Por Enrique Cresto
Ley de Abastecimiento
La reforma constitucional de 1949, promovida por Juan Domingo Perón, establecía que “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”.
23.09.2014 | 15:39
Ver en la economía una herramienta para el bien común es una de las premisas de este proyecto nacional y popular, y con este propósito se toman diferentes medidas que – como es de esperarse – son criticadas por los grupos concentrados del poder económico y sus aliados y socios en los medios opositores. Por este motivo es importante profundizar el dialogo, la argumentación y la difusión de los principios y objetivos de estas medidas, entre las que se destaca en estos días la aprobación de la denominada Ley de Abastecimiento.
¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la “Ley de Abastecimiento”?
En realidad nos estamos refiriendo a un paquete de leyes que envió el Gobierno Nacional al Congreso, para defender a los eslabones más débiles de la cadena de comercialización, que son justamente los consumidores y las pequeñas empresas.
Las pequeñas empresas, por verse muchas veces sometidas a vender su producción a un precio que no les permite cubrir ni siquiera sus costos, sometidos a compradores monopólicos, que los exprimen en cuanto a precios, condiciones de pago y plazos. Y los consumidores, que son el eslabón final de la cadena, por estar obligados a pagar precios artificialmente elevados, o a sufrir la escasez de productos que en realidad están acopiados en depósitos por motivos especulativos.
¿Qué es lo que se aprobó en el Congreso?
Se aprobaron tres leyes: una, la más debatida, que reforma la vieja “Ley de Abastecimiento”, mejorando la herramientas de monitoreo y control del estado, y actualizando las sanciones que estaban totalmente desactualizadas. Pero hay otras dos, no menos importantes, y que los opositores omiten señalar.
Una de ellas, crea el “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios”, qué es un organismo técnico para monitorear los precios y la disponibilidad de bienes y servicios en todo el país. La otra crea el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo” que funcionará para que los consumidores tengan un mecanismo ágil para la resolución de sus conflictos, sin caer en engorrosas trampas burocráticas, o en juicios que los obligan a gastar dinero en abogados, sellados, etc., y en definitiva terminan desestimulando que los consumidores se quejen y puedan hacer valer sus derechos.
¿Estas leyes persiguen a los empresarios?
Para nada. Por un lado, se excluyen del ámbito de control a las PyMES. Por lo tanto solo será aplicable a las grandes empresas, que tengan posiciones dominantes en sus mercados.
Pero por otro lado, y es lo que la oposición omite decir, es que la ley no permite actuar en cualquier circunstancia. Solo se aplicarán controles y/o sanciones cuando se detecten elevación artificial o injustificada de precios, cuando se acapararen materias primas o productos para especular o hacer subir los precios, cuando se inventen intermediarios para inflar precios o someter a las PyMES, o cuando no se entreguen facturas y se evadan impuestos. Por lo tanto, se tipifican claramente situaciones de aplicación, que claramente se refieren a comportamientos abusivos, que no podemos permitir en defensa de los más débiles.
Sintonía fina
Así como la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindica las banderas históricas del peronismo en la Argentina, aquí en Entre Ríos el gobierno del compañero Sergio Urribarri mantiene los mismos postulados de igualdad, inclusión y justicia, agregándoles su impronta de gestión dinámica y transformadora; y siempre favoreciendo al más pequeño frente a los grandes grupos económicos.
En lo que a producción local se refiere, un buen ejemplo de la constante preocupación por proteger a los eslabones más frágiles de la cadena productiva lo da el programa Cambio Rural II, que se promueve desde el INTA. En Concordia, días pasados recibimos - en una Jornada de Desarrollo Local organizada por nuestros equipos técnicos - la visita del Presidente del INTA, Francisco Anglesio, quien presentó este programa en Entre Ríos; en una clara demostración de direccionamiento de las políticas públicas y articulación con el Gobierno Provincial, teniendo en cuenta que Cambio Rural es una iniciativa orientada a promover la unión y el asociativismo entre los agricultores familiares y pequeños productores, para ponerlos en igualdad de condiciones en el mercado, protegidos de los especuladores y las presiones monopólicas.
