Por Juan José Albornóz
No es constructivo alimentar un conflicto con la Justicia Federal
09.12.2014 | 08:47
No es constructivo alimentar un conflicto con la Justicia Federal ni persistir en el error. Por el contrario, admitiendo racionalmente el estado de situación en el que ha derivado la adhesión parcial, hay que pensar en corregir, en rectificar la ley, o bien suspender sus efectos, como se hizo ya en 2007.
Los fallos conocidos a la fecha, tanto del Juez Ríos como del Juez Seró, declarando la inconstitucionalidad de la ley de adhesión parcial a la ley nacional 26052, de desfederalización de la competencia penal en materia de delitos por drogas, son técnicamente irreprochables. Así opera en nuestro sistema el control de constitucionalidad, y los magistrados actuantes se han expedido sobre una materia de su competencia, en los plazos admitidos y dando razón de sus decisiones en el derecho vigente. Más precisamente en los preceptos constitucionales. No solo que esto debe ser aceptado, sino que si no lo hiciesen asi estarían incumpliendo con su deber.
En cuento a las declaraciones corporativas del Poder Judicial provincial en torno a la inconstitucionalidad de la ley publicitada como de narcomenudeo, la insensatez no puede orientar ninguna política legislativa ni judicial. Los jueces deben hablar por sus fallos, no caer en la tentación de la actuación mediática ni aparecer en actos de aparente subordinación a los demás poderes, de los que deben ser y parecer independientes. Con estas actitudes corporativas, a mi criterio imprudente, se ponen en marcha un entredicho institucional de derivaciones insospechadas. No es constructivo alimentar un conflicto con la justicia federal, porque así se alimenta la anomia y el descreimiento sobre la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos y perseguir el delito.
Como legislador, además de expresar mis convicciones al momento de oponerme a la sanción de la hoy cuestionada ley, creo que es imprescindible hacer saber que no comparto en lo más mínimo las expresiones de señalamiento descalificatorio hacia los jueces federales que han dictado declaraciones de inconstitucionalidad de una ley provincial. Es falso que los jueces federales no quieran trabajar. Sería como decir que a los legisladores se los ocurrió trabajar en el tema desde Octubre pasado, y que desde el 2005 para acá no hicieron nada. No se puede banalizar esta discusión porque el tema atraviesa a la sociedad, es altamente sensible y complejo.
Hay un planteo ahora en Diputados, una iniciativa del diputado Viale (PS) que promueve derogar la ley inidònea. No veo posible que se avance tampoco en ese sentido., porque terminaríamos en un debate de vanidades que nos aleja de la cuestión central, que es la lucha contra el complejo delictual montado en torno a la producción, transporte, almacenamiento, fraccionamiento y comercialización de drogas. Creo que una solución posible, para abrir un nuevo espacio de entendimiento, sería el dictado de un Decreto del Poder Ejecutivo que suspenda los efectos de la ley votada. Lo mismo que por Decreto hizo el ex Gobernador Busti con la primera ley provincial de adhesión, la 9783 del año 2007.
En definitiva, reiteramos nuestra posición vertida al momento del tratamiento de esta ley: nos oponemos a adherir a la ley nacional 26052, de desfederalización de la competencia penal en materia de delitos por drogas y nos manifestamos en favor de que el Congreso Nacional discuta una nueva ley de estupefacientes en la Argentina, que promueva un dispositivo federal que concentre el esfuerzo estatal para perseguir y reprimir el narcotráfico, en primer término, y que excluya disposiciones que criminalicen el consumo.
* Diputado provincial por el FJpV y referente provincial del Movimiento Evita
Los fallos conocidos a la fecha, tanto del Juez Ríos como del Juez Seró, declarando la inconstitucionalidad de la ley de adhesión parcial a la ley nacional 26052, de desfederalización de la competencia penal en materia de delitos por drogas, son técnicamente irreprochables. Así opera en nuestro sistema el control de constitucionalidad, y los magistrados actuantes se han expedido sobre una materia de su competencia, en los plazos admitidos y dando razón de sus decisiones en el derecho vigente. Más precisamente en los preceptos constitucionales. No solo que esto debe ser aceptado, sino que si no lo hiciesen asi estarían incumpliendo con su deber.
En cuento a las declaraciones corporativas del Poder Judicial provincial en torno a la inconstitucionalidad de la ley publicitada como de narcomenudeo, la insensatez no puede orientar ninguna política legislativa ni judicial. Los jueces deben hablar por sus fallos, no caer en la tentación de la actuación mediática ni aparecer en actos de aparente subordinación a los demás poderes, de los que deben ser y parecer independientes. Con estas actitudes corporativas, a mi criterio imprudente, se ponen en marcha un entredicho institucional de derivaciones insospechadas. No es constructivo alimentar un conflicto con la justicia federal, porque así se alimenta la anomia y el descreimiento sobre la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos y perseguir el delito.
Como legislador, además de expresar mis convicciones al momento de oponerme a la sanción de la hoy cuestionada ley, creo que es imprescindible hacer saber que no comparto en lo más mínimo las expresiones de señalamiento descalificatorio hacia los jueces federales que han dictado declaraciones de inconstitucionalidad de una ley provincial. Es falso que los jueces federales no quieran trabajar. Sería como decir que a los legisladores se los ocurrió trabajar en el tema desde Octubre pasado, y que desde el 2005 para acá no hicieron nada. No se puede banalizar esta discusión porque el tema atraviesa a la sociedad, es altamente sensible y complejo.
Hay un planteo ahora en Diputados, una iniciativa del diputado Viale (PS) que promueve derogar la ley inidònea. No veo posible que se avance tampoco en ese sentido., porque terminaríamos en un debate de vanidades que nos aleja de la cuestión central, que es la lucha contra el complejo delictual montado en torno a la producción, transporte, almacenamiento, fraccionamiento y comercialización de drogas. Creo que una solución posible, para abrir un nuevo espacio de entendimiento, sería el dictado de un Decreto del Poder Ejecutivo que suspenda los efectos de la ley votada. Lo mismo que por Decreto hizo el ex Gobernador Busti con la primera ley provincial de adhesión, la 9783 del año 2007.
En definitiva, reiteramos nuestra posición vertida al momento del tratamiento de esta ley: nos oponemos a adherir a la ley nacional 26052, de desfederalización de la competencia penal en materia de delitos por drogas y nos manifestamos en favor de que el Congreso Nacional discuta una nueva ley de estupefacientes en la Argentina, que promueva un dispositivo federal que concentre el esfuerzo estatal para perseguir y reprimir el narcotráfico, en primer término, y que excluya disposiciones que criminalicen el consumo.
* Diputado provincial por el FJpV y referente provincial del Movimiento Evita
