo que tras este proceso, “veremos qué clase de declaraciones tomamos, cuáles son los acusados y cómo se amplía el requerimiento fiscal de acusación respecto a todo. No hay ninguna definición”, afirmó.
El procurador precisó que se procede con dos clases de investigación dentro de la misma causa. Una a partir de lo denunciado por el Gobierno, a través de Casaretto, y otra para ampliar la investigación hacia atrás, hasta tanto lo permita la prescripción de la acción.
La prescripción se contabiliza seis años para atrás, o sea en 2006, si se toma como referencia la denuncia de Casaretto que pone como fecha de partida el 1 de enero de 2012. “Por ahí hay funcionarios que siguen en funciones y habría que ver si hay suspensión de prescripción o alguna cosa así. Siempre investigando lo mismo, el fraude a la administración pública y la coautoría de parte de las empresas. Son fraudes a la administración pública y las personas, ya sean como coautoras o participes necesarias, van a venir inmediatamente a ser acusadas”, completó el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García.
“Se trabaja en el ámbito de criminalística para verificar cómo se establecía el fraude. La maniobra es bastante fácil: se aparentaban compensaciones con créditos fiscales y en realidad se hacían aparecer deudas inexistentes o menores. Es una maniobra a través del sistema informático. Queremos verificar cómo se hacía y quiénes podían estar involucrados”, explicó.
Explicó que, al tratarse de una oficina pública y al hacer la denuncia el propio titular del organismo no es necesario hacer allanamientos, tras lo cual relativizó la posibilidad de que se borren pruebas.
“Estas actividades tienen que ser regladas en cuanto al funcionamiento contable, borrar eso es muy difícil, siempre deja huella. Las operaciones que reflejan la cancelación o la disminución de la deuda están registradas”, aseguró el procurador y agregó que el accionar en la investigación se va decidiendo sobre la marcha, a medida que se va viendo “la cuestión contable e informática.
Dijo que tras este proceso, “veremos qué clase de declaraciones tomamos, cuáles son los acusados y cómo se amplía el requerimiento fiscal de acusación respecto a todo. No hay ninguna definición”, afirmó.
El procurador precisó que se procede con dos clases de investigación dentro de la misma causa. Una a partir de lo denunciado por el Gobierno, a través de Casaretto, y otra para ampliar la investigación hacia atrás, hasta tanto lo permita la prescripción de la acción.
Fuente: APF