El Gral. Perón sostenía que "la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social". En este sentido, no hay dudas que estas medidas son herramientas para proteger al consumidor y fortalecer la economía, en el marco de un proceso de transformación que le devolvió la esperanza a millones de argentinos y hoy avanza en la construcción de un país socialmente justo, económicamente independiente y políticamente soberano.
* Cresto es senador provincial y titular de la bancada del FJpV.
¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la “Ley de Abastecimiento”?
En realidad nos estamos refiriendo a un paquete de leyes que envió el Gobierno Nacional al Congreso, para defender a los eslabones más débiles de la cadena de comercialización, que son justamente los consumidores y las pequeñas empresas.
Las pequeñas empresas, por verse muchas veces sometidas a vender su producción a un precio que no les permite cubrir ni siquiera sus costos, sometidos a compradores monopólicos, que los exprimen en cuanto a precios, condiciones de pago y plazos. Y los consumidores, que son el eslabón final de la cadena, por estar obligados a pagar precios artificialmente elevados, o a sufrir la escasez de productos que en realidad están acopiados en depósitos por motivos especulativos.
¿Qué es lo que se aprobó en el Congreso?
Se aprobaron tres leyes: una, la más debatida, que reforma la vieja “Ley de Abastecimiento”, mejorando la herramientas de monitoreo y control del estado, y actualizando las sanciones que estaban totalmente desactualizadas. Pero hay otras dos, no menos importantes, y que los opositores omiten señalar.
Una de ellas, crea el “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios”, qué es un organismo técnico para monitorear los precios y la disponibilidad de bienes y servicios en todo el país. La otra crea el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo” que funcionará para que los consumidores tengan un mecanismo ágil para la resolución de sus conflictos, sin caer en engorrosas trampas burocráticas, o en juicios que los obligan a gastar dinero en abogados, sellados, etc., y en definitiva terminan desestimulando que los consumidores se quejen y puedan hacer valer sus derechos.
¿Estas leyes persiguen a los empresarios?
Para nada. Por un lado, se excluyen del ámbito de control a las PyMES. Por lo tanto solo será aplicable a las grandes empresas, que tengan posiciones dominantes en sus mercados.
Pero por otro lado, y es lo que la oposición omite decir, es que la ley no permite actuar en cualquier circunstancia. Solo se aplicarán controles y/o sanciones cuando se detecten elevación artificial o injustificada de precios, cuando se acapararen materias primas o productos para especular o hacer subir los precios, cuando se inventen intermediarios para inflar precios o someter a las PyMES, o cuando no se entreguen facturas y se evadan impuestos. Por lo tanto, se tipifican claramente situaciones de aplicación, que claramente se refieren a comportamientos abusivos, que no podemos permitir en defensa de los más débiles.
Sintonía fina
Así como la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindica las banderas históricas del peronismo en la Argentina, aquí en Entre Ríos el gobierno del compañero Sergio Urribarri mantiene los mismos postulados de igualdad, inclusión y justicia, agregándoles su impronta de gestión dinámica y transformadora; y siempre favoreciendo al más pequeño frente a los grandes grupos económicos.
En lo que a producción local se refiere, un buen ejemplo de la constante preocupación por proteger a los eslabones más frágiles de la cadena productiva lo da el programa Cambio Rural II, que se promueve desde el INTA. En Concordia, días pasados recibimos - en una Jornada de Desarrollo Local organizada por nuestros equipos técnicos - la visita del Presidente del INTA, Francisco Anglesio, quien presentó este programa en Entre Ríos; en una clara demostración de direccionamiento de las políticas públicas y articulación con el Gobierno Provincial, teniendo en cuenta que Cambio Rural es una iniciativa orientada a promover la unión y el asociativismo entre los agricultores familiares y pequeños productores, para ponerlos en igualdad de condiciones en el mercado, protegidos de los especuladores y las presiones monopólicas.
El Gral. Perón sostenía que "la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social". En este sentido, no hay dudas que estas medidas son herramientas para proteger al consumidor y fortalecer la economía, en el marco de un proceso de transformación que le devolvió la esperanza a millones de argentinos y hoy avanza en la construcción de un país socialmente justo, económicamente independiente y políticamente soberano.
* Cresto es senador provincial y titular de la bancada del FJpV.
