Informe, por Beatriz Sardo
¿Cómo se sanciona una ley? Clase breve para los sectores opositores
En el marco de la discusión que se da en el Senado respecto a la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial, la dirigencia opositora rechazó su tratamiento aduciendo una supuesta ilegalidad. No obstante, la Constitución y la ley, referida a la sanción de normas, avalan el proceso. Lea
01.10.2014 | 08:35
La diputada del FAP Elisa “Lilita” Carrió, opositora acérrima al gobierno de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, llegó a presentarse ante la justicia para pedirle que prohíba al parlamento argentino funcionar como tal, o sea que sus legisladores se reúnan para discutir y, finalmente, aprobar o rechazar un proyecto de ley. La justicia, obviamente, rechazó el planteo anti democrático.
Lea: Elisa Carrió presenta un amparo para frenar el debate del nuevo Código Civil
Por otro lado, la cúpula opositora argumenta que como el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial ingresó a la Cámara de Diputados, tras ser aprobado en el senado, en noviembre del 2013, y que en diciembre hubo un recambio de legisladores, todo el proyecto debería discutirse nuevamente en sus respectivas comisiones con los nuevos integrantes.
En otras palabras, para tales sectores, cada vez que hubiese un recambio legislativo todos los proyectos de ley deberían caducar y el proceso debería comenzar de cero nuevamente. la caducación debería ser cada dos años, según se desprende del planteo, porque cada dos años hay recambio de diputados y senadores.
No solamente la racionalidad democrática avala la postura del oficialismo, el que decidió seguir adelante con la sanción o el rechazo del proyecto. En este sentido, por ejemplo, la Constitución Nacional, en su articulado referido a la sanción de las leyes, que van desde el 77 hasta el 84, en ningún punto establece caducidades de proyectos de leyes, ni tiempos para tratarlos.
Lea la Constitución
Los tiempos, puntualmente, se encuentran regulados por la ley nacional 23.821. Al respecto, dispone que todo proyecto, una vez ingresado a alguna de las cámaras (diputado o senado) tendrá para su debate parlamentario dos años.
Incluso, la norma agrega un tercer año cuando en el transcurso del tiempo señalado alguna de las cámaras diera media sanción.
Vea la ley 23.821
Para el caso concreto de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, cabe recordar los pasos dados. La cronología da cuenta que el proyecto ingresó al Senado el 9 de junio del 2012, desde entonces según la legislación señalada tendría dos años para ser tratado en el recinto, o sea hasta diciembre del 2014.
Sin embargo, el proyecto fue aprobado por la cámara alta en noviembre del 2013 y, consecuentemente, pasó a diputados. Entonces, desde finales del año pasado, los diputados tendrían dos años para tratar la iniciativa, o sea hasta diciembre del 2015. No obstante, al haberse aprobado en el senado el proyecto obtuvo un año más para su discusión, o sea hasta diciembre del 2016.
Este miércoles 1 de octubre la cámara baja argentina tratará en el recinto la iniciativa que apunta a unificar las leyes de fondo en materia civil y comercial.
La norma podrá ser aprobada o no por los legisladores, esa será otra discusión en la que deberán participar los partidos políticos a través de sus representantes y deberán medir las fuerzas democráticas conseguidas a través de los votos obtenidos.
Lo que no puede hacerse es continuar con la falacia de que el tratamiento de la norma es ilegal, ya que, por lo menos, el ordenamiento legal argentino, lo avala. Beatríz Sardo, columnista
--- REDACCIÓN DE BABEL ---
Lea: Elisa Carrió presenta un amparo para frenar el debate del nuevo Código Civil
Por otro lado, la cúpula opositora argumenta que como el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial ingresó a la Cámara de Diputados, tras ser aprobado en el senado, en noviembre del 2013, y que en diciembre hubo un recambio de legisladores, todo el proyecto debería discutirse nuevamente en sus respectivas comisiones con los nuevos integrantes.
En otras palabras, para tales sectores, cada vez que hubiese un recambio legislativo todos los proyectos de ley deberían caducar y el proceso debería comenzar de cero nuevamente. la caducación debería ser cada dos años, según se desprende del planteo, porque cada dos años hay recambio de diputados y senadores.
No solamente la racionalidad democrática avala la postura del oficialismo, el que decidió seguir adelante con la sanción o el rechazo del proyecto. En este sentido, por ejemplo, la Constitución Nacional, en su articulado referido a la sanción de las leyes, que van desde el 77 hasta el 84, en ningún punto establece caducidades de proyectos de leyes, ni tiempos para tratarlos.
Lea la Constitución
Los tiempos, puntualmente, se encuentran regulados por la ley nacional 23.821. Al respecto, dispone que todo proyecto, una vez ingresado a alguna de las cámaras (diputado o senado) tendrá para su debate parlamentario dos años.
Incluso, la norma agrega un tercer año cuando en el transcurso del tiempo señalado alguna de las cámaras diera media sanción.
Vea la ley 23.821
Para el caso concreto de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, cabe recordar los pasos dados. La cronología da cuenta que el proyecto ingresó al Senado el 9 de junio del 2012, desde entonces según la legislación señalada tendría dos años para ser tratado en el recinto, o sea hasta diciembre del 2014.
Sin embargo, el proyecto fue aprobado por la cámara alta en noviembre del 2013 y, consecuentemente, pasó a diputados. Entonces, desde finales del año pasado, los diputados tendrían dos años para tratar la iniciativa, o sea hasta diciembre del 2015. No obstante, al haberse aprobado en el senado el proyecto obtuvo un año más para su discusión, o sea hasta diciembre del 2016.
Este miércoles 1 de octubre la cámara baja argentina tratará en el recinto la iniciativa que apunta a unificar las leyes de fondo en materia civil y comercial.
La norma podrá ser aprobada o no por los legisladores, esa será otra discusión en la que deberán participar los partidos políticos a través de sus representantes y deberán medir las fuerzas democráticas conseguidas a través de los votos obtenidos.
Lo que no puede hacerse es continuar con la falacia de que el tratamiento de la norma es ilegal, ya que, por lo menos, el ordenamiento legal argentino, lo avala. Beatríz Sardo, columnista
--- REDACCIÓN DE BABEL ---
